Además de su rol como centro de atención de alta complejidad, el hospital San José ha tenido un inesperado protagonismo en la crisis sanitaria que afecta al país, debido a la pandemia del COVID-19 que se extiende en el país. En este recinto, el 21 de marzo, falleció la primera persona a causa de la enfermedad; una mujer de 82 años vecina de la comuna de Renca, quien padecía de varias patologías de base.
Pero el pasado viernes en la tarde, según detalló el medio Interferencia, la dirección del centro hospitalario hizo llegar un comunicado interno a todo el personal. En este se informaba que parte de la directiva del hospital se iba a someter a cuarentena, debido a que el médico jefe del servicio de urgencias, doctor Reinaldo Basso Muñoz, fue testeado positivo en el examen de coronavirus.
“Efectivamente, tenemos conocimiento de que hubo un caso confirmado en el servicio de urgencia”, confirmó la subsecretaria de salud, Paula Daza, esta tarde en un punto de prensa. A renglón seguido, ratificó que tanto el galeno como “los contactos estrechos que estuvieron en contacto con él, están en cuarentena para evitar el contagio”.
A pesar de todo, Daza confirmó que el servicio de urgencias del mentado recinto sigue funcionando con personal de refuerzo, y aseguró que los trabajadores “están tomando las medidas de prevención porque son ellos los primeros que están en riesgo”.
La situación de los implementos y profesionales de la salud en riesgo de contagio, ha salido antes a colación. En las redes sociales, algunos médicos y personal han denunciado que no cuentan con equipamiento suficiente para protegerse al momento de tratar a los pacientes que presentan casos -posibles o confirmados- de COVID-19. Por ejemplo, avisan que no cuentan con suficientes mascarillas o que solo disponen de una sola botella de alcohol gel para todo un equipo de turno.
Por ello, el pasado 2 de abril, el Colegio Médico junto al gremio de Matronas y Matrones, denunciaron la situación en un escrito presentado ante la Contraloría General de la República. En el texto se afirma que en los recintos se dan “infracciones a las condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo, debido a la escasez de elementos de protección frente al virus SARS-CoV-2, que ha puesto en riesgo la integridad física y psicológica del personal de salud”. Por ello se solicitó la apertura de un sumario sanitario que establezca las responsabilidades administrativas correspondientes.
El 27 de marzo se informó que 80 funcionarios estaban afectados por el virus. Esa misma jornada, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, denunció el “robo sistemático” de elementos de protección personal para trabajadores del sistema. "Esperamos que quienes hayan sustraído estos elementos piensan en el grave daño que han provocado. Los elemento de protección son para cuidar a nuestro personal que nos va a atender en los hospitales”, señaló.
