Futura ley de notarios: ¿En qué consiste la figura del fedetario?

El segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera no alcanzó a cumplir sus primeras 24 horas cuando el recién asumido ministro de Justicia, Hernán Larraín, realizó su primer anuncio en función: paralizar la designación como notario del exfiscal Luis Toledo, quien había sido nombrado por la administración de Michelle Bachelet durante los últimos días de mandato.

En ese momento se cuestionó que Toledo había sido persecutor del caso Caval, en que se había visto involucrada Natalia Compagnon, la nuera de la exmandataria. Finalmente, el otrora fiscal decidió retirar su postulación al cargo.

Este precedente, según han admitido desde el propio Ejecutivo, sirvió como impulso para trabajar en un proyecto de ley que modernizará el sistema notarial, un cambio buscado por diversos gobiernos, pero que no ha logrado concretarse.

El segundo impulso a esta reforma lo dio el informe de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a esta actividad, el que acusó concentración y falta de competencia en el sector. Muchos de los puntos que consideró este documento fueron parte de la iniciativa presentada hoy por el Presidente Piñera, quien promovió la intención de "desnotarizar", modernizar y transparentar el sistema.

"Con este proyecto vamos a hacer más fácil, más grata y más feliz la vida de nuestros compatriotas", señaló el Presidente.

Uno de los puntos que más se destacó fue la creación de la figura del notario fedatario, ministros de fe que asumirán 17 trámites "de mesón" que solo requieren la autorización de una firma, como, por ejemplo, finiquitos, cartas de renuncia, salvoconductos, firmas para la suscripción de contratos, declaraciones juradas, entre otros.

Se pretende la presencia de al menos un fedetario por comuna, aunque no habría límite de cupos para este cargo. Entre los requisitos que se consideran para el puesto está el ser abogado con cinco años de experiencia, aprobar un examen de ingreso y contar con una oficina en un domicilio conocido. Sin embargo, esta tarea no será solo de estos funcionarios, dado que los oficiales de las 477 oficinas del Registro Civil y los 359 secretarios de los juzgados de policía local también tendrán esta potestad.

Este punto generó un fuerte rechazo desde la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, quienes emitieron un comunicado público con sus reparos.

"Se tratará de mininotarías instaladas precariamente, muchas de ellas con dificultad para autosustentarse y sin el debido control, lo que las podrá poner al servicio de otros intereses que los puedan financiar", señalan.

La fiscalización será otro aspecto que varía. En la actualidad esta función recae en los ministros de las respectivas cortes de apelaciones. En la reforma se plantea que esta función la asuman los fiscales judiciales. En tanto, cada actor del sistema deberá contar anualmente con una auditoría externa.

El informe de la FNE identificó 205 trámites notariales vigentes, número que desde el gobierno pretenden reducir. Es por ello que el proyecto otorga al Presidente la atribución, vía Decreto con Fuerza de Ley (DFL), de eliminar diligencias. De acuerdo con el ministro Larraín, de ser aprobada la ley, dentro de los primeros 30 días se procedería a esta disminución.

Con respecto al precio de las gestiones, el gobierno mantiene el sistema de arancel, aunque consideran que al existir más competencia el precio de los trámites dejará de estar en la parte alta de la escala, y serán más económico para los usuarios.

El uso de la tecnología es otro aspecto clave en el proyecto. Todas las notarías deberán contar con sitio web que permita realizar trámites remotos, consultas en línea y suscribir documentos. Se exigirá tener firma electrónica avanzada y sellado de tiempo. Además, se dispone la creación de un repositorio digital a cargo del Registro Civil.

La propuesta incorpora un nuevo sistema de designación de notarios. Entre los abogados que participen del llamado a concurso, avanzarán los 10 primeros puntajes del examen de conocimientos, y de ellos, será la Corte de Apelaciones la encargada de determinar la terna. El nombramiento final dejaría de estar en manos del Ministro de Justicia -en nombre del Presidente-, para recaer en un Consejo Resolutivo de Nombramiento, compuesto por el secretario de Justicia, un miembro de la Alta Dirección Pública y un decano de una faculta de Derecho, designado cada cinco años por el Consejo de Rectores. El examen de ingreso no solo será propio de esta etapa, dado que deberá ser rendido cada tres años.

"Vamos a tener un sistema objetivo de designación. No más amiguismo, no más discreción. Vamos a tener notarios que van a ser designados de forma objetiva, pública y transparente", dijo Larraín.

La creación de notarías continuará siendo facultad presidencial. No obstante, la primera autoridad contará con dos informes como asesoría. Uno de la Corte de Apelaciones y otro de la Fiscalía Nacional Económica.

La permanencia de los notarios en sus cargos también es abordado en el proyecto, al considerar los 75 años como edad tope, así como los 21 años de ejercicio. Este punto comenzaría a regir una vez aprobado el proyeto y regiría para los funcionarios actualmente en estos puestos.

Desde La Moneda esperan que el proyecto logre convertirse en Ley de la República en un expedito trámite parlamentario, dado el consenso que existiría entre los diferentes sectores políticos.

"Este es un proyecto que recoge iniciativas anteriores, no es el primero que discutimos. Pero siempre ha tenido una enorme resistencia y un fuerte lobby para impedir que cambiemos el sistema notarial. La iniciativa tiene elementos positivos y va en la dirección correcta", señaló el diputado Marcelo Díaz (PS).