Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos: "No somos partidarios de indultar a violadores de DD.HH. ni asesinos en serie"

Hernán Larraín asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos luego de 24 años como senador. Pese a haber decidido no repostular a un cuarto periodo, dice que siempre tuvo la expectativa de formar parte de un gobierno. Las experiencias vividas por algunos de sus entonces pares de la Cámara Alta fueron un gran estímulo para aceptar la propuesta que le realizó el Presidente Sebastián Piñera. Tras dos semanas en el cargo, hoy regresa al Congreso desde una posición distinta. Aunque asume que aún no se adapta a ser el interrogado y no el interrogador.

Desde esta posición intenta lograr los acuerdos que pretende impulsar el nuevo gobierno, al mismo tiempo que ha debido lidiar con las acciones de la presidencia saliente, a partir del fallido cierre de Punta Peuco y la frustrada designación del exfiscal del caso Caval en la notaría de San Fernando.

¿Cómo cree que ha asumido el Congreso, y principalmente la oposición, el llamado a lograr acuerdos nacionales que ha hecho el gobierno?

Mi percepción después de haber participado en algunas comisiones de la Cámara es que hay buena voluntad y también interés en sacar adelante ciertas materias. En los temas vinculados al acuerdo de la infancia, advierto que hay bastante compromiso e interés de que esto se resuelva. Ha sido muy triste, pero cuando se visibiliza el problema que hay en estos centros, a partir de la muerte de Lissette en el Cread Galvarino, como que de repente nos hizo visibilizar algo que estaba oculto a los ojos de todos, aunque estaba a la vuelta de la esquina y provocó una reacción que ha permitido que haya un compromiso importante con el tema de la niñez. Es una buena señal para que el gobierno avance con una cierta rapidez en la formulación de los contenidos de los acuerdos, y así poder iniciar los trabajos. Porque la oposición quiere participar, pero (quiere) saber de qué se trata. Es muy importante que nosotros decantemos las propuestas, precisemos qué políticas públicas se van a impulsar, que bajadas legislativas o de otro tipo normativo se va a hacer, para que la gente diga "ya, acá estoy, trabajemos". Si eso se hace en el espíritu que se está desarrollando, vamos a tener una buena reacción de la oposición y pienso, además, que es una buena oportunidad para el país.

Han surgido críticas que exigen algo más que la inyección de recursos a los privados. ¿Qué se hará en ese sentido?

El Presidente Piñera lo anunció el día que asumió. Fue la primera acción que hizo. Dijo que iba a pagar la deuda a los organismos colaboradores y vamos a aumentar significativamente la subvención. En el programa dice que se va a duplicar y eso se va a hacer en los cuatro años. Pero ahora se va a realizar un primer aumento significativo que permita dar una señal material de que va a haber más recursos para preocuparse de los menores. Esto, pese al déficit y la estrechez fiscal en que nos encontramos. Ahora, eso en lo específico va a ir acompañado de mecanismos de mayor fiscalización y control en el uso de esos recursos. Ese es un déficit que tiene el Servicio Nacional de Menores (Sename). Tiene poca capacidad de hacer supervisión técnica de los procesos y contenidos específicos que hacen en la protección y recuperación de los niños. Y también hay poca capacidad de supervisión financiera.

Sin embargo, hay problemas actuales que uno supone que no pueden esperar los tiempos que demora la tramitación. Como las denuncias en el Cread de Playa Ancha o la Casa Nacional del Niño. A ello se suma que la directora del Sename propuesta por el gobierno aún no puede asumir. ¿Cómo se abordan estos problemas con un servicio que permanece acéfalo?

