Interior y viuda de carabinero asesinado se querellan en el caso: “Estos hechos se han repetido con una preocupante reiteración”

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FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Dos acciones judiciales, en paralelo, fueron presentadas y adjuntadas en la causa que lleva la Fiscalía. En el caso del gobierno, se detalló que el caso afectó la seguridad pública y la tranquilidad de las personas, pues "en menos de un mes, tres funcionarios policiales han sido víctimas de homicidio en ejercicio de sus funciones".


La investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte para dar con el paradero de los sospechosos del asesinato del cabo Daniel Palma Yález (33) sigue avanzando y, ahora, se sumó un nuevo elemento: las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y la viuda de la víctima, Darline Vergara Troncoso (27).

Ambas acciones judiciales fueron ingresadas en paralelo al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se solicitaron diligencias como la toma de declaración a testigos, revisión de los casquillos de bala encontrados en el sitio del suceso y despachar órdenes de investigar a los departamentos investigativos de Carabineros.

En caso de la querella del Ministerio del Interior -ingresada la tarde del 6 de abril y antes de publicarse la Ley Nain-Retamal en el Diario Oficial- se detalló que “uno o más sujetos a la fecha no identificados, dispararon con armas de fuego directamente contra la cabeza de la víctima, el funcionario de Carabineros don Daniel Palma, generando un impacto de proyectil en el rostro de la víctima que provocaron su fallecimiento horas después, luego de haber sido trasladado al hospital referido”.

El gobierno invocó el delito de homicidio en contra de Carabineros en acto de servicio, en grado de consumado, sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar. “El que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”, consigna la norma.

En el documento, Interior advierte que “los hechos denunciados alteraron el orden público, impidiendo gravemente la regularidad de las actividades policiales, afectando además derechos fundamentales tan esenciales como el derecho a la integridad física y la vida del funcionario de Carabineros víctima del homicidio”.

Enseguida, el gobierno hizo un duro balance -a través de esta querella- de lo que han significado los homicidios de los carabineros, Álex Salazar, asesinado el 14 de marzo en Concepción; de Rita Olivares, baleada en Quilpué, el 26 de marzo; y de Daniel Palma, la noche del 6 de abril en el centro de Santiago.

“Hechos como el descrito han ocurrido previamente y con una preocupante reiteración, afectando con ello la tranquilidad de las personas y, en definitiva, la seguridad pública. En menos de un mes, tres funcionarios policiales han sido víctimas de homicidio en ejercicio de sus funciones”, se lee en el libelo.

Carabineros patrocina acción judicial

Al ser Darline Vergara también miembro de la institución, Carabineros patrocinó su querella, donde, al igual que el gobierno, se invoca el delito de homicidio en contra de un policía uniformada, tipificado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar.

En el escrito, la mujer relata cómo sucedieron los hechos que terminaron con la vida de su esposo, por lo que pide que se “sirva declararla admisible, admitirla a tramitación, remitirla al Ministerio Público para proceder a la investigación de los hechos y proceder en su momento, al castigo de los autores, cómplices o encubridores con el máximo de las penas señaladas y dispuestas para este caso por la normativa legal vigente”.

En esa misma línea, en este texto, Vergara también pidió “la indemnización de todos los daños causados en forma directa o indirecta, según acción civil que se deducirá oportunamente, todo ello, con costas”.

Ambas acciones judiciales ya fueron adjuntadas en la investigación que lleva el Ministerio Publico, donde los querellantes podrán solicitar diligencias, plegarse o no a solicitud de medidas cautelares que pida la Fiscalía contra los imputados en caso de ser formalizados y acceder al expediente de la causa.

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