El Presidente Gabriel Boric y el Ministerio de Justicia, liderado por Marcela Ríos, presentaron este martes la “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el estallido social”.
Esta bitácora considera el trabajo en un proyecto de ley para asegurar la persecución especializada en la materia, además de una mesa de reparación integral para las víctimas, entre otros puntos.
“Vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”, afirmó el mandatario en la ceremonia que se efectuó en las dependencias de Justicia.
Desde la repartición fundamentan la iniciativa explicando que el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos no es discrecional para el Estado. En ese sentido, señalan, el Estado de Chile debe actuar de acuerdo a los pilares de la justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación, y las medidas de no repetición. “Un conflicto político y social excepcional exige una respuesta excepcional” por parte del Estado, que permita reconciliar a todas las partes del conflicto, precisan desde el ministerio.
La ministra Ríos resaltó que “la agenda en su conjunto va a estar disponible para todas y todos, y apunta a hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social”.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, afirmó que “estamos activos en la lucha contra la impunidad y el olvido de ayer y hoy. La manera de sanar las heridas de estas vulneraciones es abordar sus distintas aristas con una agenda de trabajo abierta con un enfoque de derechos humanos y en eso estamos trabajando arduamente”.
También fue parte de la actividad la actual senadora Fabiola Campillai, víctima de uno de los episodios emblemáticos de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas tras el 18 de octubre de 2019. Campillai quedó ciega tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros en el rostro mientras esperaba la locomoción colectiva para ir a su trabajo.
Afirmando que “hay una deuda enorme” en la materia, la legisladora y “sobreviviente” dijo esperar que esta agenda sea “prioridad”.
“Trabajaremos y lucharemos por la libertad, verdad, justicia y por sobre todo la reparación integral, memoria y las garantías de no repetición”, expresó.
“Verdad y justicia”
La agenda considera tres ejes. El primero es “Verdad y justicia”. En este punto se sostiene que el Estado debe garantizar la justicia para las víctimas y se hace hincapié en que es indispensable que los procesos sean tramitados con especial dedicación, en un plazo razonable, con recursos necesarios, de modo que las personas recuperen la confianza en las instituciones del Estado.
Así, se propone la presentación de un proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en DD.HH. El Ejecutivo está trabajando para que esta institucionalidad sea parte del Ministerio Público y con ello garantice que el ente persecutor aplique todas sus capacidades en la “debida diligencia” para la investigación de este tipo de delitos.
Reparación
El segundo eje es “Reparación” y apunta a la importancia de la implementación de una eficiente política de reparación integral. Al respecto, se anuncia una mesa de trabajo que asegure la participación de las víctimas y sus familias en el diseño de las medidas reparatorias.
Por otro lado, junto con reformular los programas de salud para víctimas y aumentar las pensiones de gracia, se constituirá la Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Estallido Social con la participación como coordinadora de la senadora Campillai. El objetivo de esa instancia será establecer las bases para medidas de reparación e instancia calificadora de estas violaciones con participación de las víctimas y apoyo de expertos.
La mesa iniciará su trabajo en julio de este año con sus “encuentros territoriales” para dar inicio al proceso reparatorio participativo.
No repetición
El tercer eje apunta a las “Medidas para la no repetición, memoria y educación”. Acá se plantea que las violaciones a los derechos humanos no deben tener relativización alguna, y deben tomarse las medidas necesarias para que las condiciones que las hicieron posible no persistan.
Entre las medidas propuestas en este punto figura la presentación de un proyecto de ley de defensoras y defensores de DD.HH., para cumplir con los deberes convencionales como el que establece el Acuerdo de Escazú en materia de defensores ambientales. En el diagnóstico que hace el Ministerio de Justicia para plantear esta idea se advierte que las personas defensoras de derechos humanos en Chile no cuentan con mecanismos de protección ni con políticas integrales que les permitan ejercer de forma segura sus labores de defensa de los derechos humanos.
Las cifras
A principios de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de derechos humanos en Chile” en el que se detallaron las distintas situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social de 2019. El documento hace énfasis en patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por acción directa de agentes del Estado y de otras 26 en el marco de las protestas, así como cientos de heridos, en particular con lesiones oculares. Citando cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la comisión detalla la ocurrencia de 1.980 lesiones por armas de fuego y 1.462 lesiones por otras causas, “en las que se incluyen heridas por bombas lacrimógenas, fracturas y lesiones por golpes propinados por personal de Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas”.
