Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia: “El desafío es potenciar a Gendarmería para que cumpla un rol relevante en la desarticulación de bandas criminales”

Durante 2023, la Subsecretaría de Justicia trabajó en diferentes planes para hacer frente a dos problemáticas que mantienen tensionado el sistema penitenciario nacional: el aumento exponencial de las personas privadas de libertad y el incremento de la peligrosidad de los internos.

Esas estrategias están en curso, aunque como comenta el subsecretario del ramo, Jaime Gajardo, a La Tercera, durante 2024 sumarán un desafío adicional que implica potenciar las capacidades de Gendarmería para que sea un ente más relevante en la persecución del crimen organizado.

¿Hay falencias en el sistema que los preocupen especialmente?

Nuestro sistema penitenciario no estaba preparado para enfrentar un aumento tan significativo de la población privada de libertad, y tampoco para segregar a las personas más peligrosas. La capacidad no aumentaba desde 2012 en número de plazas. Se requería tener celdas o módulos dirigidos directamente para las personas que tienen alto compromiso delictual, pero teníamos una infraestructura precaria de solo 6 módulos disponibles de alta y máxima seguridad a lo largo del país. Pero nos estamos haciendo cargo. El plan de infraestructura penitenciaria no solo contempla la construcción o ampliación de las cárceles existentes, sino que además la modernización de las mismas para esos perfiles de mayor peligrosidad.

¿Esas acciones están siendo suficientes para mantener a la población controlada? Hay actores que insisten en que varios delitos se comentan o se planifican desde las cárceles.

Gendarmería tiene el control de todos los establecimientos penitenciarios del país y eso es algo que se tiene que resguardar, que cuidar mucho, porque hemos visto lo que ocurre cuando en los países se pierde el control de los establecimientos. Hemos visto lo que ocurre en Venezuela, en Brasil, en Ecuador. Para eso se requiere actualizar no solo la infraestructura, sino que también dotar de mayores elementos a todas las personas que realizan estas labores, que son principalmente los funcionarios de Gendarmería. Por ejemplo, hay que invertir fuertemente en el sistema penitenciario, y eso es precisamente lo que hemos hecho en estos dos años y lo que vamos a seguir haciendo con los presupuestos venideros.

¿Han cambiado las actuaciones de Gendarmería en función del posicionamiento de la criminalidad organizada y de bandas mucho más violentas?

Por supuesto. Por lo mismo hemos implementado estos distintos planes. En el plan de crimen organizado que trabajó la Subsecretaría del Interior hay un eje específico sobre seguridad penitenciaria para abordar todos los desafíos. Hemos tenido que dotar a Gendarmería de Chile de todas las herramientas para ello. Y en esto es muy relevante un proyecto de ley que tomamos de la administración anterior, para que la Escuela de Gendarmería sea una escuela profesional y reconocida por el Sistema de Educación Superior para mejorar la formación y, con ello, entregarles títulos profesionales pertinentes para enfrentar los nuevos desafíos y títulos técnicos con más herramientas.

¿Y en lo inmediato? ¿Qué ha pasado con las labores del día a día que se desarrollan en los penales?

Todas las medidas señaladas tienen implicancias prácticas en el día a día. Por ejemplo, ahora usted va a una cárcel y se es mucho más riguroso en el control de los teléfonos celulares, porque ya no solo es una falta administrativa, sino que es un delito. Eso cambia inmediatamente el día a día. Otra cosa que cambia es que hemos tomado un conjunto de medidas cada vez que ocurren hechos graves. Si hay personas que están extorsionando a otros internos, a esas personas las hemos trasladado. Además, se han dispuesto medidas muy drásticas para cualquier hecho de corrupción respecto a funcionarios, para mantener una institución lo más alejada posible de cualquier práctica que pueda poner en riesgo la seguridad.

¿Qué desafíos avizora respecto de la injerencia que puede tener Gendarmería en investigaciones vinculadas a crimen organizado?

Una de las reformas que aprobó el Congreso es entregarle más facultades a Gendarmería en la investigación penal y transformarle en un auxiliar más robusto para el Ministerio Público. Para eso se está creando un departamento de investigación criminal en Gendarmería. Ese proyecto viene con un informe financiero que entrega recursos también para el equipamiento tecnológico de ese departamento. Igualmente, se han adquirido a través de la glosa contra el crimen organizado elementos para apoyar las funciones. Sabemos que la información que hay al interior de los establecimientos es muy relevante para la investigación criminal. El Ministerio Público no solo ha visto sino que reconoce a Gendarmería como un auxiliar muy relevante para desbaratar bandas de crimen organizado.

