El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el director nacional del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora, dieron a conocer la implementación de un plan piloto que permitirá generar una metodología que agilice y favorezca el encuentro de las familias víctimas de procesos de adopción irregular e ilegal en Chile, en el marco de los procesos judiciales que se encuentran en curso.
“Estamos avanzando en un compromiso que asumimos hace algunos años de colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados de manera irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana, violando sus derechos y que sin embargo no se han podido esclarecer hasta la fecha”, expresó el ministro Larraín.
El anuncio fue realizado por las autoridades junto a representantes de la ONG Nos Buscamos y la agrupación Hijos y Madres del Silencio, en dependencias del Ministerio de Justicia en calle Moneda.
El Poder Judicial investiga alrededor de 700 casos. En febrero de 2018 el Juez Mario Carroza ordenó a la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, indagar 579 adopciones ilegales de niños chilenos por parte de matrimonios extranjeros entre 1973 y 1990.
El plan estará destinado a determinar procedimientos no forenses existentes de acuerdo a la experiencia, al conocimiento técnico y tecnológico que puedan servir para la búsqueda de eventuales parientes de personas que sean víctimas de adopciones irregulares, denunciadas o no ante la justicia.
El ministro Larraín explicó que el problema fue abordado en el Congreso por una comisión investigadora que encabezó el diputado del Partido Comunista Boris Barrera y se creó un banco de huella genealógica. Actualmente el ministro Jaime Balmaceda conduce las causas que mantenía el juez Carroza.
La iniciativa del Ejecutivo tiene como primera finalidad reducir la dificultad que existe para realizar todo tipo de trámites con miras a reencontrar a un familiar, el cual, se encuentra viviendo en otro país, facilitando que quienes viven en lugares alejados y con precarios medios de contactos puedan acceder a una posible toma de muestras de ADN.
En segundo lugar se busca agilizar y colaborar tanto en los procesos informáticos como económicos, pues además de tener costo cero, la iniciativa entregará un acompañamiento a las víctimas en el proceso de búsqueda de parentesco.
El plan contará con un plazo de un año de duración, tiempo en el cual, a través de la experiencia con la que cuenta la ONG Nos Buscamos, recopilando una base de datos de más de siete años de estudio, la trazabilidad de antecedentes de las víctimas, información de georreferencia y contacto constante con banco mundial de ADN, será un trabajo eficaz para concretar reencuentros de familiares.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos y el director del SML han estado trabajando en esta materia desde mayo de 2019, cuando intervinieron ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores y control de su salida del país. En una primera instancia, se buscó la creación de un Banco de Huellas Genéticas a ser implementado desde el Servicio Médico Legal (SML), como forma de contribuir a la búsqueda y encuentro de personas con vínculo sanguíneo que hayan sido víctimas de adopciones irregulares o ilegales y que estén actualmente buscando sus orígenes o a algún familiar sustraído al nacer. No obstante, atendido que, parte de las victimas viven en el extranjero y que no existe en Chile una base de datos de ADN mundial con las cuales contrarrestar las muestras tomadas de quienes buscan a sus parientes, se comenzaron a evaluar otras alternativas que permitiesen cumplir con el propósito de contribuir al reencuentro de las familias. De esta manera se generó, con participación de todas las partes, el plan piloto que ahora se pone en marcha.
“Nos costó mucho dar con la fórmula, tuvimos que hacer consultas a la Contraloría para ver cuál era el camino de avance en esta materia. Hemos logrado finalmente este camino, que es un paso pequeño, pero creemos que si resulta podemos abrir una gran investigación porque si algunos familiares de las mamás o de los hijos aparecen en este Banco de Huellas Genéticas, tirando el hilo se puede llegar a encontrar la mamá y el hijo e hija correspondiente”, expuso el ministro Larraín.
El secretario de Estado destacó que “más que estar en una disputa, en un conflicto, lo que nos interesa es que las mamás encuentren a sus hijos que le fueron arrebatados. Eso es muy doloroso y en eso el Estado tiene una deuda inmensa. Hoy estamos dando un paso concreto coordinado con los tribunales, con el Servicio Médico Legal”.