Su rostro lo decía todo. El día de las primarias presidenciales del pasado 18 de julio, el senador Manuel José Ossandón había llegado a votar hasta su local cuando personal del Servicio Electoral (Servel) le confirmó que en el padrón aparecía como imposibilitado para votar.
El motivo era una resolución del Juzgado de Garantía de Puente Alto que había notificado al organismo que el parlamentario había, supuestamente, perdido sus derechos políticos al haber sido acusado por la fiscalía por el delito de tráfico de influencias que tiene pena de crimen. Sin embargo, en estricto rigor, el congresista es aún un ciudadano con derecho a sufragio y su defensa presentó un recurso para emendar lo que ellos consideraron un error judicial.
Fue así como el magistrado Cristián Villegas ofició al Servel para corregir la situación. Esto, teniendo en cuenta que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó desaforar a Ossandón y que aún hay pendiente un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). En ese sentido, el tribunal hizo eco del alegato del penalista Samuel Donoso, defensor del parlamentario, quien aseguró que el Ministerio Público nunca debió presentar acusación en contra del congresista, ya que antes debió despojarlo de su fuero.
“Se dejan sin efecto las consecuencias de haberse presentado acusación en su contra, específicamente la suspensión de sus derechos políticos, conforme Artículo 16 de la Constitución Política de la República”, se lee en la resolución.
Con esto, Ossandón quedará habilitado para sufragar en las próximas elecciones. Una situación similar es la que vive el también excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien presentó un requerimiento ante el TC y un recurso de protección acusando vulneración de sus derechos al haber sido inhabilitado para votar, y por ende ser candidato, pese que aún no pesa en su contra ninguna condena, ya que está en pleno juicio oral del caso OAS.
