Hoy la fiscalía informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en una investigación en contra del exmiembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Jaime Castillo Petruzzi, por el presunto delito de “incitación a la subversión” y cerró la causa.
El 16 de enero pasado, en el lanzamiento de un libro junto al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, Castillo dijo que “el único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle, o en el campo, en la montaña, como se hacen en el sur de Chile en el Wallmapu (...) Es una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje, político-militar, acciones de milicianos, acciones de comandos, son hoy un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente a estas fuerzas de ocupación del Estado chileno, allá y acá también compañeros, porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo y para eso tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va haber acá una solución real posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas, la policía”.
A raíz de este mensaje, el Ministerio del Interior presentó una querella, lo que derivó en la apertura de la investigación que hoy la fiscalía decidió cerrar sin responsables, apuntando a que no hay no más antecedentes aparte de lo que dijo Castillo en ese lanzamiento, ni siquiera un atisbo que dé cuenta que el imputado buscaba concretar sus palabras.
Ante esta situación, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que “nosotros creemos que hay suficientes antecedentes en la causa en los informes policiales como para seguir adelante con la investigación”.
Galli se refiere a un informe de la PDI que señala que “es posible presumir fundadamente que el discurso realizado por Jaime Castillo Petruzzi, incita a la propagación de doctrinas que propugnan la violencia con el método válido para la desestabilización de organismos del estado, como las Fuerzas Armadas y orden y seguridad, haciendo explícito un llamado a crear una fuerza superior a ella”.
En ese sentido, el subsecretario indicó que “nuestro escenario más probable es convencer al Ministerio Público de abrir la investigación y poder seguir en esa, pero en el caso de que eso no sea acogido o no sea posible nosotros pretendemos como parte querellante seguir y forzar la acusación de tal manera de poder acusar como querellante y seguir adelante con este juicio”.
De hecho, el abogado del Ministerio del Interior, Eduardo Riquelme, pidió hoy en la audiencia fijar una fecha para discutir la posibilidad de forzar la acusación en contra de Castillo y esta se agendó para abril próximo.
Sobre si se puede por ley forzar la acusación en contra de una persona que no ha sido formalizada previamente por la fiscalía, Galli señaló que “hay una discusión doctrinaria al respecto, la acusación por parte del querellante es respecto de una persona que está formalizada, aquí la fiscalía ha decidido no formalizar, por lo mismo va a haber una discusión doctrinaria respecto a las facultades que tiene el Ministerio del Interior para actuar como querellante particular en este caso y para poder forzar la acusación, pero nosotros creemos que es importante fijar una postura como gobierno. Creemos que es muy importante especialmente para el contexto en que vivimos, que personas que han hecho declaraciones tan graves como la que hizo señor Castillo por lo menos respondan por sus dichos”.
La defensa de Castillo, el abogado Fernando Monsalve, aseguró que “el gobierno busca insistir en su persecución política y coaccionando las libertades públicas, solicitando que en la audiencia que se analizará el sobreseimiento definitivo de la causa, también se analice una solicitud de forzamiento de la acusación, cuestión del todo temeraria por parte del gobierno ya que interpreta de forma antojadiza un precepto legal que no está contemplado para casos en que ni siquiera existe formalización, tal cual es este caso. Consideramos que esto es propio de un gobierno que ejerce acciones penales y persecución solo respecto de ciertas personas, que sin duda difieren de su forma de gobernar, pero que respecto de violadores de derechos humanos o agentes represivos omite estas acciones prestándoles verdadero amparo”.
