Jueza Rutherford cita a declarar como imputado a excomandante Oviedo

En medio del debate respecto a si la jueza Romy Rutherford, quien investiga una serie de irregularidades en el Ejército, podía o no realizar diligencias en contra del excomandante en jefe Humberto Oviedo -pese a que la causa penal fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 9 de enero-, la magistrada ha vuelto a dictaminar una pesquisa. Y no se trata de cualquiera: el viernes 21 le cursó una citación para declarar en calidad de inculpado.

La situación tomó por sorpresa al exalto oficial de la institución castrense. Hace algunos días su abogado, el defensor Gonzalo Rodríguez, había dado inicio a una estrategia judicial ante el TC para que este organismo determine si la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial había infringido o no la paralización del caso ordenada hace cinco meses.

Rutherford, el jueves 13, se adelantó a las especulaciones y justificó las nuevas pesquisas arguyendo que se trataba de una arista distinta a la impugnada por el retirado militar ante el TC. A través de un comunicado aseguró que había respetado la resolución del organismo y que no había realizado "ninguna diligencia que diga relación con el imputado Oviedo". Acto seguido aclaró: "En la denominada arista empresas de turismo". El día anterior, La Tercera revelaba que la magistrada solicitó información al Ejército sobre los viajes de los últimos cuatro excomandantes en jefe al Ejército -incluido Oviedo- desde el 2006 a la fecha.

El excomandante en jefe decidió ir al TC, justamente, para que este declare inconstitucional el secreto de sumario de la justicia militar con el que se le está juzgando, sin especificar arista alguna, pues ni él ni su defensa sabían -en la época que recurrieron al TC- en cuáles de todos los expedientes Oviedo era blanco de la causa penal de la ministra.

Por eso, cuando el capitán del OS-9 de Carabineros Rodrigo Molina llegó hace tres días hasta el domicilio de Oviedo -en la comuna de Las Condes-, este decidió de inmediato dar cuenta de lo que estaba ocurriendo a su abogado. Según consta en el expediente, el defensor Rodríguez le dijo al policía que oficiaría como representante de su cliente y fue así como ese día físicamente se le notificó que Oviedo debe acudir al despacho de la magistrada para declarar como inculpado en el "cuaderno separado F-A" referente a la indagatoria que la jueza sigue en contra de otro excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, quien permanece preso luego de que Rutherford lo procesara por malversar más de $ 3.500 millones desde el Ejército.

Quienes conocen de esta indagatoria sostienen que es probable que Oviedo sea interrogado en esta arista por las "mensualidades" de $ 800 mil pesos en efectivo que Fuente-Alba confesó haber entregado a los exjefes del Ejército a modo de "ayuda" con sus gastos tras dejar la Comandancia.

Ese mismo día, viernes 21, el TC ofició al Ejército (con un plazo de 5 días) y a la propia Rutherford para que expliquen "si se solicitó información de los programas de viaje realizados por los comandantes en jefe desde 2006 a 2019, incluyendo al general (R) Oviedo". Asimismo, la resolución detalla "en caso de haber sido solicitados, informe la fecha de instrucción (de la ministra)".

Esta decisión de la Primera Sala del TC fue dividida. Estuvieron por pedirle explicaciones a la jueza el presidente Iván Aróstica, Juan José Romero y Juan Ignacio Vásquez. Por rechazar, Domingo Hernández y Pía Silva. Para estos, la resolución del 9 de enero -según ha planteado la jueza- refiere solo a la arista "empresas de turismo". Agregaron que esta petición de información que el TC realiza a Rutherford sobre antecedentes concretos del sumario "que ella ha dispuesto declarar en esta etapa como secretos, importa una intervención que interfiere en sus atribuciones exclusivas, generando como obvia consecuencia, el acceso a información relevante a la que en esta etapa no corresponde aproximarse".

Otra vez por tres votos contra dos, la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) se dividió en sus posturas respecto a un requerimiento de suspensión del proceso penal presentado por un oficial del Ejército investigado en las causas que lleva adelante la ministra Romy Rutherford sobre irregularidades en el Ejército. Esta vez fue el turno del coronel (R) Luis Podestá Carmona, quien tras ser interrogado en dos oportunidades por la jueza decidió acudir al TC. El 19 de junio, los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez, Domingo Hernández y Pía Silva acogieron a trámite su requerimiento. Sin embargo, la causa quedó paralizada gracias a los votos de los tres primeros.

Podestá fue jefe de la Sección Pasajes y Fletes del Ejército (2005-2009) y quien detectó que oficiales modificaban sus rutas para tomar vacaciones y se depositaban en sus cuentas "excesos" de dinero. Hasta hace poco era testigo clave de Rutherford y ahora tiene calidad de inculpado.