Son 48 niñas, niños y adolescentes (NNA) los que habían fallecido durante este año y hasta la segunda semana de noviembre producto de armas de fuego. La estremecedora cifra es revelada en el Informe Anual de la Defensoría de la Niñez al que tuvo acceso La Tercera. Lo preocupante es que el dato no sólo supera los 42 casos registrados en todo 2023, sino que además está a un fallecimiento de alcanzar el año más sangriento de las últimas dos décadas, récord que data de 2022.
Para la Defensoría de la Niñez esta situación es particularmente compleja. A esto se suma que, según dicen, del total de recomendaciones realizadas por el organismo en los últimos cuatro años, el 51% han sido cumplidas, muchas de ellas orientadas a reforzar la protección de la infancia en el marco de la crisis de seguridad que afecta al país. “El enfoque no solo debe ser reactivo, sino preventivo”, insisten desde la institución.
La situación pone presión sobre el Ejecutivo, especialmente porque uno de los compromisos del Presidente Gabriel Boric ha sido reforzar la seguridad, con énfasis en proteger a la infancia de hechos violentos. Sin embargo, la realidad sigue siendo alarmante. Solo en la Región Metropolitana se han concentrado 82 homicidios de menores entre 2022 y noviembre de 2024. El caso más reciente ocurrió en Bajos de Mena, Puente Alto, donde un niño de ocho años murió al interior de su hogar hace tres semanas tras recibir un disparo.
Al respecto, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito dicen que “la pérdida de vidas siempre es lamentable. Pero aún más cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes”, y que los datos “efectivamente muestran un aumento de víctimas en este segmento etario. Esta situación no es aceptable y como gobierno hemos actuado para prevenir y frenar esta tendencia”.
El tema es que las cifras dejan en evidencia que estos hechos se siguen dando. Durante las recientes Fiestas Patrias, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío -la segunda con más fallecimientos de menores por armas de fuego-, un trágico caso sacudió a la comunidad: un joven de 17 años murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras asistía a una ramada.
Frente a las cifras actualizadas al 15 de noviembre el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, dice que les preocupa “la lentitud en la implementación del plan que nos presentó el gobierno. Este enfoque, que también fue compartido con otras instituciones vinculadas, va en la dirección correcta y representa un primer paso adecuado”.
Advierte que “es necesario ver resultados concretos. Primero, asegurarse de que cuente con presupuesto adecuado; segundo, establecer dispositivos específicos para generar alertas y alarmas; y tercero, traducir esas acciones en cifras claras que muestren una disminución en el número de niños y niñas fallecidos”. Y concluye que “hasta ahora eso no ha ocurrido, y lo hemos manifestado en distintos contextos”.
Para hacerle frente a la situación, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito destacan que este año, en el marco del Gabinete Pro Seguridad, se determinó la creación e implementación de un plan de intervención en barrios de alto riesgo de penetración de violencia y narcotráfico. Y que de ahí surgió el Programa Comunidad Crece, que busca reducir los factores de riesgo que afectan a los NNA de barrios de alta vulnerabilidad sociodelictual.
“Este programa partió en 2024 con pilotos en Lo Prado, La Florida y Alto Hospicio y gracias a sus resultados, próximamente se convertirá en una política pública a nivel nacional”, dicen, sumando que por otra parte se ampliarán las comunas a intervenir con el Programa Lazos, “lo que implica aumentar cobertura y por lo tanto fortalecer la respuesta ante niñas, niños y jóvenes en riesgo”.
Pero un punto que también preocupa a la Defensoría es la variación significativa en las cifras de menores fallecidos según la región en la que ocurren los hechos. “En la RM hemos visto un aumento en los casos de NNA afectados por armas de fuego, mientras que en otras regiones las cifras han disminuido”, señala Quesille. En tal sentido, entre 2022 y 2024 los fallecimientos bajo estos parámetros en la RM han mostrado un preocupante incremento: 19 en 2022, 27 en 2023 y 36 en lo que va de 2024.
Los pilares del informe
El informe anual de la Defensoría de la Niñez no solo presenta un diagnóstico sobre la situación de fallecimiento de NNA en Chile, sino que también identifica cinco pilares fundamentales que demandan atención urgente del Estado. Entre ellos, se destaca la gestión de emergencias y desastres, donde se evidencian brechas en las políticas de respuesta ante incendios e inundaciones. “Es crucial garantizar un enfoque diferenciado que considere a los menores en estos contextos críticos”, afirma Quesille.
Otro pilar aborda la convivencia educativa, un ámbito donde las expulsiones y la violencia en los colegios son desafíos recurrentes. Las sanciones de expulsión y cancelación de matrícula crecieron un 123% en los últimos cinco años, alcanzando 1.752 casos en 2023.
El derecho a la vivienda es otro eje clave, especialmente por el impacto de los desalojos forzosos en campamentos. El informe subraya la necesidad de compatibilizar las acciones legales con la protección de los derechos de los menores afectados.
La salud mental, particularmente en adolescentes LGBTIQA+, también es un tema prioritario. Las altas tasas de depresión y suicidio en este grupo demandan políticas públicas específicas y efectivas. “El Estado debe actuar con celeridad para garantizar la integridad física y psíquica de este grupo”, subraya. Finalmente, el informe pone énfasis en los sistemas de reinserción social y justicia amigable, señalando la necesidad de evitar la revictimización y promover espacios que favorezcan la mediación penal y la justicia restaurativa.
Además de estos pilares, el informe revela datos que reflejan una crisis estructural en la protección de la niñez. El 71% de las querellas ingresadas por el servicio corresponden a delitos de violencia sexual contra menores, mientras que entre 2020 y 2023 se registró un aumento del 25% en el número de NNA en el subsistema del Servicio de Protección Especializada. A esto se suma un incremento del 32% en las listas de espera para ingresar al servicio mejor conocido como Mejor Niñez.
Por su parte, las 22 visitas realizadas a centros de protección y privación de libertad revelaron problemas críticos, como listas de espera excesivas, hacinamiento en centros residenciales y sobrecarga de los equipos de intervención. Estas visitas generaron 154 recomendaciones y 36 solicitudes de información dirigidas a las instituciones responsables.
“Estos datos reflejan las profundas deudas que el Estado mantiene con la infancia y la adolescencia. Es urgente que las instituciones responsables actúen para revertir esta situación y garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”, insiste Quesille, haciendo énfasis en la necesidad de transformar estas cifras en acciones concretas y efectivas.
