La tarde del jueves 17 de octubre, Jaime Gajardo (PC) recibió el llamado del Presidente Gabriel Boric. Recién había estallado la crisis que desencadenó la denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve y le planteó que requería que encabezara el Ministerio de Justicia, dado de que el ministro Luis Cordero pasaría a encabezar el cargo que dejó el socialista.

“Cuando recibimos la llamada, nos trasladábamos de Chillán a Concepción. Ahí me solicitó que asumiera como ministro, a lo que yo le dije que era un honor (...)”, comenta.

Era difícil aventurar que Luis Cordero saldría de Justicia para liderar la Subsecretaría del Interior, ¿Cómo enfrentaron eso?

Tanto los subsecretarios como los ministros somos colaboradores del Presidente y uno cuando está en estas funciones está disponible para colaborar en el sentido de que el Mandatario pueda cumplir con su programa y llevar adelante su gobierno. Por lo menos yo soy de los que creen que uno debe estar disponible.

En medio de todo, a pocos días de haber asumido, incluso sufrió una descompensación en La Moneda.

Llevamos casi tres años de gobierno, estoy desde el 11 de marzo del 2022. Ha sido un tiempo en el que hemos tenido muchos desafíos, muchos problemas también e igualmente avances. No había tenido ningún inconveniente de salud en todo este tiempo. Creo que me había resfriado en una oportunidad, y bueno tuve una pequeña descompensación, pero me hice una serie de exámenes y no hay inconvenientes.

¿Cuáles son los énfasis que le pide marcar el Presidente?

Para el Presidente es muy significativo que podamos concretizar lo más que se pueda el Plan Nacional de Búsqueda. Ahí hay una deuda del Estado, porque el Estado fue el que hizo desaparecer y ejecutar a muchas personas respecto de las cuales sus familiares, todavía, no tienen detalles. También estamos en proceso de implementar la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente, con mejoras en el sistema penitenciario y las temáticas referentes a la persecución del crimen organizado desde las cárceles y, junto con ello, tenemos la reforma al sistema de nombramientos y la modificación al sistema notarial.

Su nombramiento se dio en medio de toda la crisis por el caso Monsalve. ¿Cómo evalúa la forma en que se ha afrontado la situación?

Este es un caso que pone a prueba a las instituciones. Primero, porque es una alta autoridad que está siendo investigada por la comisión de un ilícito que es muy grave. Y ahí el gobierno -más allá de los plazos en los que se hizo, que es una discusión pública- removió a esa persona del cargo. Se trata de un hecho que nosotros repudiamos y que consideramos que ninguna mujer debiera pasar por ese tipo de situaciones. Esperamos que se investigue todo y se juzgue a las personas que efectivamente realizaron esos actos.

Las encuestas muestran que la ciudadanía considera que el gobierno no ha actuado de manera correcta.

Yo creo que es muy relevante que esto lo veamos como un proceso. Aquí lo significativo es que en el proceso de investigación se pueda llegar a un resultado, que podamos saber qué fue lo que ocurrió y que en el caso de que haya responsabilidades, las personas cumplan las penas que establezcan los tribunales. Estas son cosas que siempre se tienen que evaluar una vez que concluyan los procesos.

¿A pesar de que ya existan efectos negativos a raíz de cómo afrontaron los hechos?

Estos han sido hechos lamentables, muy graves. Por cierto han sido dos semanas muy complejas, pero aquí lo importante es que el gobierno siga trabajando, siga realizando su programa, siga avanzando en las reformas que tenemos.

Desafíos en el Congreso

¿Cómo se relaciona desde este nuevo cargo con los parlamentarios?

Desde la semana pasada comencé a tener reunión con los parlamentarios. Como yo ya iba bastante al Congreso, se ha dado continuidad. Espero conversar con todos los parlamentarios de los distintos sectores, sobre todo porque las reformas que tiene el sistema de justicia requieren de amplio acuerdo. Hasta ahora hemos tenido la colaboración de todos.

