El ciudadano ecuatoriano A.M.R. (49) llegó contagiado de Covid-19 a cumplir prisión preventiva por el delito de porte ilegal de armas, el 18 de junio de 2020. Tenía hipertensión y otros problemas cardíacos. Entró al penal Santiago I, donde de inmediato empezó a hacer cuarentena. Pero su estado de salud empeoró, por lo que lo trasladaron al hospital Barros Luco. El 17 de julio de 2020, un mes después de su ingreso a la cárcel, murió de coronavirus.
El 15 de junio, tres días antes de que A.M.R. ingresara a la cárcel, el ciudadano chileno J.O.M. (42), también murió de Covid-19. A diferencia del interno ecuatoriano, quien aún no estaba condenado por la justicia chilena, J.O.M. había sido declarado culpable en diciembre de 2017 por delitos reiterados de violación y abuso sexual a una menor de edad de 14 años y aún le quedaban 10 años por cumplir en la cárcel. En ambos casos, nadie pudo asistir a su velorio, ni a su funeral.
A.M.R. y J.O.M. son dos de las nueve víctimas fatales que dejó el coronavirus en las cárceles chilenas durante junio de 2020, el mayor número de muertos por Covid-19 en un mes del que tiene registro Gendarmería. Anteriormente, en mayo, fallecieron dos internos y entre julio y diciembre se sumaron otras siete personas fallecidas por el virus. En total, van 18 hombres muertos (ver infografía), de entre 30 y 92 años, con un promedio de edad de 62 años. Ninguna mujer. La mayoría de los decesos corresponden a reos con una o más patologías de base, entre ellas, hipertensión arterial, diabetes, gota, insuficiencia cardiaca, hipoplasia medular, hipotiroidismo, neoplasia, obesidad e insuficiencia renal. Todos fueron atendidos en las enfermerías de las unidades penales y luego derivados a hospitales externos. Sus muertes representan un 0,5% de los 3.680 reos que se han contagiado de coronavirus desde que se registró el primer caso el 29 de marzo de 2020, hace exactamente un año.
Además, la entidad penitenciaria registra 2.354 funcionarios que han padecido la enfermedad. De ellos, cuatro han fallecido por Covid-19, sin embargo, ninguno de ellos cumplía funciones como gendarme.
Dificultades y avances
En espacios con alto nivel de hacinamiento y en un ambiente de tensión constante, el temor de los internos por los efectos del Covid-19 se hizo sentir en la población penal, sobre todo al principio de la pandemia. En este contexto, Gendarmería tuvo que sortear una serie de situaciones de alta complejidad para calmar los ánimos internos. El 14 mayo de 2020, un grupo de presos de Colina I organizaron un motín y se enfrentaron a sus custodios cuando realizaban allanamientos a dos módulos, luego de que la noche anterior se generaran peleas entre los reos. El saldo fue 38 internos y 32 gendarmes lesionados. De ellos, 22 heridos fueron trasladados a hospitales. A dos meses del primer contagio, lo ocurrido en el penal de Colina I también se vivió en la Cárcel de Puente Alto, con una revuelta y un intento de fuga de tres reos, y en Santiago 1, con otro intento de escape.
Así, para descongestionar las cárceles en medio de la pandemia, en abril del año pasado el gobierno decidió conceder el beneficio de indulto conmutativo a condenados, quienes pasaron a cumplir sus penas con arresto domiciliario total. A raíz de esta medida, de acuerdo al Ministerio de Justicia, en total egresaron de las cárceles 1.717 personas que cumplían penas privativas de libertad.
Tras un año de la pandemia en los penales chilenos, el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, asegura que “la situación hoy está mucho más tranquila, el personal ha podido también internalizar que la probabilidad de contagio es real y cuando se contagian se toman las medidas. Hemos tenido un manejo que ha tranquilizado a la población penal y cualquier brote se atiende en forma inmediata”.
Pero el camino no fue fácil. Según Alveal, al inicio de la pandemia hubo un “aprovechamiento de esta situación por parte de personas que tienen mayor poder por sobre otros en el contexto que se estaba dando, hablaban de enfermos que estaban con Covid-19 que no eran atendidos Gendarmería y fueron generando una suerte de intención para que el público encontrara razonable, e incluso hasta plausible, una evasión”. De esta forma, dijo que algunos reos trataron de convencer a otros que “si ellos se quedaban en las cárceles se iban a morir porque Gendarmería no les prestaba el apoyo sanitario que requerían. Esa fue una situación que se produjo en algunas cárceles, particularmente en Santiago I, Colina I y Puente Alto en dos ocasiones, pero las demás situaciones que vivimos no alcanzaron estos niveles de violencia”.
A estos episodios, indica Alveal, había que sumarle el verdadero temor y la inseguridad que tenía la población penal de no ser atendido por estar presos. Así fue como nació una estrategia llamada “Delantal Blanco” para que se hicieran operativos médicos a nivel nacional y que los internos vieran a funcionaros de salud vestidos, justamente, con indumentaria blanca para transmitirles que se estaba trabajando en su atención médica.
