Para las 09.30 horas del martes 16 de enero de 2024, quedó fijada la formalización de la exalcadesa de Maipú Cathy Barriga.

Ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente le imputará responsabilidad en calidad de autora, y en grado de desarrollo consumado, de los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, cometidos entre los 2016 y 2021 mientras se desempeñó como máxima autoridad de la comuna capitalina.

Se formalizará también por fraude al fisco a funcionarios municipales de Maipú durante la administración de la figura televisiva, la directora del Secpla Ana María Cortés González, el asesor Luis Fernando Japaz Lucio, la administradora municipal Andrea Bernardita Díaz Troncoso y la periodista Andrea Yeannette Monsalve Saavedra. Por otro lado, a la directora de control, María Isabel del Carmen Palma Barros se le imputará el delito de falsificación de instrumento público.

El presunto fraude que está siendo indagado ascendería a más de $95 millones, mediante la renovación sucesiva de contratos y pago de honorarios a la periodista Andrea Monsalve, por servicios no prestados.

El viernes 24 de noviembre, la fiscal a cargo de la indagatoria solicitó al tribunal fecha y hora para formalizar a la exalcaldesa y sus cinco excolaboradores.

El 14 de septiembre el fiscal nacional, Ángel Valencia, había delegado la causa a la fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, que encargó la indagatoria a la fiscal, especialista, en delitos económicos de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen organizado, Constanza Encina.

La persecutora a cargo de la investigación recibió la investigación formalmente el 22 de septiembre y desde entonces decretó una serie de diligencias que le permitieron recabar los antecedentes que fundan la solicitud de audiencia de formalización que se desarrollará en enero.

Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica y vocera de la Fiscalía Oriente informó que las medidas cautelares que se solicitarán están siendo evaluadas por la fiscal Encina.

“Son delitos muy graves”, señaló Valdés, afirmando que corresponden a una pena de crimen y que el monto total del perjuicio es de 31 mil millones de pesos.