Nosotros estamos como ministerio muy encima de lo que está pasando en el Sename hoy. Nos hemos activado para ver los problemas que requieren atención urgente. Hemos estado encima en forma muy especial, no está desatendido ni acéfalo, bajo ningún concepto. La directora va a estar en funciones en los próximos días, la próxima semana. Pero efectivamente no vamos a esperar que se publiquen las leyes que creen los nuevos servicios para trabajar. Porque no sé cuánto se va a demorar, ojalá que meses, pero se pueden demorar un año o más. Además, tienen distinto nivel de avance y maduración los proyectos. Podría salir antes el servicio de reinserción que el de protección especializada, y eso nos produce una complicación. Pero estamos trabajando ahora con una serie de propuestas y definiciones que apuntan a atacar los problemas que hoy tiene el Sename. Estamos trabajando desde ya para generar una vinculación más intensa de los centros con la sociedad civil y el mundo privado. La dificultad mayor es cómo se reinsertan estos niños en sus grupos familiares o donde sea. Ese proceso requiere de apoyo de la sociedad civil, que puede estar acompañando a cada uno de estos centros, o del mundo privado que pueda participar, incluso del financiamiento de cada uno de estos centros de forma directa.

Usted planteó que pretende algunas modificaciones con respecto al Ministerio Público. ¿Cómo plantea esta propuesta?

Queremos trabajar porque nos parece que ha habido situaciones que han levantado inquietudes en el ámbito público y privado respecto de cómo se desenvuelven en el trabajo los fiscales. Pero quiero aclarar, porque he visto la reacción de algunas personas que interpretan nuestra inquietud relacionada con el interés de intervenir o interferir el trabajo específico de los fiscales. Nosotros entendemos que con respecto de eso hay autonomía constitucional y nuestro ánimo es que se mantenga y se preserve. Me parece que los fiscales deben trabajar con total libertad en sus investigaciones y en la forma en que las desarrollan. Pero sí nos preocupa, por ejemplo, algún espacio que dice relación con discrecionalidades y filtración de información. Temas que pueden producir problemas respecto de los imputados. En donde se producen a veces situaciones de indefensión. No se trata de cambiar la naturaleza del proceso, pero sí asegurar que se respeten esos derechos porque la filtración deja a las personas en la más total indefensión.

¿Hay posibilidad de que sean otros organismos, como por ejemplo ministros de la Corte de Apelaciones, quienes se hagan cargo de investigar a los fiscales?

Eso lo debemos ver. Cuáles son los mecanismos que puedan asegurar. Hay quienes han planteado que efectivamente al ser el propio fiscal nacional quien investigue las filtraciones se puede producir una especie de defensa corporativa y, por lo tanto, sugieren fórmulas externas para que eso se evite. No sé cuál es la fórmula, estamos trabajando en estos temas.

Hoy hay un fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur que postula a al mismo cargo en la zona Centro-Norte antes de que termine su período. Usted propuso tomar medidas para acabar con estas prácticas y la denominada "silla musical". ¿De qué manera lo hará?

Los propios fiscales han estado preocupados de este sistema. Y creo que tenemos algo un poco engañoso. Como la ley dice que no se pueden reelegir, lo que ha ocurrido es que los fiscales que saben que terminado su periodo no van a poder repostular, no terminan su periodo y postulan a otro cargo de fiscal para continuar en el servicio. Creo que hay que sincerar esto. O hacemos efectivo que la persona cuando postula a un cargo debe terminarlo, o si no termina no puede postular a otro, o abrimos la posibilidad que sea reelegido por una vez en ese mismo lugar u otro. Pero lo que no puede ocurrir es que hagamos trampa en el solitario.

Ha abierto la puerta para que en situaciones "excepcionalísimas" se indulte a personas que estén condenadas por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué permitir este beneficio a quienes han cometido esos crímenes?

No somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos ni asesinos en series ni pedófilos que han abusado de menores. La pregunta es otra. Cuando una persona, cualquier sea el crimen que haya cometido, por grave que este haya sido, está a punto de morir en una situación de enfermedad terminal, y si a eso se le agrega avanzada edad o está en una situación de demencia severa, enajenado mentalmente que no sabe dónde está parado, me pregunto si corresponde que lo mantengamos preso en la cárcel o si no es más digno desde el punto de vista de la humanidad tenerlo en un arresto domiciliario. Personalmente creo que en una perspectiva más humana es lo que corresponde hacer. Ahora, se trata, repito, de situaciones excepcionalísimas. El indulto tiene un problema que no es menor. Altera una decisión de los tribunales de justicia de un largo proceso. Y yo respeto las decisiones de los tribunales, y no me parece que haya que cambiarlos. Y si se quiere cambiar un fallo judicial, existe un recurso que es aquel de revisión que es apelar. No al indulto. Entonces, ¿para qué queremos el indulto?, para muy pocas cosas.

¿Qué le parecen los titubeos que hubo al término del gobierno anterior y la decisión que tomó el exministro Jaime Campos de negarse a cerrar Punta Peuco? ¿Tomaría usted un camino similar?

Personalmente, jamás haría algo que fuera contra mis convicciones personales, contra mis principios. Ahora, distinto, yo puedo tener una opinión diferente a la del Presidente, y si me pide que haga algo yo lo puedo hacer. Pero no si va contra mis convicciones, prefiero dejar el cargo. Me parece que el gobierno pasado fue extraordinariamente irresponsable. Porque tuvo muchos años para resolver temas que quiso definir a última hora. Generando, adicionalmente, un conflicto político para el gobierno que asumía. Empañando una legítima fiesta de la democracia como es la asunción de un nuevo gobierno. Era más duro quizás que el terremoto con que asumió el Presidente Piñera la vez anterior. Creo yo que no estuvo bien hecho. No me parece que eso forme parte de nuestras tradiciones republicanas. Actuaron mal y finalmente no pasó nada, pero estuvo en la puerta del horno. Yo creo que eso ha sido, al final, muy negativo para el propio gobierno de la presidenta Bachelet. Porque empañó su gestión. No pudo haber terminado peor. Y pienso que es el castigo cuando uno hace las cosas en forma algo torcidas.

Asumo que a este diagnóstico se suma la designación del exfiscal Toledo en la notaría de San Fernando.

Absolutamente. Sí fueron varios los episodios. Lo ocurrido con la notaría de San Fernando, que sucedió en las últimas semanas, a mí me parecía inaudito. Tanto así que el mismo día que asumimos yo anuncié que se iba a paralizar el nombramiento. No podemos a través de ese tipo de manipulaciones al proceso de nombramiento poner bajo sospecha a quienes están a cargo de la fe pública. Los notarios son responsables de la fe pública. Son funcionarios públicos que reciben un compromiso y un mandato. No pueden ser designados de una manera que la gente diga qué hay detrás de esto, por qué cambian y, además, con la imprudencia de que el beneficiado era una persona que había estado a cargo de la investigación de antecedentes que afectaban a la familia de la presidenta. Es decir, no pudieron haber hecho las cosas con peor criterio. Eso también ayuda a empeorar la imagen con la cual termina el gobierno pasado.

Las agrupaciones vinculadas a familiares de detenidos desaparecidos han manifestado el rechazo a su nombramiento e incluso aseguran que no se sentarán a conversar con usted. Lo asocian a la defensa de violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo responde a esta oposición?

Yo tengo mis credenciales muy claras. En materia de derechos humanos en los tiempos del gobierno militar era un académico y desde mi tribuna hice presentes mis quejas, mis críticas y mi rechazo a las violaciones de derechos humanos de lo que yo tenía información, que era muchísimo menos de todo lo que había. Y con posterioridad, como senador, he apoyado en forma muy sistemática todo lo que se pueda hacer para mayor verdad, justicia, reparación y reconciliación en materia de DD.HH. Tengo la tranquilidad de haber sido reelecto dos veces como senador, y con las más amplias mayorías. La última vez con la principal mayoría nacional. De manera que ha sido la ciudadanía la que ha legitimado mis credenciales democráticas, éticas y de legitimidad para desempeñarme como representante ciudadano y eso también me avala para ser hoy ministro. Y por supuesto, tendré las puertas abiertas para quienes quieran participar.