El 18 de marzo la situación carcelaria en el país no era fácil. Los casos de coronavirus comenzaban a multiplicarse con rapidez y los internos, junto a sus familias, comenzaron a manifestar sus temores ante la situación de hacinamiento que se vive en gran parte de las cárceles del país. Esto derivó en algunas protestas y fue en este contexto que Gendarmería descubrió un plan de fuga en la cárcel Santiago 1, que implicaría la huida de cerca de dos mil reos. Si bien la operación logró ser frustrada, ese día se registró un motín que terminó con 14 funcionarios y 28 reos lesionados.

Además de los heridos, los desórdenes de la jornada dañaron cámaras al interior del penal. Y ese es el motivo por el cual tres crímenes ocurridos este año al interior del penal Santiago 1, el recinto concesionado que debería ser uno de los más vigilados del país, aún no tienen un responsable identificado.

Este análisis se encuentra en un informe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El documento indica que si bien a nivel general se ha generado un alza de un 30% en los homicidios durante la pandemia (126 consumados y 118 frustrados entre enero y el 31 de julio de 2020), las fallas tecnológicas han sido las “piedras de tope” para aclarar los crímenes al interior de penales. Esta es la situación de cuatro homicidios frustrados y uno consumado, de un total de 15 registrados en penales de Santiago por riñas o ajustes de cuenta entre internos. Tres fueron en Santiago 1 y dos en la cárcel vecina Santiago Sur, también conocida como la ex Penitenciaría.

“Un factor que impide la identificación de los sujetos agresores al interior de los recintos penitenciarios es la falta o mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia, especialmente del CDP Santiago 1, que producto del intento de fuga ocurrido el 19 de marzo de este año, no ha sido posible obtener este tipo de medios probatorios en algunas causas”, indica el documento.

En los 15 crímenes en unidades penales de Santiago se usaron elementos cortopunzantes, como sables, estoques o lanzas.

El documento también indica que 11 de estos hechos fueron frustrados y que “probablemente se deba a la rápida prestación de los primeros servicios de urgencia al interior de estos recintos, a diferencia de los homicidios que ocurren en otros lugares en donde el tiempo de traslado y respuesta es mayor”.

Asimismo, explica que la violencia que se expresa en este tipo de ilícitos tiene un factor territorial significativo, “y específicamente en este caso se presenta por la ubicación de dos recintos penitenciarios en la comuna, lo cual genera microculturas de violencia, que están separadas del resto de población”.

Tania Sironvalle, fiscal jefa del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, dijo que “más allá de las cárceles, el problema es la violencia en ellas, en especial por los enfrentamientos que incluso provienen de rencillas anteriores al ingreso a algún recinto penitenciario. Históricamente, en el caso de la Fiscalía Centro Norte, la cantidad de homicidios al interior de estos recintos representa el 10% del total de estos delitos”.

De acuerdo a Gendarmería, en 2018 hubo 42 muertes violentas en penales a nivel país, en 2019 fueron 44 y entre enero y el 1 de octubre de este año, van 49 casos. De ellos, siete murieron por riñas en el penal Santiago Sur, y cuatro, en Santiago 1. Y en cinco de esos casos, aún no hay identificado un autor del crimen. Entre esas víctimas, hay un condenado por receptación y otro por robo con intimidación, ambos internos de Santiago Sur. Y en Santiago 1 mataron a un imputado por tráfico de drogas el 16 de junio, a otro por robo con violencia el 18 de junio y a un tercer reo, preso por el delito de homicidio, lo asesinaron el 3 de agosto.

El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, explicó que “lo que ocurre en las cárceles es el espejo social de lo que ocurre en los barrios”. E indicó que tras el intento de fuga en marzo instalaron cerca de 100 cámaras en Santiago 1 que habían sido destruidas. Agregó, no obstante, que muchas veces los mismos internos las vuelven a destrozar y que es difícil conseguir estos equipos, porque necesitan unas con mejores condiciones de resolución que las cámaras comunes.

Alveal añadió que a esto se debe sumar la subcultura carcelaria, en que el que denuncia es drásticamente sancionado. “En la cárcel se dice ‘el que sapea, muere’. En cambio, en la vía pública hay personas que pueden dar su declaración ante un fiscal y tienen esa protección. En los penales al hacer eso hay riesgo de que pierdan su vida”, detalló Alveal.

Así, dijo que “la tecnología tiene que ser el camino por el cual debe transitar el sistema penitenciario, no solo para modernizarlo, sino que también para evitar que al interior de las cárceles existan hechos violentos. Las cárceles son espacios del cual está a cargo el Estado y, en consecuencia, para disminuir la probabilidad de estos hechos debe contar el sistema penitenciario con más tecnología y es el esfuerzo que estamos haciendo”. Agregó que esos esfuerzos “deben apuntar a mayor cantidad de cámaras de mejor calidad y que puedan cubrir espacios muertos en muchos penales que aún no tenemos el mínimo suficiente”.

En relación al aumento de los homicidios en general durante el periodo de confinamiento, la fiscal Sironvalle aseguró que “esto llama la atención, porque la situación de pandemia no ha incidido a la baja, como sí ha ocurrido con otro tipo de ilícitos como, por ejemplo, los robos. Esto podría mostrar que la violencia que se refleja en los homicidios está vinculada a factores que van más allá de la ocasión”.

Afuera de los penales, la cifra de imputados desconocidos por homicidios en Santiago es aún mayor, llegando a 27 casos en los que no se conoce a los autores de un total de 37 crímenes ocurridos en 2020 (18 consumados y 19 frustrados). Predomina el uso de armas de fuego en más de la mitad de estos hechos.