La ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford Parentti notificó a cinco generales en retiro el Ejército que fueron sometidos a proceso por el delito de malversación de caudales públicos.

Se trata de ilícitos cometidos entre diciembre de 2007 y marzo de 2018.

Esto, en el marco de la veintena de carpetas investigativas que mantiene abiertas la ministra a cargo del llamado caso de Fraude en el Ejército.

La magistrada sometió ayer miércoles a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía como autores del delito antes mencionado, por distintos montos y periodos de tiempo.

Los montos defraudados suman más de $ 450 millones.

Porcile Arellano, jefe de la misión de la institución en Washington, Estados Unidos en 2012, fue procesado en la arista “viajes”, por una supuesta defraudación al Fisco por $ 44 millones.

El nuevo procesamiento del retirado alto mando militar es por un monto total de $ 151.698.748 por ilícitos cometidos entre diciembre de 2007 y enero de 2011.

Respecto de González Martin el procesamiento es por un monto de $ 91.978.555 por delitos entre enero de 2011 y enero de 2013.

En cuanto a Griffiths Spielman, otrora jefe del Estado Mayor del Ejército, la decisión apunta a un eventual fraude por un monto de $ 84.483.760 entre enero de 2014 y diciembre de 2014.

En el 2018 procesado por la arista de los viajes reconoció que solicitó al Ejército un reembolso de US$ 15.000 por pasajes adquiridos para cumplir una comisión de servicio junto a su familia a Washington, Estados Unidos. No obstante, lo realmente pagado a la agencia de viajes fue menos de US$ 6.000.

En el caso de Ahumada Labbé el monto defraudado es $ 81.571.378 entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016.

Finalmente, el procesamiento de Llanca Zuazagoitía fue por un fraude estimado de $ 45. 581.076 que se habría cometido entre enero de 2017 y marzo de 2018.

La ministra Rutherford decretó además el embargo de bienes por $ 170.000.000 respecto de Guillermo Porcile; $ 100.000.000 respecto de Alberto González; $ 93.000.000 respecto de John Griffth; $ 88.000.000 respecto de Sergio Ahumada y $ 50.000.000 respecto de José Manuel Llanca.

Además, se decretó el arraigo nacional de pleno derecho de los cinco exuniformados procesados.