Fundación Paz Ciudadana: “El 2024 debe ser el año de inflexión en seguridad”

“El 2024 debe ser el año de inflexión en seguridad, hemos iniciado procesos de cambios institucionales relevantes y su implementación debe generar resultados positivos”. La aseveración corresponde Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, entidad que lunes realizó su 30° Consejo Consultivo para analizar el actual escenario del delito y la criminalidad, los cambios institucionales en curso y las condiciones en que éstos se desarrollan para que logren un cambio real.

En la ocasión, Paz Ciudadana presentó un estudio realizado junto a la Fiscalía Nacional, que identifica diligencias investigativas que aumentan la posibilidad de éxito de las diferentes pesquisas para distintos delitos.

El estudio reveló que para cada delito hay determinadas diligencias o factores que permitirían aumentar la probabilidad de éxito de una investigación, como por ejemplo periciar las pertenencias de la víctima y el instrumento del delito en los homicidios o el obtener las especies del delito en el caso de los robos.

En el caso de los homicidios se identificó que el 72% de las investigaciones pericia las pertenencias de las víctimas y estas causas tienen 16% de mayores probabilidades de éxito que las que no lo hacen. Asimismo, 63% de estas causas identifican el instrumento del delito y en estos casos aumenta en 12% su margen de resolución.

Respecto a los delitos sexuales, los resultados indican que el 68% de las investigaciones pericia imágenes del lugar donde se cometió el ilícito y estas causas tienen 21% más de éxito en su resolución, mientras que 51% de las diligencias pericia el daño psicológico de la víctima y éstas tienen 22% más de éxito.

Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que “el sistema institucional chileno no estaba preparado para una irrupción violenta del crimen organizado, que incluye manipulación de jóvenes, uso de nuevas tecnologías, uso de armas de fuego y copamiento de territorios”.

Cordero añade que “el sistema político se ha visto obligado a llevar adelante con urgencia medidas e iniciativas legislativas para satisfacer los requerimientos ciudadanos de mayor seguridad.

En el caso de los robos, se concluyó que el 44% de las investigaciones pericia especies del delito y estas causas tienen 30% más de resolutividad que las que no lo hacen. Asimismo, el 40% de las investigaciones conoce la identidad del imputado y éstas tienen 17% más de posibilidades de llegar a buen término.

Al respecto, Johnson señaló que “los resultados de este estudio son muy relevantes para saber, con evidencia comprobada, dónde poner los esfuerzos en la investigación y qué tipo de diligencias podrían hacerse para aumentar los casos de éxito. De ahí que se recomienda, entre diversas acciones, registrar las diligencias efectuadas en cada causa con el fin de facilitar la identificación de aquellas más relevantes y capacitar a fiscales y policías en este tipo de diligencias”.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que “es importante reconocer que la naturaleza de algunos fenómenos criminales ha evolucionado en los últimos años, observándose la presencia de crimen organizado que se extiende en varias regiones del país y de nuevos mercados delictuales que aparecen no anclados en un solo territorio”.

Durante la instancia también se abordaron distintas maneras de enfrentar el crecimiento del crimen organizado en el país. Según Paz Ciudadana, los principales ejes de trabajo se encuentran en la prevención, protección, persecución, justicia y reinserción.

En materia de prevención, la fundación encuentra necesario “reducir la demanda por drogas y otros bienes de mercados ilícitos, evitar el reclutamiento delictual de menores de edad y prevenir la infiltración de organizaciones delictuales en barrios vulnerables”.

Respecto a la protección, se refiere principalmente a “evitar la corrupción de los funcionarios públicos, las instituciones, la protección de los mercados lícitos y de las víctimas, testigos, fiscales y jueces”. Particularmente sobre la corrupción de funcionarios, Johnson considera que no es “solo por problemas éticos, sino que por extorsión del crimen organizado”.

También considera necesario “aumentar riesgos y costos de operación del crimen organizado en territorios, el concentrar esfuerzos investigativos para mayor efectividad y el fortalecimiento de la institucionalidad de persecución”.

Finalmente, en el eje de justicia y reinserción, encuentra que se debe “mejorar la asociatividad, evitar la comisión de delitos por miembros de organizaciones delictuales que cumplen condena” y el desarrollo de “programas de reinserción social efectivos”.

Al respecto, el ministro Cordero sostuvo que “la reinserción es compleja, implica recursos, implica compromiso, no solo público sino que también privado. No es posible garantizar seguridad a largo plazo sin tener mecanismo de reinserción social adecuados y suficientes”.