Gobierno anuncia mecanismo para corregir “distorsión” en entrega de pensiones de reparación a víctimas de violaciones a los DD.HH.

La mañana de este miércoles, los ministros de Justicia, Luis Cordero, y de Desarrollo Social, Javiera Toro, anunciaron un mecanismo para corregir “distorsión” en la entrega de pensiones de reparación a aquellas personas que fueron víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“El objetivo central es tratar de contribuir a corregir esta distorsión que tiene el sistema institucional chileno de confundir las pensiones de reparación con otro tipo de prestaciones sociales que debe ejecutar el Estado”, explicó Cordero.

En concreto, la modificación consiste en que, para fines del 2023, las pensiones de reparación no serán consideradas como ingresos económicos a la hora de calcular la situación socioeconómica en el Registro Social de Hogares (RSH) a las personas que son parte de los informes Rettig y Valech, y de exonerados y exoneradas políticas.

El secretario de Estado aseguró que la iniciativa permitirá la “corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el programa PRAIS, que también ha sido una preocupación relevante para el Ejecutivo, y de los otros aspectos asociados a la agenda de Derechos Humanos en el caso de las personas que fueron víctimas de tortura y prisión política”.

Según información del Instituto de Previsión Social (ISP), 87.722 personas actualmente reciben una pensión de reparación. De ese total, 75.520 están registradas en el Registro Social de Hogares. A todas ellas no se les considerará, en el cálculo de sus ingresos monetarios, el monto de las pensiones de reparación recibidas y se estima que 23.180 personas bajarán de tramo en su calificación socioeconómica.

“Anunciamos la decisión de corregir el mecanismo de cálculo del RSH para excluir de su consideración como ingreso las pensiones de reparación a las víctimas de la dictadura, entendiendo que son un mecanismo de reparación a los daños que produjo el Estado”, aseguró la ministra Toro.

“Esta es una iniciativa que demuestra que en ocasiones es posible utilizar elementos administrativos para corregir distorsiones que generan consecuencias muy negativas para las personas a las cuales son beneficiadas”, cerró por su parte Cordero.