La apuesta del Mineduc para no repetir la crisis de Atacama: incluye catálogo de sanciones en la desmunicipalización

El programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric era claro en cuanto a la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que traspasa la educación desde los municipios hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): “Continuaremos el proceso de desmunicipalización e instalación de la Nueva Educación Pública (NEP), pero a su vez corregiremos los problemas que se han identificado”, se leía.

Y así, dos años después en los que, entre otras cosas, el gobierno se vio forzado a ralentizar el proceso tras la última discusión presupuestaria, que Atacama fue ungido como el gran ejemplo de mala implementación y que la NEP ha sido puesta bajo la lupa, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, se apresta para presentar este miércoles en el Senado las prometidas correcciones -que ahora serán motivo de discusión parlamentaria- y así intentar mejorar un curso que ya ha visto crear 15 de los 70 SLEP que pasarán a administrar la educación que hasta aquí era responsabilidad municipal.

En su camino a la construcción de estas correcciones a la ley, el diagnóstico del Mineduc identificó ciertas deficiencias, como demoras en los procesos de traspaso; una baja capacidad en el saneamiento de municipios con problemas; falta de atribuciones de la cartera, la Dirección de Educación Pública (DEP) y la Superintendencia de Educación para intervenir; rigidez en la gestión administrativa y financiera; problemas de coordinación; e insuficiencia en la infraestructura educacional.

Así, la propuesta se basa en siete ejes (participación, convivencia educativa, apoyo pedagógico, gestión, gobernanza, infraestructura, y gestión y traspaso), los que a su vez tienen seis objetivos: asegurar un adecuado traspaso; desarrollar capacidades administrativas, financieras y de apoyo técnico pedagógico; potenciar la vinculación con los territorios; entregar mejores atribuciones a algunas instituciones; un mejor acompañamiento; y reconocer a la NEP como una política de Estado.

Este es el objetivo que, a ojos del Mineduc, es la base de todo cambio. De hecho, puertas adentro es una suerte de intransable, por lo que el ministerio buscará la obligatoriedad en la presentación de un plan de transición por parte de los municipios, con sanciones de por medio en caso de incumplimiento. Aquí, la idea es que la Subsecretaría de Educación dicte el plan, que la DEP revise el cumplimiento, que las respectivas seremis acompañen y la Superintendencia de Educación fiscalice.

Asimismo, la propuesta será ampliar de uno a dos años el tiempo que transcurra entre que se cree el SLEP y le sean traspasados los establecimientos, así como propondrá incentivos y controles para agilizar algunos hitos claves, y precisar los deberes de información desde los municipios. Para todo lo anterior se creará un “catálogo de sanciones”, con sus respectivas multas o procedimientos administrativos, llegando incluso a poder acusar a ese alcalde por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral.

Para el objetivo que busca desarrollar las capacidades administrativas, financieras y de apoyo técnico pedagógico, se quiere agilizar los nombramientos del director ejecutivo, así como acortar los plazos para designar a los representante del Comité Directivo Local.

En cuanto al objetivo de potenciar la vinculación territorial, se buscará fortalecer el Comité Directivo Local, donde se buscará mejorar la representación del territorio y sus establecimientos. Ahora, por ejemplo, también se incluirá a directores de recintos donde se educan párvulos, que hasta hoy no son considerados.

El cuarto objetivo, el que hace referencia a más y mejores atribuciones a Mineduc o DEP, está enfocado en poder prestar asistencia a los SLEP, con lo que la propuesta de modificación propondrá transferirles directamente recursos; la posibilidad de que instituciones distintas al SLEP puedan generar convenios con los gobiernos regionales por infraestructura; la facultad de generar observaciones vinculantes; modificar el proceso de remoción; y revisar la formulación de cargos para buscar sanciones.

En el quinto objetivo -que apunta a mejorar el acompañamiento- se buscará cumplir con una mesa ejecutiva de coordinación regional, con los Departamentos Provinciales de Educación (Deprov) brindando asistencia. Esta mesa, que en principio se quiere que sesione dos veces por año, será encabezada por la seremi, con representantes de la DEP, gobiernos regionales, Junji, superintendencia, Junaeb, Agencia de Calidad de la Educación, universidades y centros de formación técnica estatales, delegaciones presidenciales y directores ejecutivos.

Finalmente, para apuntar a que la NEP sea política de Estado, el Mineduc apostará por la creación de un comité de ministros, el que atenderá las necesidades urgentes. Con una sesión por año, lo conformarían los ministerios de Interior, Hacienda, Segpres, Obras Públicas, Vivienda, Desarrollo Social, Bienes Nacionales, Salud, liderados por Educación.

Esta propuesta ahora deberá ser sometida a discusión en el Senado. En la cartera, por ahora, creen que será un periodo largo de intercambio de opiniones, aunque piensan que de avanzar bien la tramitación podría estar proyectándose para este segundo semestre.

“Estas medidas consideran los diagnósticos y recomendaciones del Consejo de Evaluación, el mundo académico, la sociedad civil, los parlamentarios, y actores vinculados a los SLEP, con el objetivo de mejorar la implementación del nuevo sistema”, aseguraban hace poco en el Mineduc.

En tal sentido, Francisco Jeria, de Educación 2020, reseñaba también que esto es urgente de tramitar. “Si no se hace ahora, ya va a empezar el ciclo electoral y cualquier discusión va a ser mucho más difícil”, decía a La Tercera, señalando además que las correcciones debían apuntar a transformar los SLEP. “No es una agencia más, tienen que ser ágiles, tener capacidad administrativa de resolver problemas”.