Entre el 22 de junio y el 26 de diciembre de este año Gendarmería desarrolló nueve operativos masivos y simultáneos de registro y allanamiento en los penales del país, interviniendo un total de 215 unidades penitenciarias, con un despliegue de fuerzas de más de 14.000 funcionarios.

Según el balance realizado por la institución, como resultado se incautaron 5.291 armas blancas, además de 17 kilos y 108 gramos de sustancias ilícitas. Dentro de los hallazgos también se contabilizan 2.781 teléfonos celulares, entre otros elementos prohibidos.

El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, valoró los operativos simultáneos realizados este 2022, destacando que “han sido efectivos”.

“En total se han intervenido 215 unidades (esta cifra contabiliza la repetición de algunos de los penales más relevantes) y se han incautado 2.781 celulares, 5.291 armas blancas y más de 17 kilos de sustancias ilícitas”, detalló.

La máxima autoridad penitenciaria afirmó que “de esta manera la institución ha logrado sostener efectivamente el control de los penales y ha reforzado el trabajo de resguardo de la población penal”.

La implementación de estos operativos ha tenido por objeto desarticular la organización de bandas delictuales que pudiesen operar al interior de los recintos carcelarios. Este accionar se ha desarrollado en el marco de los lineamientos entregados por el gobierno y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El lunes se llevó a cabo el último procedimiento de este año. Se abarcaron 31 unidades penales, a nivel nacional; alcanzando una población penal de 5.598 internos. Gendarmería desplegó una fuerza operativa de 1.666 funcionarios. Se incautaron 420 armas blancas, 805 gramos de droga y 199 teléfonos.

“Sabemos que la labor que realiza Gendarmería de Chile es fundamental, no solo en el ámbito de seguridad, sino que también en la reinserción. En concreto, la detección de estos elementos prohibidos que se intentan ingresar a los establecimientos carcelarios, nos permite desbaratar el accionar de organizaciones y bandas criminales que pudiesen operar desde dentro de los penales. Más seguridad penitenciaria es más seguridad pública”, resaltó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

Por otra parte, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó que, “con estos procedimientos se ha buscado profundizar el trabajo de control criminal en las cárceles, y así contribuir a la seguridad pública y también de los funcionarios de Gendarmería”.

“Los operativos de incautación que se han desarrollado durante el presente año muestran efectos positivos, porque hay un decrecimiento de algunas categorías de elementos prohibidos incautados, lo que impacta en seguridad, interrumpiendo la comisión de delitos y disuadiendo estos mismos en otros casos”, expuso Gajardo.