A poco más de un mes y medio de que estallara el caso en medio del cual se investigan presuntos traspasos irregulares desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva -lo que ha derivado en la apertura de otras 18 causas en 10 regiones del país-, diputados republicanos que se sumaron como querellantes presentaron una ampliación de querella a fin de que se indague formalmente el rol del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi.
Esto, porque a juicio de Cristián Araya y Juan Irarrázaval, las mencionadas autoridades habrían dictado instrucciones que habrían beneficiado a fundaciones o estarían relacionados directamente con personeros que están siendo investigados por el fiscal a cargo del caso, Cristián Aguilar.
De esta forma, piden ante el tribunal que se cite a declarar a los tres funcionarios de gobierno, se dicte instrucción a Cibercrimen de la PDI para que incauten sus celulares y computadores, tanto personales como institucionales, y también se pida a la Brigada Anticorrupción que “proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales” vinculados al caso.
Consultado al respecto, Araya indicó que “hasta ahora el hilo se está cortando por lo más delgado, que son seremis y subsecretarios, pero se debe investigar a quienes diseñaron este mecanismo defraudatorio contra las arcas fiscales, donde el Ministro Jackson y los otros dos militantes de Revolución Democrática a quienes solicitamos que se amplíe la querella, deben responder ante la justicia”.
E Irarrázaval complementó: “Hay indicios más que suficientes de que ellos son los facilitadores del mecanismo que hay detrás de estos casos. Según se ha ido dilucidando, los tres militantes de RD habrían tenido desde el comienzo de la administración una función específica y fundamental para la implementación del mecanismo de corrupción sistemático e institucional de este Gobierno”.
Jackson
En particular, como se desprende del documento de 12 carillas al cual tuvo acceso La Tercera, se pide indagar en calidad de imputado al ministro Giorgio Jackson, porque antes de desempeñarse en Desarrollo Social estuvo a la cabeza de la Segpres, ministerio que, a su vez, tiene injerencia en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
¿El problema? De acuerdo con los querellantes, que en junio de 2022, cuando Jackson aún era el ministro de la Segpres, el Caigg dictó una instrucción que implicó, según la ampliación de querella, rebajar los controles sobre el destino y uso de los fondos públicos asignados mediante convenios.
“Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial”, se complementa en el documento.
De esta forma, los parlamentarios aseguran que este “mecanismo”, “de manera simple, pero muy eficaz, unido al método de fraccionar las transferencias para evitar la toma de razón de la Contraloría General de la República (fraude a la ley), les permitió a los imputados ejecutar los actos de corrupción con total y completa impunidad.
Pese a que los diputados en cuestión piden con especial interés que se investigue al ministro Jackson, él, como pudo constatar La Tercera, no ha sido citado a declarar por el fiscal a cargo del caso.
Crispi y Martínez
Según se indica en la ampliación, de querella, Crispi debe ser indagado porque el 24 de junio de 2022, cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, envió el oficio Nº 2377 / 2022 al Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, y mediante el cual se validó el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” con la Fundación Procultura, pese a que la experticia de esta era otra.
“El oficio enviado al gobernador por el querellado Crispi Serrano, señala que la Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”, sostiene el documento, asegurando que ahí estuvo el principal error.
Agregaron, asimismo, que el oficio decía textual: “Desde el punto de vista institucional esta Subsecretaría realizó una evaluación para verificar la capacidad de la organización para la administración de los recursos”.
Asimismo, hacen presente que aquello también fue visado por Martínez, pues aún cuando la Dipres no hace una evaluación del mérito del gasto, si dictó la resolución que habilitó la modificación del presupuesto vigente que le permitió al Gore de Antofagasta entregar a la Fundación ProCultura $460.000.000.
De igual forma, los diputados republicanos piden tener en cuenta que la actual jefa de la Dipres mantendría lazos con Democracia Viva, ya que entre octubre de 2020 y marzo de 2022 fue presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo, la cual recibió aportes -de acuerdo con sus mismos registros- de la fundación encabezada por Daniel Andrade.
Así las cosas, los querellantes concluyen: “El modus operandi resulta similar en todos los casos. Un funcionario público dotado de facultades para asignar recursos (entregar millonarias sumas de dinero), que arbitrariamente los transfiere mediante convenios a personas relacionadas por amistad, vínculos políticos y otros similares, fraccionándolos a fin de evitar el control de la Contraloría General de la República, y sin ni siquiera las garantías mínimas de la contratación pública”.