En paralelo, dijo que empezaron a abastecerse fuertemente de elementos de protección personal y a internalizar su uso en las cárceles. En total, de acuerdo a cifras de Gendarmería, se han invertido $6.300 millones en insumos y sanitización de los carros en los que se trasladan los internos y en las dependencias de la población penal y del personal penitenciario. Todo este trabajo ha sido coordinado con el Ministerio de Justicia.
“Respondimos con bastante efectividad. De todos los problemas que se originaron, ninguno fue obstáculo para poder avanzar y tener control de esta crisis, y nunca escalar a una crisis de seguridad nacional, sino que fueron algunas puntuales reacciones, unas mucho más graves que otras, pero siempre mantuvimos esto como una crisis sanitaria y no como una crisis de seguridad”, enfatiza.
Sin visitas presenciales
El 19 de marzo de 2020, la capellán de la cárcel de mujeres de San Joaquín Nelly León habilitó su oficina en el penal como dormitorio. Ese día decidió quedarse a vivir con las 470 internas y no volver con su comunidad de las Hermanas del Buen Pastor en San Felipe. La religiosa ha vivido en primera persona lo que es estar encerrada en la cárcel en medio de la pandemia. Dice que en general la situación se ha manejado bien en el penal ya que ninguna presa ha tenido que ser hospitalizada hasta ahora. “Estoy agradecida del Cesfam San Joaquín porque ellos han estado muy prontos a venir a hacer los PCR cuando se les han solicitado y ya vacunaron a todas las mujeres de la cárcel”, indica.
Sin embargo, señala que una de las situaciones más complejas, principalmente para las mujeres que son madres, es no poder ver por meses a sus hijos. “Yo creo que ellas se han comportado con muchísima mayor madurez que los hombres. Las mujeres viven de distinta manera todas sus emociones porque ellas nunca pierden el objetivo que ante ellas mismas están sus hijos. Recuerdo que antes de que prohibieran las visitas a las cárceles oficialmente a fines de marzo, ya habían internas que de común acuerdo habían solicitado no recibir visitas por cuidar a su familia. Claro que nunca pensaron que esto iba a ser tan prolongado. Recién las visitas se abrieron para navidad”, detalla León.
En noviembre de 2020, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, envió un oficio al ministro de Justicia, Hernán Larraín. En el documento, le pidió información sobre las medidas para el restablecer las visitas en los establecimientos penitenciarios. “Advirtiendo el INDH que los paliativos que se han puesto a disposición de los internos por Gendarmería, tales como, comunicaciones por medio de computadores y/o teléfonos, de acuerdo a la información recogida por nuestros funcionarios, han sido en general insuficientes (...), se torna aún más necesario garantizar el derecho a la comunicación y vinculación familiar”, dice el texto.
César Pizarro, director de la ONG 81 Razones, nombre que alude a las 81 personas que murieron en el incendio en la Cárcel de San Miguel en diciembre de 2010, cuestiona el hecho de que se dieran permisos para vacaciones mientras los presos aún no podían recibir visitas. Además, señala que hay una falta de insumos de prevención para la población penal: “No alcanzaron ni a cubrir al 30% de la población reclusa del país, incluso a algunos internos del penal de Rancagua les llegó la mitad de un jabón en un mes, además de que no contaban con agua potable las 24 horas de día por cortes programados por la misma institución, situación que se produce en la mayoría de las cárceles del país”.
Hoy, según el Ministerio de Justicia, se encuentra completamente operativo el “Protocolo de reactivación de visitas a unidades penales y otras actividades”.
Proceso de vacunación
La delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja, Rita Palombo, valora el manejo del gobierno chileno en las cárceles ante la crisis sanitaria y asegura que nuestro país lleva la delantera en esta materia. “Definitivamente nos parece que Chile es el país donde el proceso de vacunación para personas privadas de libertad está más avanzado. En ese sentido la experiencia de Chile en sus centros de detención podría ser importante para otros países de América Latina”, dice.
Según cifras del Ministerio de Justicia, al 24 de marzo de 2021, se han vacunado 12.081 personas privadas de libertad con la primera dosis y 430 con la segunda dosis. Y en relación a los funcionarios, se han vacunado 10.584 con la primera dosis y 2.963 con la segunda.
Sumando y restando, Alveal hace un balance positivo de un año complejo. “Siento que esta crisis a un año de haberla vivido nos ha servido para mostrar la valía del personal uniformado y no uniformado y de toda una institución capaz de hacer frente a una crisis de esta complejidad y tener resultados bastante favorables en relación a algunos pronósticos que se hicieron por parte de algunos sectores”, asegura.
Sin embargo, dice estar consciente que la crisis aún no ha terminado: ”Estamos viviendo quizás la segunda ola y que no podemos bajar los brazos, se tiene que seguir instando al personal y a la población penal a que privilegien el auto cuidado”.