¿Cree que su militancia política podría incidir malamente en ese objetivo?

No lo ha sido hasta el momento. En general he tenido apoyos bien transversales e incluso unánimes. Me ha tocado conversar y recoger ideas, desde el Partido Republicano, Chile Vamos, el oficialismo y sectores que están fuera de ello. Pero efectivamente uno siente que hay una tendencia a catalogar como algo negativo pertenecer al Partido Comunista, pero espero romper esa barrera.

¿Teme que el ambiente pueda cambiar?

Conociendo a los actores, tengo la esperanza de que no va a cambiar nada en razón de cómo me relacionaba con ellos siendo subsecretario.

¿Y al revés? ¿Cómo analiza el hecho de que sus compañeros de partido pudieran tomar distancia frente a las propuestas?

Como yo soy ministro de Estado y me corresponde sacar adelante las reformas, eso uno lo hace teniendo como ancla las fuerzas que lo apoyan, parten desde ahí las bases de acuerdos. Los primeros diálogos uno los da siempre con las personas que forman parte del gobierno y forman parte del oficialismo.

El ministro Cordero instaló la política durante su gestión de que no se daría luz verde a indultos. ¿Usted va a mantener eso?

Nosotros vamos a analizar cada indulto en su mérito y así se lo transmitiremos al Presidente. Hay que revisar, hay personas que se encuentran con enfermedades terminales, entonces sería muy categórico decir que no va a haber ningún indulto.

Crisis en el sistema de justicia

¿Cómo analiza la situación que enfrenta el Poder Judicial?

El Poder Judicial y el sistema de justicia tienen que tener la capacidad de conectar con las necesidades de las y los ciudadanos y además entregarles confianza a las personas de que cuando tengan un problema que requiera de la intervención del sistema de justicia, se va a resolver de forma oportuna sin ningún sesgo. Eso es muy complejo de cumplir y, por lo mismo, el desafío es enorme. Para eso estamos colaborando con el Poder Judicial en el sentido de que hemos presentado esta reforma al sistema de nombramiento que precisamente busca disminuir cualquier suspicacia. Frente a la situación que vivieron dos ministros de la Corte Suprema que fueron destituidos, creemos que refleja que cuando hay hechos graves, las instituciones pueden reaccionar y buscar la forma de resolver esos problemas.

Se ha sostenido que se destituyó al ministro Sergio Muñoz por sus fallos ¿Se sentaron precedentes complejos?

En esto tenemos que tener aprendizajes como sociedad. Las acusaciones constitucionales son un mecanismo que se encuentra en la Constitución, pero que se tiene que utilizar muy sabiamente y de manera muy excepcional para situaciones muy graves. El Congreso, en el uso de sus atribuciones, consideró que estas eran situaciones muy graves que ameritaban el uso de esta herramienta. Pero siempre tenemos que tener en consideración las señales institucionales que dan los distintos órganos y que piensen no solo en el momento, sino que también en lo que se ha hecho previamente y en las consecuencias que puede tener hacia futuro.

¿Faltó esa visión en esta oportunidad?

Es un mal precedente que se utilice una misma acusación constitucional para dos autoridades por hechos diferentes. Respecto del mérito, es el Congreso Nacional el que evalúa.

¿Cree que lo de Muñoz era revancha política como aseguran desde algunos sectores?

Yo siempre espero que los mecanismos institucionales no se utilicen por ese tipo de objetivos. Yo tiendo a pensar que las personas que acusaron constitucionalmente al ministro Muñoz lo hicieron genuinamente, por lo que dicen que cometió.

¿Cómo evalúa las modificaciones que está impulsando el pleno de la Corte Suprema?

Veo al pleno de la Corte Suprema muy activo y consciente de que hay que modificar ciertos procedimientos con el objeto de que las personas tengan plena confianza de que la justicia opera de manera completamente objetiva y que no hay ninguna otra razón para los fallos judiciales.