Gobierno alista indulto para expulsar de Chile a reos extranjeros

Durante las próximas semanas, el gobierno presentará un proyecto de ley dirigido a indultar a aquellos extranjeros condenados en nuestro país, con el objetivo de que culminen sus penas en sus países de origen.

La iniciativa es muy similar a la ley aprobada en 2012, la cual permitió la salida de cerca de 600 individuos de diversas nacionalidades.

El proyecto, trabajado por los ministerios de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, indultaría tres tipos de internos. Condenados a penas inferiores a cinco años y un día que hayan cumplido un tercio del periodo; a los sentenciados a más de cinco años y un día con la mitad cumplida, y a quienes cuenten con penas superiores a 10 años y que hayan permanecido en prisión tres cuartos de la condena.

Según altas fuentes de gobierno, el texto contemplaría un impedimento de entrada al país de 10 años para los beneficiados, quienes de ser sorprendidos en Chile deberán cumplir el periodo de pena efectiva restante. Además, la medida solo afectaría a quienes se encuentren en prisión al momento que se promulgue la respectiva ley.

No obstante, al igual que en su símil de 2012, el gobierno no aplicará la ley en quienes hayan recibido sentencias por secuestros, violación, parricidio, femicidio, homicidio, robo con intimidación o con violencia, robo en lugar habitado, lavado y blanqueo de activos. A ellos se suman los condenados por narcotráfico, con la salvedad de quienes hayan estado involucrados en la venta de productos que contengan sustancias tóxicas.

Sin embargo, la conmutación dependerá de que Chile posea tratados con el país de origen del indultado, para que este termine el cumplimiento de la pena en aquel lugar. En la actualidad existen tratados con cerca de 70 naciones, entre las que están Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. No obstante, el Ejecutivo anunció que contempla nuevos acuerdos de este tipo.

En esta línea, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri pretenden ir más lejos y anunciaron la presentación de un proyecto similar, que incluya en la expulsión a quienes cometieron robos con intimidación o con violencia y narcotráfico.

De acuerdo a cifras de Gendarmería, en la actualidad la población penal extranjera es de 3.039 personas. De ellas, un 73% se encuentra por delitos de drogas, mientras un 15% lo hace por robo y el 3,6% por homicidios.

El director del Servicio Jesuita al Migrante, José Tomás Vicuña, fue crítico con este tipo de propuestas. "Es preocupante que una vez más, en lugar de estar generando políticas de inclusión, nos centremos en personas extranjeras privadas de libertad, las cuales representan menos del 1% del total de extranjeros en Chile", dijo.

Para Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, para enviar de regreso a estas personas "se debe hacer una distinción entre extranjeros y migrantes. Los primeros están de paso, en tanto los segundos poseen residencia", señaló.