Interior presenta querella por Ley de Seguridad del Estado tras ataque a subestación de CGE en Copiapó

Durante la noche de ayer jueves se produjeron graves incidentes en Copiapó, más específicamente en una planta de distribución eléctrica, lo que despertó las alarmas de las instituciones de emergencia, pero también del gobierno.

Hoy el Ministerio del Interior, a través del abogado Carlos Flores, presentó una querella por Ley de Seguridad del Estado y por incendio debido al ataque que afectó a una subestación eléctrica de la Compañía General de Electricidad (CGE), ubicada en la ciudad nortina.

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De acuerdo a la acción judicial, los hechos ocurrieron cerca de las 21.10 horas, cuando un grupo de individuos atacó la dependencia de la CGE. En dicho edificio, ingresaron a la sala de control del recinto, e incendiaron las oficinas administrativas, una bodega, junto con 13 vehículos, entre los que se cuentan dos camiones, tres autos y ocho camionetas.

De acuerdo a lo argumentado por el gobierno, estos hechos corresponden a delitos contra el orden público, tipificados en la letra C del artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado. Sumado a esto, también se considera que concurren las circunstancias para acreditarlo como delito de incendio.

En el escrito se señala que "la naturaleza de las acciones y el designio de trastrocar la tranquilidad pública al extremo de comprometer el interés de la comunidad toda, se enmarcan en la hipótesis del 6º, letra c) de la Ley 12.927, de modo que estos hechos exceden el ámbito de otros tipos penales de menor entidad. Estos hechos han afectado considerablemente los bienes jurídicos protegidos en dicha ley, lo que hace necesario perseguir y sancionar a los responsables de estos hechos que causan una grave alteración pública". 

"El Gobierno no puede dejar de utilizar las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir con el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad pública, interviniendo como querellante en aquellos casos en los que se den los requisitos impuestos por el legislador para aquello. Lo contrario sería desoír el mandato legal y abandonar los deberes que expresamente impone la ley a esta cartera de Estado para el logro de sus fines", se lee en la acusación.