El pasado 9 de julio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo de los terrenos ocupados por un campamento en el cerro La Virgen, entre las comunas de San Antonio y Cartagena. La justicia estableció cuatro meses para que abandonen el lugar las familias que se tomaron el paño de 260 hectáreas de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio.
Este jueves se le consultó al ministro de Vivienda, Carlos Montes, si hay alguna opción de que la cartera adquiera el terreno.
“Esto ocurrió antes. Ocurrió en la toma de Peñalolén que hubo una gran presión de un propietario y terminó comprándose. La verdad que iniciar ese camino, que por el hecho de que haya una cierta presión se termine comprando, es el camino que no nos parece el más adecuado. Tenemos que comprar terrenos en muchos lados para muchos objetivos y hay un sistema de prioridades”, respondió el titular del Minvu.
Fueron $12 mil millones la indemnización que estableció la Corte Suprema para el empresario Miguel Nasur por la expropiación de los terrenos donde estaba ubicada la toma de Peñalolén. Ese campamento emplazado en avenida José Arrieta desde 1999 se convirtió en una de las tomas más grandes del país. La últimas familias fueron erradicadas casi dos décadas después.
El ministro Montes reconoció que hay demora en el catastro de la toma de San Antonio ya que se debió generar una licitación y explicó que la labor el Minvu pretende realizar apunta a la caracterización de los habitantes de la ocupación. La licitación del catastro debiera estar resuelta en estos días, aseguró el jefe de cartera.
“¿Qué estamos haciendo nosotros respecto a ese campamento? Nosotros queremos primero aclarar cuál es la situación de las familias. Aquí hay un plazo que estableció la justicia, no nosotros, sino que tienen otras instituciones también operar”, planteó la autoridad de gobierno.
En la segunda semana de noviembre la toma debería estar siendo desalojada. Según estimaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso, cerca de 15 mil personas están habitando el campamento.
“Queremos en primer lugar saber quiénes están viviendo allí, cuál es la situación de las distintas familias, porque hay distintas realidades. Hay realidades de familias que tienen un problema social agudo y por eso están ahí, hay otras realidades que tienen una segunda y hasta tercera vivienda en algunos casos y hay realidades incluso de personas menores o jóvenes estudiantes que dicen aquí hay una oportunidad”, sostuvo Montes.
Usurpaciones
El ministro de Vivienda abordó también la discusión sobre la ley de usurpaciones, luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteara ante el Congreso que el proyecto por el que el Ejecutivo presentó un veto presidencial para su modificación, podría llevar a la cárcel a los habitantes de campamentos.
“Efectivamente se produce una situación que nosotros constatamos. Hay distintas realidades en los campamentos, hay realidades donde hay armas y hay personas que algunos campamentos los usan como refugio para otras acciones. Esos son limitados, pero existen en el país y eso tiene que operar la ley, como corresponde”, expuso Montes.
“Efectivamente puede haber otro tipo de situaciones acá y en eso tendrán que operar las normas generales”, acotó el ministro.
Una disposición transitoria en el proyecto plantea el catastro hasta marzo de 2024. La medida impediría su desalojo y detención.
“Esto depende mucho de las distintas situaciones. En principio hay un catastro. Ese catastro estamos ya en proceso, ordenando cómo lo vamos a actualizar porque hay campamentos que no estaban incluidos y tenemos plazo de los que existían de aquí hacia atrás. Hay algunos que no están en el catastro, pero tenemos datos de ellos. A partir de eso, esos campamentos no pueden ser desalojados por el acuerdo que hay y a su vez las personas no pueden ser detenidas”, indicó el secretario de Estado.
