Jesuitas piden tiempo para firmar acuerdo entre Iglesia y fiscalía por abusos

"El documento lo estamos estudiando y, además, desde 2018 ya estamos colaborando con la fiscalía". Esa fue la respuesta de la Compañía de Jesús ante el requerimiento de La Tercera, respecto de por qué no suscribieron este martes reciente el convenio entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal (Cech) para denuncias de abusos, al cual estaban convocados. Situación similar a la de otras dos congregaciones: mercedarios y franciscanos.

Desde los jesuitas señalaron que ya han acudido en dos ocasiones al Ministerio Público a informar sobre los casos de abusos que se encuentran en investigación. Añadieron, por ejemplo, que la denuncia de Marcela Aranda en relación a eventuales abusos del sacerdote Renato Poblete Barth fue dada a conocer a la fiscalía en marzo pasado.

La Compañía de Jesús precisó que ellos esperaban que el documento fuese conocido por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre) antes de ser firmado por congregaciones pertenecientes a dicha organización. "A la Conferencia de Religiosos, partiendo por su presidente (Héctor Campos, de la Orden Frailes Menores-Capuchinos), les parecía que debían conocer el acuerdo", explicaron desde la orden jesuita.

Según fuentes consultadas por La Tercera, la presidenta del Consejo de Prevención de Abusos, Ana María Celis, acudió este lunes a la 50ª Asamblea General de Superioras y Superiores de Conferre. Allí, en una presentación de alrededor de 30 minutos, la abogada expuso sobre el contenido del convenio.

Ante todo este escenario, los jesuitas informaron que enviaron una carta a la Conferencia Episcopal solicitando más tiempo para revisar el acuerdo, el cual, según aseguraron, conocieron pocos días antes.

La firma oficial del convenio se rubricó el pasado martes en la sede del Ministerio Público, entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Cech, obispo Fernando Ramos.

La fiscalía informó que "el convenio suscrito tiene como objetivo obligar a todas las diócesis del país a que denuncien los casos de delitos sexuales cometidos por miembros de la iglesia católica contra niños, niñas y adolescentes y personas adultas en situación de discapacidad, en aquellos casos en que no se encuentran obligados por la ley (Artículo 175 del Código Procesal Penal). Con ello, se busca elevar el estándar legal de obligación de denunciar y reforzar las medidas de protección a las víctimas, incluyendo a las mayores de edad, respecto de las cuales las fiscalía no puede investigar de oficio".

A la fecha, ha adherido al convenio la Conferencia Episcopal (iglesia diocesana), junto a tres congregaciones: salesianos, maristas y padres de Schöenstatt.

Quienes no lo han firmado aún, además de los jesuitas, son la Provincia Mercedaria y la Orden Franciscana. Los primeros explicaron que están en un proceso de "revisión y reflexión" del acuerdo, y que lo suscribirán durante los próximos días. "Este caso va de la mano con lo que hemos venido realizando con cada una de las denuncias que se han hecho a nosotros, las cuales hemos canalizado a través de la fiscalía".

Para los franciscanos el proceso ha sido similar y esperan que el provincial, Isauro Covili, se reúna con el consejo para analizar el contenido del documento. Claudia Tzanis, vocera de la Orden Franciscana, señaló que "nos vamos a tomar nuestro tiempo, porque queremos estar en plena comunión con el acuerdo".