Al mediodía de este martes, en la explanada del edificio de la Fiscalía Nacional, en calle Catedral, Jorge Abbott rindió la última Cuenta Pública anual de su gestión a la cabeza del Ministerio Público.
El acto tuvo lugar a 24 horas de que la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional insistiera en su propuesta de que el organismo persecutor sea dirigido por un Consejo Superior, sumando la figura de un fiscal nacional con atribuciones limitadas. El objetivo es crear un órgano colegiado que sea paritario. Tres de sus integrantes serán persecutores elegidos democráticamente entre sus pares. Otro miembro será un funcionario elegido por votación. El resto corresponderá a tres personas elegidas “por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública”.
“En el debate constituyente reciente ha habido iniciativas que, respetuosamente, no compartimos”, señaló de entrada Abbott al abordar las propuestas del órgano redactor relacionadas con la institución que encabeza desde diciembre de 2015.
El tercer fiscal nacional expuso que “salvaguardar el principio de objetividad nos parece igualmente relevante, pues no pueden sino ser los fiscales quienes tengan la potestad de resolver cuándo es pertinente seguir o abandonar las investigaciones a la luz de hechos objetivos y de lo que la evidencia muestre en cada caso particular. En estas decisiones no pueden operar presiones externas ni argumentos que no sean estrictamente aquellos apegados al derecho apegados a la Constitución y a la ley”.
“Sabemos que el proceso aún está en marcha y que falta para arribar a un acuerdo que sirva a los chilenos y chilenas que día a día requieren respuestas claras y contundentes de parte de la institución que está designada por la Constitución para representarles en la defensa de sus derechos cuando un delito les ha afectado. La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos circunstanciales o criterios de ninguna naturaleza que no sean aquellos que provengan de las más absoluta objetividad e imparcialidad”, expuso el jefe del Ministerio Público.
Abbott señaló que “el establecimiento de contrapesos o equilibrios en las estructuras de poder, es por cierto una materia que, por cierto, debe ser parte de la discusión democrática y, en consecuencia, de interés del constituyente. Sin embargo, para contar con un ente persecutor, primordial en el sistema de justicia penal y que actúe con facultades ejecutivas, es necesario que la autoridad y el liderazgo institucional no se diluyan”.
“Es imprescindible que avancemos en altos estándares de transparencia, muchos mayores a los que existen actualmente”, recalcó la autoridad.
Clases de ética
Cerrando ya su alocución, Jorge Abbott abordó la investigación en contra los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, condenados en julio de 2018, en un caso de financiamiento irregular de la política, a cuatro años de presidio menor en su grado máximo. La pena de cárcel fue sustituida por libertad vigilada y se les impuso, entre otras condiciones, asistir a clases de ética empresarial.
Abbott llamó a todos los sectores políticos “a dar el paso y endurecer drásticamente la legislación contra la corrupción y establecer los mecanismos que permitan al Ministerio Público indagar a quien sea que cometa delitos en los ámbitos económicos o electorales”.
“No puede haber más sectores privilegiados con la discrecionalidad de la acción penal, mientras el grueso de la población debe responder hasta por las más mínimas transgresiones. Personalmente, creo que poco contribuye a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el que para algunos haya clases de ética y para otros la cárcel. En este sentido, dejo constancia que no fue la Fiscalía la que pidió las clases de ética en ese bullado caso, sino que fue el tribunal el que las determinó, pero el costo lo hemos pagado nosotros, al creerse que han sido los persecutores quienes nos quedamos tranquilos con condenas tibias o tratos distintos al que se le hubiera dado a un contribuyente sin poder ni dinero”, señaló.
Para terminar, el fiscal nacional recordó que a fin de año dejará el cargo “luego de una trayectoria de 43 años de ejercicio profesional”.
“Puedo decir que estoy orgulloso y emocionado por lo hecho”, afirmó.
