El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) aprobó la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En votación unánime, los miembros de la agrupación, presidida por el ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, dio luz verde a la iniciativa que considera un polígono ampliado de 2.219 km2, que limita por el norte con L.S.29º10 ́49″, por el sur con L.S. 29º45 ́32″, por el oeste con L.W.71º43 ́22″ y por el este con la línea de más alta marea, e incluye porciones de agua, fondo de mar, rocas y playas.

El polígono excluye las áreas de manejo de explotación de recursos bentónicos, concesiones acuícolas, la reserva marina Choros-Damas; la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, islas e islotes y caletas de pesca artesanal. Se excluyen las reservas, porque ya son áreas protegidas.

Según la presentación realizada a los ministros, el AMCP-MU Archipiélago de Humboldt aumenta la representatividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, en la ecorregión marina de Chile central, de 0,03% a 1%. El área de conservación permitirá la protección de 21 especies de mamíferos marinos, 19 especies de aves, tales como: delfín nariz de botella, ballenas, chungungo, pingüino de Humboldt, yunco, piquero, albatros, petreles y fardelas.

“La dimensión del área abarca y se funda en la presencia de amplias zonas de procesos ecológicos esenciales para la alta productividad de la zona. Asimismo, se optó por trazos rectos para facilitar la fiscalización y vigilancia, y la comprensión de todos los usuarios”, acotó el documento al que tuvo acceso La Tercera.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) está también conformada por los ministros de Economía, Lucas Palacios; Desarrollo Social, Karla Rubilar; Obras Públicas, Alfredo Moreno; Vivienda, Felipe Ward; Agricultura, Emilia Undurraga; Minería y Energía, Juan Carlos Jobet; Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

El caso es que la declaración del área de protección marítima no estuvo exenta de polémica y durante la administración anterior se buscó aprobar a última hora. El 5 de marzo de 2018 -cuando sólo restaban seis días para que Michelle Bachelet pusiera fin a su segundo mandato-, el ministro de Medio Ambiente de ese entonces, Marcelo Mena, citó a la que sería la última sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), con el propósito de crear una Área Marina Costera Protegida para Múltiples Usos (AMCPMU) en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En esa oportunidad, en la sesión del CMS no hubo acuerdo debido a las posiciones encontradas que tuvieron el titular de Medio Ambiente con su par de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, respecto de la extensión del territorio que abarcaría esta protección. Mena era partidario de demarcar el área en 1.369 km2, mientras que su compañero de gobierno apostaba por una zona mucho menor.

A más de tres años de aquella reunión, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera puso fin a esta discusión que había quedado inconclusa y que desde hace unas semanas cobra mayor relevancia. Esto, luego de que la publicación de los Pandora Papers revelara un contrato firmado en Islas Vírgenes Británicas que involucra a la familia presidencial y al empresario -y amigo del Jefe de Estado- Carlos Alberto Délano. En el documento, que hoy es objeto de una investigación penal, aparecía una cláusula en que se condicionaba el pago de una tercera cuota de la compraventa del proyecto minero Dominga a que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y de su respectivo puerto, es decir, que ese territorio no se declarara zona de exclusión.

La aprobación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en la comuna de La Higuera viene a significar un triunfo para organizaciones ambientalistas como Greenpeace y Oceana y otras locales de la Región de Coquimbo. Entre ellas: la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, comunidades indígenas pertenecientes al pueblo chango y parte de los vecinos de las localidades de la comuna de La Higuera.

Si bien no suspenderá el tránsito de buques por las cercanías de isla Damas, lugar en el que habitan los pingüinos de Humboldt, impondrá mayores restricciones al paso de buques. En efecto, la puesta en marcha del área que contempla la propuesta del gobierno establecerá condiciones para la conservación de la biodiversidad. Una de ellas, por ejemplo, es que a los buques que transiten por esa zona se les exigirá monitoreo de cetáceos, disminución de velocidad y también de ruidos.

Actualmente, sin que aún vea la luz Dominga y el proyecto minero Cruz Grande de CAP -el principal grupo minero siderúrgico de Chile que exporta hierro a China y Japón-, son cerca de 6.000 las naves al año que circulan por dicha zona.

En esa línea, las fuentes involucradas señalaron que el proyecto minero que se emplace en el lugar tendrá que ajustarse a las medidas de conservación que se implementen por parte de la institucionalidad ambiental.

Más allá de las discusiones, recientemente el presidente electo, Gabriel Boric, reiteró su rechazo a Dominga, iniciativa que considera una inversión de US$ 2.500 millones.

Esta semana, la Tercera Sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la causa que se ventila en dicha sede a raíz de la presentación de opositores al proyecto Dominga de Andes Iron.

El caso es que los detractores de la iniciativa solicitan que el máximo tribunal del país declare la ilegalidad de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, manteniendo el rechazo a la iniciativa minera.

Uno de las últimos movimientos que tuvo la causa ocurrió el 6 de diciembre, cuando la abogada Gabriela Burdiles presentó un recurso de reposición a fin de intentar revocar la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazó hacer parte del proceso tres agrupaciones indígenas.

Se trataba de la Agrupación Cultural y Social del Pueblo de los Changos, Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt y la Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia de la Caleta Chañaral de Aceituno.

El 15 de diciembre, la respuesta de los magistrados Sergio Muñoz, Mario Carroza, Adelita Ravanales y Angela Vivanco fue contundente: “No ha lugar”.