Irací Hassler declara como imputada por caso Sierra Bella: cuáles son los flancos que intentará aclarar

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), se presentó a declarar este miércoles en “calidad de imputada” a raíz de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella. La acción se enmarca dentro la querella criminal interpuesta por los diputados republicanos Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval por supuesto delito de fraude al Fisco, considerando a funcionarios municipales que pudieran haber cometido delitos como cómplices y encubridores de la transacción.

La querella de los parlamentarios describe tres hechos que podrían ser considerados como delitos: compra del inmueble de un valor sustancialmente menor al finalmente adquirido, celebración de un contrato de compraventa a un precio sobrevalorado y responsabilidades de los funcionarios que negociaron esta operación.

El abogado Miguel Schürmann, quien representa a Irací Hassler, confirmó la diligencia y, escuetamente, sostuvo que “entregará antecedentes donde se incluirá incluso la demanda por nulidad del contrato de compraventa de la compra de la clínica que se ingresó hoy y todos aquellos antecedentes que sean de relevancia para esclarecer estos hechos”.

Desde la municipalidad agregaron que Schürmann se referirá de nuevo al tema cuando su representada concluya su declaración.

“Esperamos que la alcaldesa responda, por ejemplo, si ella lideró efectivamente de manera personal las negociaciones; si instruyó a una funcionaria de su confianza para, a través de una corporación municipal que no tenía nada que ver, coludir a los tasadores; también que responda cuál era la necesidad de que algunos vales vista sean endosables. Y a propósito de que todavía no entrega su teléfono personal, saber si ella dio la orden de borrar la información de los celulares”, comentó a La Tercera PM el diputado Irarrázaval.

Por su parte, Miguel Cea, uno de los abogados querellantes, señaló que “en referencia a la declaración que hoy presta la alcaldesa de Santiago, doña Irací Hassler, ante el Ministerio Publico, me parece que esta es una buena oportunidad para que ella aporte todos los antecedentes que tiene en esta investigación y colabore en forma efectiva con el accionar de la justicia, dando información cierta y poniendo todos los documentos que posea en manos de la Fiscalía, a fin de aclarar todos los hechos”.

Y añadió que “resulta especialmente relevante (su declaración), tomando en cuenta las últimas informaciones respecto del grupo de WhatsApp entre funcionarios municipales y los tasadores”.

“Estamos extraordinariamente expectantes, porque creemos que doña Irací Hassler, en la declaración que prestará en calidad de imputada, tendrá que responder sobre si es efectivo que gestionó personalmente el negocio, sobre por qué se reunió personalmente con el dueño, por cómo explica que los tasadores eran de su confianza y luego se querelló contra ellos, quién tomó la decisión de comprar, qué vínculos había con Secplan, entre otras. Queremos que conteste todo, por eso estamos expectantes”, manifestó Aldo Duque, también querellante en la causa.

Respecto de los antecedentes que Hassler debería aportar a la investigación, hay nuevos flancos: por ejemplo, el hecho de que se diera a conocer el domingo y que detalla que la hoy exdirectora de Gestión Urbana de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), Loreto Fernández Albornoz, compartía un grupo de WhastApp junto a los tres tasadores encargados de evaluar el inmueble que busca ser destinado para un nuevo Cesfam en la comuna.

El rol de Fernández lo describieron en sus declaraciones a la PDI los propios tasadores del inmueble, Elsa Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo.

El grupo fue borrado una vez que estalló el caso y, por lo mismo, la PDI analiza los teléfonos de los tasadores para rescatar el contenido de este chat, pero también los investigadores ya preparan diligencias en torno a la propia Fernández, de quien no se sabe por qué organizó la tasación, ya que no era parte de sus facultades en la Cordesan y, según señaló en un comunicado de prensa la propia Municipalidad de Santiago, no tenía ningún vínculo con la administración de Irací Hassler (PC).

A esto también se suma la declaración del único accionista de Inmobiliaria San Valentino y dueño de la exclínica Sierra Bella, Felipe Sánchez, quien el pasado 27 de abril explicó a efectivos de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI que habían sido los propios funcionarios municipales los que apuraron las tratativas e intentaron sellar rápidamente la compra del recinto. Incluso, enfatizó, le pidieron que aplazara sus vacaciones para no retrasar los trámites.

“Me llamó mucho la atención que la alcaldesa con su equipo de comunicación, anunciaron en ese momento la posible adquisición, siendo una etapa bien prematura del proceso. En este mismo momento, la alcaldesa les habla a sus acompañantes, a viva voz, tipo declaración, que estaba a la espera de sus valoraciones y que era de todo su deseo llegar a un acuerdo para adquirir el establecimiento”, sostuvo a este medio Sánchez.

El 18 de mayo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago calificó al profesional representante de la alcaldesa como “abogado querellante”. Ante esto, la Fiscalía Centro Norte presentó un recurso de aclaración respecto de la condición de Irací Hassler dentro de la investigación por la compra de la exclínica Sierra Bella.

En concreto, el fiscal Patricio Cooper pidió que se hiciera una rectificación o enmienda respecto del estatus de querellante que le asignó el juzgado, indicando que la alcaldesa militante del Partido Comunista “no tiene la calidad de querellante, sino de imputada”. El mismo viernes el Séptimo Juzgado de Santiago resolvió la solicitud de Cooper y dio curso a lo solicitado por el fiscal.

El día en que el fiscal presentó el escrito, la defensa de la alcaldesa Hassler ingresó un texto al tribunal en los mismos términos. En ese sentido, Schürmann solicitó al tribunal que se cambiara la calidad en la que se aceptó el patrocinio de su defensa, pues un querellante y el Ministerio Público califican de esa manera a la autoridad comunal.

Como adelantó durante la jornada el abogado que representa a la alcaldesa, este miércoles el municipio materializó el ingreso de una demanda contra Inmobiliaria San Valentino, con miras a que se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre las partes.

Según detallaron desde la comuna, dicha arremetida “señala expresamente, que las tasaciones -que eran requisito fundamental la decisión municipal- fueron realizadas de forma totalmente desprolija, negligente e incluso fraudulenta; situación que se reveló técnicamente con el pronunciamiento de la Contraloría y que ocurrió a posteriori de la suscripción del contrato de compraventa”.

“Es importante señalar, que dicho requisito está en pleno conocimiento de la Inmobiliaria San Valentino SPA, a la que se le informó expresamente que la adquisición del inmueble por parte de la Municipalidad, estaba condicionada a una serie de procesos administrativos, dentro de los que se encontraba la realización de, al menos, tres tasaciones”, precisaron desde Santiago.

Considerando lo anterior, desde el municipio hicieron presente que, dado que la compraventa no se ha inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, “no se ha pagado el precio establecido, cumpliendo con el deber de resguardar el patrimonio municipal”.