La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, se reunieron este miércoles con parlamentarios en el Congreso Nacional para explicar su rechazo a la decisión del gobierno de construir una cárcel para criminales de alta peligrosidad contigua a las unidades penales de la calle Pedro Montt.
Mientras la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmaba en una actividad en Quinta Normal la decisión del Ejecutivo, Hassler realizaba un punto de prensa en la sede legislativa, en Valparaíso, para insistir en que se reevalúe la ubicación del recinto carcelario. La acompañaban diputados del Frente Amplio como Emilia Schneider, Gael Yeomans y Gonzalo Winter.
El Ejecutivo quiere acelerar la construcción, apuntando a que el penal esté operativo antes del fin de la administración del Presidente Gabriel Boric, y acudirá al Congreso con un proyecto de ley para conseguir una normativa que viabilice el proyecto en forma expedita.
“De manera transversal solicitamos que esta medida sea reevaluada”, dijo Hassler, indicando que el barrio se ve afectado de una serie de problemas asociados a los penales ya operativos, con comercio informal, “peloteros” que arrojan droga y otros delitos que obligan a “realizar más de 50 procedimientos mensuales para resguardar el entorno carcelario” y que “sin embargo, no son suficientes”.
“Aquí hay una medida improvisada que afectaría a la Región Metropolitana, a la zona más poblada del país y que no fue con consulta ni conversación ni con los alcaldes ni con el Congreso. Aquí no podemos saltarnos la discusión democrática, sino que es fundamental que podamos justamente dialogar y tomar buenas decisiones para Chile”, argumentó.
Detallando esta situación, los alcaldes hicieron llegar un documento a la directiva de la Cámara de Diputados, que preside Karol Cariola, militante del Partido Comunista al igual que Hassler.
“Señalamos la serie de delitos e incivilidades que tiene este entorno de la cárcel en un barrio que no es un barrio penitenciario, es un barrio residencial, patrimonial, educativo, de áreas verdes como el Parque O’Higgins y por tanto, barrios que merecen justamente tener mejores condiciones de seguridad y no empeorarlas. Estamos hablando incluso de alertas de bomba, estamos hablando de delitos, de homicidio, estamos hablando de incivilidades de manera permanente, de “peloteros” y por tanto, de la falta de un resguardo”, expuso.
Hassler fundamentó esa aseveración haciendo hincapié en que esta falta de resguardo empeoraría al llevar “a los peores criminales del país”.
“No podemos como país, como Estado chileno, traer a los peores criminales justamente a los centros urbanos. Necesitamos decisiones que sean pensando en el bien de Chile, en el futuro de nuestro país y de su Región Metropolitana y por eso hemos solicitado que esta medida sea revertida y que tengamos una cárcel de máxima seguridad con todos los resguardos, fuera de los centros urbanos”, enfatizó la jefa comunal.
“Aquí lo que hemos señalado es que no puede haber una medida improvisada, hemos solicitado que sea reevaluado, hay una discusión que debe dar el Congreso y que a nosotros nos parece importante que no se piense obviar la discusión parlamentaria, que se den discusiones también en este espacio y que puedan ser escuchadas las comunidades. Y por tanto vamos a insistir en que esta medida sea revertida y que puedan tomarse decisiones que sean coherentes”, dijo la alcaldesa de Santiago.