¿Cuál es el ideal que se persigue con ello?

Por la realidad chilena y por lo que se ha visto a nivel comparado, sabemos que lo que ocurre en los penales es clave. Eso está siendo muy importante para las investigaciones y por lo mismo hay que fortalecerlo. Gendarmería no tenía naturalmente esas capacidades, porque su labor era otra. Esa era una función más bien accesoria, pero hay que potenciarla. El desafío es potenciar las capacidades de Gendarmería para que cumpla un rol relevante y aporte en la desarticulación de bandas criminales. Por eso se toman acciones por la vía legal, y se está haciendo en la práctica vía recursos e instrucciones que están recibiendo unidades correspondientes.

En un par de meses estarán operando los primeros inhibidores de señales en recintos penitenciarios, lo que se considera clave. ¿Existe alguna proyección de en cuánto tiempo más se podría tener esta tecnología en todos los penales?

Eso es un largo anhelo de nuestro país, y durante esta administración, debido a reasignaciones presupuestarias relevantes, después de un esfuerzo importante, ya tenemos adjudicada la licitación y firmado el contrato para tener la inhibición de telefonía celular en el sector de Pedro Mont, donde se encuentra 1/5 de la población privada de libertad del país. Eso esperamos que ya se encuentre operativo desde marzo. Asimismo, estamos viendo cómo replicar esa licitación en la mayor cantidad de establecimientos penitenciarios que podamos. Para eso estamos haciendo una evaluación, primero de ampliar esta licitación a 10 establecimientos más que son los más críticos que hemos evaluado.

Se aprobó el proyecto que descongela los planes reguladores con miras a ampliar recintos penitenciarios. ¿En qué plazo eso comenzará a dar resultados?

Entre el 2024 y el 2025 vamos a incorporar efectivamente a nuestro sistema penitenciario 9.000 plazas, a través de distintos procesos. Eso ya lo ha anunciado el Presidente. Además, ya aprobamos dicho proyecto e iniciamos los estudios para en marzo presentarle a la Dirección de Presupuesto cuáles serían los penales que vamos a ampliar y, por ende, también el costo, porque las 9.000 plazas que mencionaba ya están financiadas.

¿Qué elementos se van a ponderar?

Lo primero es que tengamos espacio para ampliar en esos establecimientos. Lo segundo es que nos permita descongestionar aquellas regiones en las cuales tenemos mayor sobrepoblación: la Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Esas son las regiones donde tenemos mayor sobrepoblación y donde no tenemos proyectos de nuevas cárceles, porque otras zonas que son muy relevantes son Antofagasta y Copiapó, pero ahí tenemos proyectos en curso.

Durante su gestión los allanamientos masivos han sido protagonistas ¿Cuál es el balance que realiza?

Están evaluados de una manera muy positiva. Durante 2023 realizamos 19 allanamientos masivos, abarcamos todos los establecimientos penales del país, intervenimos en una población penal de prácticamente 30.000 personas. Son fundamentales porque nos permiten mantener el control de los establecimientos.

¿Estos han terminado con procesos abiertos en contra de funcionarios?

Para evitar que existan elementos prohibidos, hemos estado trabajando en todas las vías de acceso, porque pueden ingresar a través de visitas, por funcionarios de Gendarmería, a través de pelotazos o vía drones. Por eso hemos aumentado los escáneres; luego, para evitar que los funcionarios u externos ingresen teléfonos celulares, se establecieron medidas legislativas. Así, como ahora es un delito, hemos podido denunciar a más de 500 personas, entre abogados y funcionarios. Para evitar que ingresen por drones, hemos adquirido más tecnología, y por los famosos pelotazos, hemos generado una coordinación con las policías en algunos establecimientos penitenciarios que hemos determinado como clave.

Recientemente también ofició a Gendarmería por el uso de redes sociales por parte de los internos ¿Qué se persigue?

Lo que le he solicitado al director nacional de Gendarmería es que tuviera especial cuidado con aquellas publicaciones que hacen internos en sus redes sociales, porque eso nos da cuenta que tienen un teléfono al interior de la instalación. Entonces se pide que hagan un monitoreo de redes sociales para ver si efectivamente hay algún interno que esté transmitiendo en vivo y tomen todas las medidas del caso.