Durante la primera quincena de enero, según está estipulado hasta el momento, el Presidente Gabriel Boric promulgará la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, organismo que una vez esté operando en todo el país (en 2026), implicará el cierre definitivo del actual Sename.
Por lo mismo, en el Ministerio de Justicia -cartera encargada de su implementación- llevan meses trabajando intensamente. Como sincera el subsecretario Jaime Gajardo, este es uno de los proyectos con los que apuntan a “romper” la trayectoria delictual de quienes se inician en el mundo de los ilícitos a temprana edad, para así generar un impacto en la sociedad.
¿Cómo asumen este desafío?
La implementación del nuevo servicio es uno de los principales desafíos que tenemos en Justicia y, en particular, que me ha tocado a mí como subsecretario. Nos tocó terminar la tramitación de la ley que crea el nuevo sistema, porque justo con crear el nuevo servicio, también hace cambios sustantivos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, hace cambios procedimentales en el proceso penal en la materia, y también fortalece otras instituciones del sector justicia.
¿Qué aspectos reflejarán el fin del antiguo servicio?
Esta es una ley que le va a entregar más herramientas al nuevo servicio para la reinserción social de los jóvenes que forman parte. Va a tener más capacidades institucionales para crear planes y programas específicos que nos ayuden a la reinserción social. Este servicio debiera permitirnos quebrar los ciclos de la delincuencia. Tenemos bastante identificado que -lamentablemente- una parte de los jóvenes que se encuentran en el sistema, posteriormente, reincide y pasan al sistema de adultos. Por eso hablamos de una política robusta por parte del Estado de tratar de mejorar la protección especializada y después mejorar la reinserción social. Este es un servicio que puede no sólo hacer un cambio puntual o personal, sino que también va a contribuir de forma muy importante para la sociedad.
¿En qué acciones están trabajando para garantizar eso?
Tenemos que implementar el sistema de la mejor manera posible. Llevamos varios meses trabajando en una mesa de implementación que se reúne semanalmente con todas las divisiones de la subsecretaría que tienen que ver. Trabajamos con el actual director del Servicio Nacional de Menores, con los funcionarios, y también con la sociedad civil. Tenemos que hacer el trabajo lo más completo posible. Hay que destacar, además, que este nuevo servicio tiene un conjunto de herramientas que no tenía el servicio anterior.
¿Como cuáles?
Por mandato legal, va a tener un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil y, además, un Comité Operativo que va a evaluar las políticas que emanen de ese consejo. Eso no existía hasta ahora. También, ese consejo tendrá que entregarle al Presidente una Política Nacional de Reinserción Juvenil, que va a ser evaluada y tendrá índices que van a permitir medir el cumplimiento de la misma. Habrá un Comité Operativo Nacional, y también comités regionales, con el objeto de que esta política nacional se operativice a nivel local. Asimismo, la ley contempla la creación de un Consejo Autónomo de Acreditación de los planes, programas y de las instituciones que colaboren con este servicio, con el objeto de que todo reúna los estándares requeridos.
La ley contempla un periodo de vacancia de un año. ¿Qué pasa en ese intertanto?
Esto se va a implementar de forma gradual. Durante el primer año se deben realizar todos los ajustes normativos que hay que hacer. Hay que dictar nueve reglamentos, hay que instalar el Consejo Nacional de Acreditación, hay que instalar una dirección implementadora, generar mejoras en la infraestructura y, además, hay que hacer toda la instalación de este nuevo servicio. En el intertanto, sigue operando el Sename, porque, además, el nuevo servicio se implementará gradualmente a lo largo de Chile. En 2024 en la zona norte, en 2025 en el sur y en 2026 en el centro del país.
¿Qué lineamientos considera deben tener las políticas de reinserción?
Tienen que ser especializadas, altamente profesionales, tienen que ser programas que cuenten con evidencia territorial, que tomen en consideración los contextos y que apunten a mejorar la trayectoria de vida de estos jóvenes.
¿Mantienen observación a las dificultades que ha enfrentado Mejor Niñez?
Hemos considerado mucho esa experiencia. Hemos visto cómo se ha implementado, tenemos distintos tipos de informes que nos dan cuenta de las dificultades que han tenido. Pero yo creo que algo positivo que trae esta ley, por lo mismo, es que será una implementación gradual, y en el caso de Mejor Niñez se hizo de forma inmediata en todo el país. Estamos aprendiendo de lo que ahí se hizo.
¿Se cometieron errores durante la administración anterior?
Esta es una política de Estado en la que los gobiernos tanto de la expresidenta Bachelet como del expresidente Piñera, y los congresos que participaron en esas legislaturas, hemos estado de acuerdo. Todos han puesto las mejores voluntades posible para que se implemente este Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y, en ese sentido, tenemos que ir aprendiendo.
