En medio de la implementación de nuevos métodos para combatir la delincuencia en la Región Metropolitana, como la expansión del Plan Calles Sin Violencia a todo el territorio capitalino, desde hace un tiempo los municipios han tenido que ponerle especial foco a sus presupuestos en seguridad.
Las realidades son disímiles. Y sus presupuestos igualmente variados, los que van desde casi 1.400 millones a poco más de 20 mil millones de pesos, destinados principalmente a demolición de mausoleos narco, cámaras de vigilancia, vehículos para patrullaje y personal de seguridad.
La Tercera solicitó información a 17 comunas de la RM. La selección fue bajo tres criterios: su alta población, sus lugares en los listados de homicidios, y su presencia en el ranking de municipalidades con mayor vulnerabilidad delictual. Esta muestra refleja las diversas realidades en seguridad pública dentro de la región.
A esos municipios, a su vez, se les pidió el presupuesto invertido en seguridad y dónde se alojan los mayores gastos de los recursos dedicados a la prevención del delito. Fueron consultadas Lo Barnechea (alcalde Cristóbal Lira, UDI), Estación Central (Felipe Muñoz, ind.), Providencia (Evelyn Matthei, UDI), Pudahuel (Ítalo Bravo, ind.), Independencia (Carola Rivero, PS, quien reemplazó a Gonzalo Durán, FA), Quilicura (Paulina Bobadilla, ind.), San Ramón (Gustavo Toro, DC), Vitacura (Camila Merino, Evópoli), Las Condes (Daniela Peñaloza, UDI), Ñuñoa (Emilia Ríos, RD), Lo Espejo (Javiera Reyes, PC), Puente Alto (Germán Codina, RN), San Bernardo (Cristopher White, PS), Santiago (Irací Hassler, PC), Recoleta (Fares Jadue, quien reemplazó a Daniel Jadue, ambos PC) y Maipú (Tomás Vodanovic, RD). Estas últimas cinco, por ejemplo, se encuentran entre las de mayor Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual, un ranking que evalúa delitos graves, indicadores socioeconómicos, ingresos municipales y la cantidad de infractores de ley NNA. Pedro Aguirre Cerda (Luis Astudillo, ind.) y La Florida (Rodolfo Carter, ind.) fueron las únicas que no contestaron.
En ese contexto, Las Condes y Lo Barnechea encabezan el presupuesto destinado a seguridad en 2024, con montos de $ 20.192 millones y $ 13.123 millones, respectivamente. Santiago sigue de cerca con $ 12.269 millones, y luego asoman Vitacura con $ 11.995 millones y Providencia con $ 7.783 millones.
Por otra parte, comunas como Lo Espejo, San Bernardo y Pudahuel han incrementado sus presupuestos a $ 7.358 millones, $ 6.300 millones y $ 5.300 millones, respectivamente, gracias a fondos concursables del Gobierno Regional Metropolitano y aportes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ñuñoa, por su parte, reporta una inversión de $ 4.566 millones.
Quilicura ha asignado $ 2.778 millones, mientras que Maipú destina $ 2.031 millones y Estación Central $2.008 millones. San Ramón invirtió $ 1.683 millones, Recoleta $ 1.444 millones e Independencia cierra la lista con $ 1.402 millones. Puente Alto por su parte, reseña que solo en el primer semestre de 2024 ha destinado $ 1.875 millones.
El destino del presupuesto
Y aunque todas las comunas entregaron el monto del presupuesto 2024 destinado a seguridad, sólo Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Lo Espejo, Providencia, Maipú, San Bernardo, Pudahuel y Recoleta entregaron el desglose sobre cuánto y en qué gastan en seguridad.
Y ahí se observa que el presupuesto de seguridad de las comunas se está utilizando de manera diferenciada, adaptándose a las necesidades específicas de cada territorio. Por un lado los municipios han intensificado sus gastos en áreas como personal, cámaras de vigilancia y patrullaje, mientras que en otros han optado por intervenciones puntuales, como la demolición de narco mausoleos.
