Hoy entra en vigencia la Ley Consultorio Seguro, que endurece las sanciones por agredir a funcionarios de la salud
La medida publicada en el Diario Oficial también busca resguardar la seguridad de los trabajadores de la educación. Si los daños producidos por los atacantes son graves, estos arriesgan hasta 15 años de cárcel.
Durante este año se han registrado 1.274 agresiones a funcionarios de la salud, concentrándose el mayor número de casos en las regiones de Coquimbo, Biobío y la Región Metropolitana. Y según cifras del Ministerio de Salud, el 25% de los incidentes de violencia en el trabajo se producen en ese sector.
"Tenemos que reconocer que estamos en una especie de aumento de violencia contra los trabajadores de la salud y también de la educación. Nos preocupa enormemente la tranquilidad, la forma y la proyección en la que nuestros trabajadores puedan seguir prestando sus servicios en un clima de confianza y seguridad que hasta hoy, no estaba garantizada", dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Hoy entra en vigencia la Ley Consultorio Seguro, aprobada el pasado 19 de noviembre por el Congreso y la cual aumenta las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
La normativa endurece las sanciones contra quienes agredan a trabajadores que presten servicios en establecimientos educacionales y de servicios de salud, según la gravedad de las lesiones ocasionadas.
En el caso que el daño producto de la agresión sea grave, el atacante arriesga una sanción de presidio mayor en su grado medio que va desde los 10 años y un día a los 15 años. Si el funcionario presenta alguna enfermedad o incapacidad –licencia médica- por más de 30 días, arriesga presidio medio a máximo que va de 541 días a cinco años.
En el caso que las lesiones sean leves o el trabajador no presenta daños, el atacante deberá pagar una multa que varía entre las 11 y las 20 UTM o prestar servicio a la comunidad.
Además, la ley publicada hoy en el Diario Oficial, establece a los jefes de los establecimientos de salud y los sostenedores y directores de establecimientos educacionales, públicos o privados, la obligación de denunciar los delitos perpetrados en contra de los profesionales y funcionarios de dichos establecimientos.
También, los faculta para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, garantizando el acceso a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresiones.
La legislación se trabajó en una mesa conformada por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confusam.
"Solo este año llevamos casi 1.300 agresiones a funcionarios de salud, eso quiere decir tres agresiones diarias en cada uno de los centros y eso no puede seguir ocurriendo y es por eso que hemos promovido esta ley. Son medidas para proteger la salud de la población a través de la seguridad de nuestros trabajadores", explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
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