En la quinta jornada de audiencia, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la medida cautelar de prisión preventiva para la abogada María Leonarda Villalobos Mütter y el penalista Luis Edgardo Hermosilla Osorio, formalizados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el caso Audio.
La jueza Mariana Leyton acogió parcialmente la solicitud de medida cautelar que hizo la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y los querellantes de la causa, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la representación de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
En el caso de Luis Alberto Angulo Rantul, pareja de Villalobos, la magistrada estimó que se trataba de una medida desproporcionada y abrió debate sobre la cautelar a aplicarle.
Tras esto, estableció para Angulo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y fijó un plazo de investigación de 180 días.
El 12 de septiembre se desarrollará una audiencia para determinar lugar de reclusión de Hermosilla y Villalobos. Las defensas de ambos solicitaron que fueran acogidos en Capitán Yáber. Por ahora, él deberá permanecer en Santiago 1 y ella en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
“Determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos que debían cautelar los principios y los valores mencionados de los servicios, hace indispensable que atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero, configurando delitos pluriofensivos, hacen que en definitiva la libertad de los imputados, sea un peligro para la seguridad de la sociedad y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva”, expresó la jueza.
Las penas y los alegatos
El Ministerio Público sostiene que los imputados recibieron “abultadas sumas de dinero” de actividades ilícitas relacionadas con la venta de facturas falsas de Factop y las empresas controladas por Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, los exsocios que están en prisión preventiva y que constituyeron “líneas de crédito a modo de financiamiento permanente”, para los imputados.
Villalobos y Hermosilla arriesgan 18 años de pena efectiva.
En las exposiciones del equipo de fiscales, integrado por persecutor el jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, y la fiscal regional, Lorena Parra, se graficó al letrado como un asesor delictivo de los Jalaff, a la usanza de Tom Hagen, el consigliere (consejero) de la familia Corleone en la saga El Padrino.
Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del abogado imputado, tildó las acusaciones de “delirantes” y aseguró que se estaba tratando al jurista como si le acusaran de lavar el dinero del cartel de Juárez o el Tren de Aragua. También acusó que en los argumentos de su contraparte “se metió hasta el cansancio a Andrés Chadwick. Una persona honorable”, por la relación del exministro con Luis Hermosilla desde sus años en la universidad.
Otros formalizados, un desmayo y encontrones
El miércoles 21 de agosto, en el primer día de audiencia, se formalizó por cohecho al ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República Renato Robles Iturriaga y al funcionario del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional Oriente del SII Patricio Mejías Esparza. Para ellos, tras dialogar con sus defensas, el Ministerio Público pidió las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total. La jueza Mariana Leyton accedió a esta solicitud y la formalización prosiguió respecto a los otros tres imputados.
El viernes 23 de agosto, en tanto, durante la tercera jornada de formalización, Leonarda Villalobos se desmayó durante un receso y se retiró de la audiencia para acudir a un recinto de salud. Su abogada Alejandra Borda pidió suspender y la magistrada Leyton no accedió. Borda ha descartado que pretendan alegar razones médicas para evitar una privación de libertad y ha insistido que su defendida, que hizo la grabación por la que se abrió el caso, es una “víctima” en los delitos que se indagan.
Por otro lado, este lunes, en el cierre de las exposiciones de réplica de los intervinientes, el abogado Juan Pablo Hermosilla mantuvo un áspero diálogo con la magistrada, reclamando que no le gustaba ser interrumpido y repitiendo un episodio del inicio de la jornada previa. Entonces, al igual que este martes, Leyton debió hacerle ver al defensor que era ella la que estaba dirigiendo.
Alto interés mediático
La influencia de Hermosilla en el Poder Judicial y los círculos económico y político generaron un alto interés mediático. A partir de las pericias al teléfono móvil del abogado se han abierto otras causas como la del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, formalizado por delitos reiterados de violación de secreto. “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él”, declaró el penalista como testigo en ese caso.
Los involucrados no entregaron declaraciones a la prensa y sus abogados asumieron como voceros cuando los solicitaban al llegar y al retirarse del Centro de Justicia de Santiago.
La causa se abrió luego que la Fiscalía Metropolitana Oriente recibiera un archivo de audio de una reunión de Villalobos y Hermosilla con el empresario Daniel Sauer en la que con frases del tipo “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”, daban a entender que estaban pagando a funcionarios públicos por gestiones en el marco de la indagatoria que se seguía contra Factop. El archivo de audio de 105 minutos, bajo el rótulo de Némesis, llegó al Ministerio Público a las 14.00 horas del 13 de noviembre de 2023. Al día siguiente, Ciper publicó la historia y nueve meses después sus protagonistas quedaron privados de libertad tras ser formalizados.
