La consulta indígena que los pueblos no quieren

La suspensión del proceso de consulta indígena. Esa es una de las solicitudes que resume el ánimo que existe entre los diferentes pueblos originarios del país, frente a la aplicación de la iniciativa impulsada por el gobierno que busca modificar la Ley Indígena, que data 1993.

La solicitud fue dada a conocer el lunes por los ediles de las comunidades mapuches reunidos en la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam), luego de una serie de incidentes que se han registrado entre comuneros de distintas localidades de las regiones del Biobío y La Araucanía, con funcionarios del gobierno. Estas situaciones han requerido, incluso, la intervención de contingente policial.

El proceso, coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social, comenzó el pasado 22 de mayo y se enmarca en la implementación del Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz de La Araucanía, impulsada por el Presidente Sebastián Piñera el año pasado. No obstante, al proponer una modificación a la ley que afectaría a todos los pueblos originarios del país, el gobierno tiene la obligación de consulta a nivel nacional, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Al respecto, el titular de la cartera, Alfredo Moreno, afirmó esta mañana que "hemos llamado a que las personas colaboren, participen, y creo que hay muchas personas que tienen interés en participar. Hay un grupo de personas que en algunos de los lugares han intentado no hacerlo posible. No permiten que se den a conocer cuáles son las medidas, no permiten que otras personas las escuchen, no permiten que las personas puedan expresar su opinión". Y agregó que "este es un proceso muy largo, que dura muchos meses. Está regido por los principios de la buena fe, la flexibilidad, así que si es necesario dar más tiempo lo vamos a hacer".

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El llamado a la suspensión es compartido por otras comunidades de pueblos originarios, tanto en el norte como en el sur. En las primeras regiones, incluso, algunos comuneros han impedido el inicio de la reunión de consulta.

En este contexto, representantes del pueblo atacameño viajaron esta semana a Santiago a entregar antecedentes a Contraloría y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de los que consideran "una serie de irregularidades en que ha incurrido la Seremi de Desarrollo Social, que se ha negado a recibir el acta de rechazo que los distintos pueblos de la Segunda Región hemos expresado ante la consulta", afirma Sergio Cubillos, Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños de la Región de Antofagasta.

"La mayoría de las once medidas planteadas por el gobierno proponen una división de la propiedad de la tierra que sería entregada a título personal. Eso va en contra de nuestra cosmovisión, que entiende que todos somos parte del territorio que hemos habitado por 12 mil años y por lo cual la tierra pertenece a la comunidad, no a una persona en particular", agrega Cubillos.

Por su parte, a través de un comunicado, los ediles mapuches que pidieron la suspensión de la consulta, manifestaron que "la realización del proceso de consulta en un clima hostil, evidencia la polarización que genera y que su contenido no ha sido socializado debidamente con las comunidades".

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Tanto en el norte como en el sur, la concepción del territorio como parte unitaria de la comunidad en los distintos pueblos originarios, es la piedra de tope para discutir la consulta.

De las once medidas propuestas por el gobierno, siete se refieren a la división del territorio. Entre ellas se propone generar títulos individuales de dominio y permitir que el derecho real de uso en este dominio individual. Asimismo, se establece la eliminación de la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas, permitir la venta de tierras entre indígenas y autorizar la realización de contratos de arriendos, comodatos o medierías en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años.

Según David Alday, representante de la comunidad indígena Yagán de Bahía Mejillones  -que reúne a 30 familias parte del pueblo originario del extremo sur de Magallanes- "quieren modificar una ley en la que se protege nuestros derechos y se hace énfasis en la división del territorio, que es algo que no queremos, que no pedimos y que sólo podría perjudicar a la comunidad dividiendo a sus integrantes", afirma.

Por su parte, la comunidad quechua de Ollagüe (Región de Antofagasta), opina que estas modificaciones "infringe nuestra cultura y el territorio, especialmente cuando estamos en la lucha por restituir territorio ancestral que el Estado se ha negado a entregar a las comunidades, a pesar de que la Ley Indígena actual así lo establece", afirma Gladiz Anza, presidenta de la comunidad.

Finalmente, la comunidad familiar Nómades de Mar, que agrupa al pueblo Kawésqar que habita en Punta Arenas y Puerto Natales, a través de un comunicado expresaron que rechazan "la modernización de la Ley Indígena por considerar que las medidas legislativas propuestas por el ejecutivo se contraponen a la obligación de los estados de abstenerse de realizar actos contrarios a los derechos territoriales de los pueblos indígenas".

Además, opinan que éstas "constituyen una amenaza de la protección que entrega la ley actual a las tierras indígenas hasta ahora reconocidas por el estado".

Acerca de la restitución de tierras, el ministro Alfredo Moreno afirma que esta obligación "está en la ley y se mantiene. Y se compran todos los años. Llevamos 240.000 hectáreas (…) En general la ley se ha aplicado en las comunas mapuche, porque, por ejemplo, toda la compra de tierras es ahí. Cada pueblo tiene una situación diferente y por lo tanto algunas de las medidas (propuestas en la consulta), en el norte no les afectan y sí a otros. Ha habido mucha confusión".

Para Marcela Gómez, Consejera Regional Indígena del sector Alto Andino de la comuna de Camarones, que agrupa a gran parte de la población aymara de la Región de Arica y Parinacota, el rechazo se da por "cuestiones de forma y de fondo". "No se ha hecho notificación a las comunidades sobre los objetivos de la ley y las autoridades regionales han llegado con Carabineros y el GOPE. Ese no es un contexto de diálogo", dice.

"Pero además estos cambios que quieren implementar no aplica para mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos problemas de acceso a los poblados, de acceso a agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, cosas básicas. Y sólo nos preguntan por la división del territorio y de nuestras comunidades", añade.

Por su parte, Domingo Cardozo, presidente de la comunidad Colla el Ayni, una de las pertenecientes al pueblo Colla, dice que están preparando una manifestación de todas agrupaciones de esta etnia para el 24 de junio. "Queremos llamar la atención. El camino es al diálogo y los pueblos originarios están completamente desamparados. Nosotros rechazamos el proceso".

El realce de los puntos pendientes del Estado Chileno con el pueblo Rapa Nui es una de los requerimientos que realizan desde la Isla, a pesar de que se muestran a favor de la consulta. "Hay que reconocer el acuerdo de soberanía o tener autonomía en las gestiones. Tenemos que trabajar y afinar los puntos que no están en la consulta", dice Carlos Edmunds, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui.