Esta mañana el gobierno anunció la presentación de una querella en contra del sujeto imputado como organizador de la fiesta clandestina registrada esta madrugada -durante el período de toque de queda- en un recinto en la calle Copiapó, en la comuna de Santiago.

“Vamos a presentar querella criminal para buscar una condena ejemplificadora”, señaló el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli. “Nuevamente se trata de una conducta inaceptable, que no entiende la gravedad de la pandemia que vivimos”, agregó.

En tanto el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reforzó la condena del gobierno. “Inconcebible que algunos insistan en poner en riesgo vidas con este tipo de conductas, mientras todo el país lucha contra la pandemia”, dijo el secretario de Estado a través de su cuenta en Twitter.

Fuentes señalaron a La Tercera que la querella es contra el organizador y otras dos personas que son reincidentes en infracción al artículo 318 del código penal, referido a la vulneración de reglas higiénicas, además contra quienes resulten responsables

Según reportó Carabineros, la persona acusada de organizar la fiesta en un espacio utilizado como estacionamiento y lavado de autos, es un hombre adulto de 41 años, de nacionalidad peruana, pero con cédula de identidad chilena al día.

Además, Galli se refirió a la situación de las personas extranjeras que figuran entre los 29 detenidos por participar del evento. "En el caso de los extranjeros además investigaremos su situación migratoria para determinar si amerita su expulsión del país”.

Por su lado, el intendente de la RM, Felipe Guevara calificó la actividad como “una estupidez”. “Tenemos una cifra cuantiosa de detenidos por esta irresponsabilidad de personas que se creen inmunes, superhéroes, inmortales, no se dan cuenta que hoy esta muriendo una persona cada 33 minutos por el virus en Chile y sabemos que el virus se contagia por contacto”.

Guevara agregó que se abrirá un sumario sanitario, tal como ya se hizo en el caso del organizador de una fiesta en Maipú, el pasado 3 de mayo. En ese caso se estableció una multa de 50 millones de pesos y se inició un proceso penal que puede terminar con una sanción de presidio de 541 días, situación que se puede repetir en esta oportunidad.