Apuntando contra gestiones irregulares que se habrían realizado en el marco del nombramiento de ministros de la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), parte querellante en el caso por la llamada Operación Topógrafo, acusó presuntos delitos de tráfico de influencias en el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier, a propósito de maniobras del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete que involucrarían al exministro de Defensa Mario Desbordes.
En abril de 2023 se incautó el teléfono móvil del exjuez Poblete. Al analizar las comunicaciones registradas en el aparato, se accedió a diálogos por mensajería que dan cuenta de gestiones del exmagistrado con figuras del mundo de los tribunales y la política para favorecer ciertas candidaturas de cargos en el Poder Judicial.
Los posibles ilícitos, que se desprenden de la revisión de las comunicaciones de Poblete, son parte de una investigación paralela a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en tanto, continúa con la indagatoria por las interceptaciones telefónicas de funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) al periodista Mauricio Weibel y a militares que denunciaron corrupción en su institución.
Respecto a ese caso, este viernes, se conoció que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la competencia del INDH para ser parte.
David Bahamondes, jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos del organismo, destacó que esta decisión “reafirma el principio general de que el instituto, en su rol de defender los derechos humanos, debe realizar todas las acciones que correspondan conforme a su mandato”.
Por otro lado, el jueves, el mismo juzgado acogió un recurso de reposición del abogado Agustín Martínez Costa, en representación del exministro Desbordes, y declaró inadmisible la querella por tráfico de influencias que presentó el INDH. “Advirtiendo el tribunal que los hechos revisten carácter de delito, tómense los antecedentes como denuncia y remítanse en su totalidad al Ministerio Público”, señaló esa resolución.
