Según quedó establecido en la ley, junto con la nueva institucionalidad que desmunicipaliza la educación pública chilena, debía crearse un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, compuesto permanentemente por seis personas escogidas por el Presidente de la República y quienes tienen a su cargo emitir un informe anual de seguimiento de la puesta en marcha del nuevo sistema, asesorando directamente al Mandatario de turno en la materia.
En esos informes, por ejemplo, se ha recomendado sistemáticamente la corrección de ciertos aspectos clave para continuar con el proceso, con consejeros de un amplio espectro político y que hace tres semanas fueron convocados de emergencia por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fruto de la severa crisis que atraviesa el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y los cuestionamientos al sistema, muchos de los cuales apuntan a frenar el proceso.
Frente a esto, el Consejo ha decidido fijar una postura, lo cual han dejado de manifiesto a través de una declaración pública conjunta, firmada por los seis miembros: Aldo Cassinelli, cientista político y asesor en Segpres durante el primer gobierno de Sebastián Piñera; María Teresa Flórez, doctora en Educación de la Universidad de Oxford y coordinadora nacional de la Mesa de Investigación en Educación de las Universidades del CUECH; Omar Jara, profesor de Historia y Geografía, exjefe de gabinete de Mariano Fernández y exsubsecretario General de Gobierno; Gonzalo Muñoz, académico UDP y exjefe de la División de Educación General del Mineduc; Fernando Peña, administrador público y exasesor del Mineduc de Harald Beyer, y Daniel Rodríguez, exsecretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, exasesor de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc y actualmente director ejecutivo de Acción Educar.
“La situación que enfrenta la nueva educación pública -también conocida como desmunicipalización- ha sido objeto de un intenso debate público en los últimos meses, fruto de problemas importantes en su implementación. En este marco, diversos actores han planteado propuestas, entre las que se cuenta frenar o postergar la puesta en marcha de esta reforma”, comienza el escrito.
Y sigue: “Nos parece que este debate debe ser abordado con altura de miras, consideración de la evidencia, valoración de los avances que este nuevo sistema ha ido mostrando y la máxima prioridad política. Está en juego el presente y futuro de una educación pública que es irreemplazable para los niños y familias que han confiado en ella”.
En tal sentido, recuerdan que la ley que crea el nuevo Sistema de Educación Pública determinó la existencia de un Consejo que tiene como misión de asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación de los SLEP, cuyos informes han advertido desde 2019 “los problemas de diseño e implementación de la ley”, ante lo que “es momento de atender estas recomendaciones con decisión”.
En ese contexto, creen, es importante generar un acuerdo político transversal respecto a las mejoras que esta reforma requiere, y perfeccionar la implementación en el corto plazo fruto de una priorización de esta reforma, que se traduzca en recursos y un involucramiento de distintos organismos del Estado de Chile en el apoyo a este cambio.
“Como Consejo consideramos que frenar este proceso representa más riesgos que oportunidades para la educación pública, sobre todo porque distrae el foco de lo verdaderamente importante: los ajustes que este diseño institucional requiere y la prioridad que las sucesivas administraciones deben darle”, aseguran tajantes, añadiendo que “postergar el traspaso del servicio educativo de los SLEP que por calendario deben hacerlo en 2024 generará incertidumbre y agravará la crisis que se arrastra en varios municipios”.
Al cierre, los consejeros hacen un llamado a los actores políticos, “especialmente al Ejecutivo y legisladores, para que aborden con urgencia los cambios que la nueva educación pública requiere”.
