Con una carpeta en la mano llegó este miércoles a La Moneda el ministro Hernán Larraín para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera.

El objetivo fue analizar el camino que tomarán luego del traspié que tuvieron el martes en el Congreso con el proyecto que, en el marco de la crisis por el coronavirus, establece un indulto conmutativo, entre otros, a reos de baja peligrosidad mayores de 75 años.

A la cita, el titular de Justicia llegó acompañado de los dos subsecretarios de la cartera -Sebastián Valenzuela y Lorena Recabarren-, con quienes le planteó al Mandatario más de una alternativa para subsanar el problema, entre ellas, presentar un veto presidencial aditivo, alternativa por la que se inclinan más en el gobierno.

El Ejecutivo lamentó el despacho de la iniciativa sin disposiciones consideradas “claves” para su implementación: por ejemplo, el artículo que facultaba a Gendarmería para hacer seguimiento a los reos que optaran a la conmutación de penas y establecía sanciones en caso de incumplimiento de sus condiciones. Esto, porque parte de Chile Vamos no dio los votos necesarios para alcanzar el quórum que requería el informe de la comisión mixta que revisó la normativa.

Y a eso se sumó un nuevo inconveniente: la ofensiva que levantaron ante el Tribunal Constitucional senadores oficialistas para que los presos que cumplan con los requisitos de buena conducta, baja peligrosidad y una enfermedad basal puedan acceder al beneficio, incluyendo también a reos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad.

En el gobierno reconocen que el requerimiento de los parlamentarios -en un tema particularmente sensible para el sector y que históricamente ha generado tensiones- les genera una complicación adicional y que deja “sin efecto” el camino que decidan para subsanar la normativa. Esto, debido a que -de avanzar en el veto y aprobarse- no podrían promulgar la ley mientras el TC no revise la solicitud de los parlamentarios, ya que lo que se impugna es el artículo que delimita el ámbito de aplicación del beneficio.

En este contexto, tras la cita con Piñera, Larraín afirmó que siguen analizando las alternativas y emplazó a los parlamentarios oficialistas a retirar el recurso del TC. “Significaría que no solamente saldrían beneficiadas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, sino que también saldrían beneficiados por esto violadores, abusadores sexuales (...), personas que, a nuestro juicio, no deben salir por la gravedad de lo que han cometido”, manifestó Larraín. Y agregó: “Ojalá que lo retiren”.

Pese al llamado, en Chile Vamos aseguraron que mantendrán el requerimiento a menos que el gobierno incluya sus demandas en la iniciativa. “No podemos permitir discriminaciones, por lo tanto, no tenemos intención de retirarlo”, dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, mientras que el senador RN Francisco Chahuán indicó: “El requerimiento está admitido a tramitación y, por tanto, esperamos que se dé un espacio de conversación con el ministro de Justicia para considerar” la propuesta oficialista.

A la resistencia de los senadores, además, se suma la intención de los diputados del bloque de presentar un segundo requerimiento apelando a las mismas razones. El presidente de RN, Mario Desbordes, comentó que “vamos a buscar firmas de diputados para presentar otro requerimiento más y, segundo, espero que ningún senador retire su firma”.

En el gobierno reconocen que están “contra el tiempo” debido a la situación sanitaria. Así, el ministro de Justicia -hasta el cierre de esta edición- mantenía conversaciones con parlamentarios de Chile Vamos para intentar desactivar estas ofensivas y poder anunciar este jueves el camino que tomará La Moneda para arreglar el proyecto.