El pasado 5 de junio la Fundación Urbanismo Social solicitó su quiebra a la justicia, aduciendo falta de liquidez, en medio de la investigación encabezada por la Fiscalía sobre los líos de platas, donde la institución es investigada.

La solicitud de liquidación voluntaria fue presentada por la representante legal de la institución, Camila Ramírez.

De acuerdo al escrito, se afirma que la fundación, a mediados de 2003 “se encontraba desarrollando diversos proyectos en el marco de su objeto, en colaboración tanto con el “sector público como con el sector privado, como lo había hecho durante los últimos 15 años, con absoluta normalidad y sin que se presentaran dificultades que escaparan de lo habitual en esta clase de proyectos”. No obstante, se señala que “como es de público y notorio conocimiento, durante el mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado “Caso Convenios”, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”.

“Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los cuales la Empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos; comportamiento errático y poco claro respecto al cumplimiento de los deberes estipulados por convenios dado el cambio constante de las solicitudes y exigencias de parte del Estado en general”, agrega la acción presentada por la fundación.

Camila Ramírez, representante legal de Urbanismo Social. Foto: Mario Téllez

En consecuencia, afirma la institución, las actuaciones de la Administración del Estado “impactaron de manera decisiva en la situación financiera de la solicitante”.

En primer lugar, manifiesta Urbanismo Social, el término anticipado de convenio cuya ejecución aún no comenzaba “privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja, obligándola en algunos casos a restituir las cantidades íntegras que ya habían sido percibidas por la solicitante”. Este el caso, de acuerdo a la fundación, de un convenio por más de 121 millones de pesos con la Municipalidad de Santiago y otro por casi 265 millones de pesos con el Gobierno Regional del Maule.

En segundo lugar, la institución afirma que fue afectada por la “terminación anticipada” de convenios que se encontraban en ejecución y que está estaba “prácticamente completa, sin que la Administración se hubiere pronunciado sobre las rendiciones de cuenta presentadas”, lo que se afirma, “puso a la Fundación en situación de serle demandada la restitución de todos los dineros entregados y cuyas rendiciones se encuentran sin resolución de aprobación o rechazo, incluso de aquellos que las propias contrapartes públicas han declarado correctamente ejecutados”.