En Las Condes los gastos giraron en torno a lo que la comuna identifica como “bienes y servicios de consumo”, que son elementos de protección, como cascos, guantes, botas, cinturones tácticos, linternas, gas pimienta, bastones retráctiles, mangas plásticas o cintas de peligro, entre otras. El gasto en estos ítemes alcanza los $ 7.520 millones, mientras que el segundo gasto más contundente en este desglose es el de “trasferencias corrientes”, traducidas en subvenciones a organizaciones vecinales para proyectos de seguridad, con la Unión Comunal de Junta de Vecinos y organizaciones barriales como destinatarios, quienes en su conjunto recibieron $ 6.973 millones. Finalmente el municipio da cuenta de algunas iniciativas puntuales, como 57 nuevas cámaras de videovigilancia, 30 controles de acceso a edificios, 25 cámaras lectoras de patente, 15 postes inteligentes, dos drones y 138 renovaciones de licencias para cámaras corporales, por $ 2.487 millones.
Su vecina Lo Barnechea reseña que los gastos están enfocados en su mayoría en personal, con montos que alcanzan los $ 7.047 millones, y luego en proyectos de seguridad, enfocados en tecnología, operación y equipamientos, con $ 2.009 millones. El traspaso al programa comunitario de seguridad, según identifican, recibe un total de $ 553.934.077.
En tanto, en Santiago su mayor parte de la glosa está destinada a camáras de televigilancia, donde se utilizó $1.882 millones para 200 dispositivos. En segundo lugar la comuna asegura que se utilizaron $ 1.200 millones en el programa Destacamento Santiago Seguro, que según explican es un plan lanzado en abril del año pasado y que a través de 60 agentes realiza labores de vigilancia en el sector. Otros gastos apuntaron a luminarias peatonales ($ 793.533.331), además de motocicletas y vehículos para patrullaje preventivo por $ 171.248.000.
Asimismo, Vitacura detalla que los gastos más altos apuntan a dos aspectos en particular. El primero es el personal por $4.478 millones, y el segundo a la compra del Sistema Integrado de Seguridad, que involucra la implementación de cámaras, equipamiento informático y software por $2.093 millones.
Por su parte, Recoleta explica que su presupuesto se conforma de convenios (57,35%) y el monto que el municipio proporciona (42,65%). Identifican que los mayores gastos se dividen así: un programas junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) que implica desembolsar $ 198.138.300 y en el pago de sueldos en su persona de planta por $ 315.089.228. En cuanto a herramientas disuasivas, el municipio gastó $ 14.800.000 en la adquisición de drones y siete cámaras corporales, además de la compra de motos a Carabineros por $ 80.300.000.
A su vez, en Providencia dieron cuenta que $ 4.361 millones son destinados única y exclusivamente a la contratación de personal para realizar funciones de seguridad, como patrulleros, operadores de cámara, radiooperadores y telefonistas. Mientras que $ 1.323 millones son destinados para la implementación y adquisición de elementos de seguridad para los patrulleros, además de vehículos, motocicletas y combustible para efectuar los patrullajes.
En Maipú detallaron que sus gastos más altos son en arriendo de vehículos por $ 757.039.298 y en fondos consursables que son destinados a alarmas, cámaras y luminarios por el monto de $ 309.995.070. Por su parte, desde Pudahuel dieron cuenta que el dinero lo destinan principalmente a programas comunitarios para prevención del delito ($ 2.000 millones), contratos de guardias de seguridad para núcleos deportivos ($1.224 millones) y arriendo de camionetas de seguridad ($ 787 millones)
Ñuñoa dice que el presupuesto estuvo enfocado en la renovación de luminarias de la comuna, con un gasto de $ 3.500 millones; la nueva flota de seguridad por $ 27.000.000 millones mensuales; y 12 nuevos puntos de cámaras por $140.000.000. Mientras, desde Lo Espejo explican que los montos más altos estuvieron en mejoramiento de luminarias ($ 3.853 millones) y en la adquisición de una central de monitorio de televigilancia para 29 puntos de la comuna por $ 2.600 millones.
En San Ramón los montos giran en torno a luminarias por $ 375.000.000, nuevas plazas y eliminación de mausoleos narcos por $ 225.000.000, y en programa de reinserción social por $ 83.000.000. Por último, desde San Bernardo especificaron que el mayor gasto estuvo en un proyecto para sumar 414 cámaras de televigilancia en sectores críticos de la comuna, con un costo de $3.193 millones.