La respuesta de rectoría y Santiago al petitorio de los estudiantes del Instituto Nacional

“Junto a la entrega del presente compendio de demandas, se le exige a las autoridades correspondientes un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de una respuesta sólida y concreta”.

Eso se leía en el ‘Compendio de demandas del estudiantado del Instituto Nacional (IN)’ con que los alumnos del establecimiento recibían a la nueva rectora Carolina Vega el 16 de mayo y que pedía, entre 15 puntos, más docentes y cambios en el menú y que al día siguiente los llevó a votar la toma (este martes se vota mantenerla o no luego de una reunión de ayer entre estudiantes y autoridades comunales y del recinto) para presionar por esa respuesta.

Cumpliendo ese plazo tanto la rectoría del recinto como el sostenedor -Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM)- entregaron su réplica el viernes 19 de mayo. “Si ellos sienten que lo que están poniendo lo necesitan, es pertinente, y vamos a entregarles una respuesta”, decía en La Tercera Sábado la máxima autoridad institutana.

Pero ¿qué dice el texto de 13 páginas titulado ‘Respuesta a compendio de demandas estudiantes Instituto Nacional’?

“Valoramos de manera significativa el ejercicio reflexivo y también propositivo que se expresa en los puntos planteados por nuestro estudiantado. Ello aporta de forma relevante a los desafíos que tiene el Instituto Nacional en el presente siglo a través del desarrollo de su proyecto educativo. El presente documento entrega elementos que buscan responder a las inquietudes planteadas, así como también informar sobre acciones realizadas, en curso o por realizarse”, se lee ahí.

Así, tanto rectoría y DEM fueron respondiendo punto por punto las 15 solicitudes (12 internas y tres externas) de los alumnos. “Frente a cada uno se realizan comentarios y, según corresponda, se presentan propuestas de trabajo”, se explica.

El primer punto del petitorio hacía referencia al “respeto a instancias organizativas del establecimiento”. Respecto de esto y las denuncias de “persecuciones por parte de inspectores y profesores”, la respuesta dice que las organizaciones estudiantiles “se encuentran garantizadas” y que en pos de resguardar su desarrollo, “enfatizamos la necesidad de coordinar las convocatorias por medio de interlocutores válidos del estamento estudiantil”.

En esta línea, el texto propone establecer un protocolo para las instancias de convocatorias, con el fin de asegurar su organización y la participación de los convocados, en coordinación con la rectoría, comprometiendo el protocolo para junio de 2023. Asimismo, en torno a la exigencia de otro protocolo para el actuar de Carabineros, “es necesario recordar que, tal como se menciona en el compendio, la dependencia directa radica en el Ministerio del Interior”, se lee, además de recordar que ya se han hecho gestiones para ello.

La segunda y tercera demanda tienen que ver con salud mental (se exigen cuatro sicólogos por nivel) e infraestructura (mejoras, instalaciones y remodelaciones). Sobre la primera se responde que la demanda del año pasado ya fue “materializada con la contratación de tres profesionales”. Luego se explica: “La aproximación que resulta más adecuada para el fenómeno de la salud mental en el contexto escolar es el enfoque comunitario” y que por ello se propone instaurar iniciativas para la integración de sicólogos comunitarios que promuevan instancias de bienestar. Para esta acción se define como plazo julio de 2023. Además, se propone reforzar y reorientar el trabajo del equipo de orientación y multidisciplinario desde la semana que viene, así como actualizar el Reglamento de Evaluación de acuerdo con las normativas de inclusión señaladas para la petición sobre flexibilizar trabajos para estudiantes que padecen algún tipo de condición mental diagnosticada.

Mientras, sobre infraestructura se entrega una de las respuestas más extensas de todas. Ahí se recuerda que ya se “han realizado esfuerzos con el objetivo de mejorar e intervenir en la infraestructura del establecimiento”; que se lograron dos fuentes de financiamiento “para responder de una vez por todas la demanda histórica por remodelar las salas de clases”; que el Concejo Municipal aprobó en el Presupuesto Municipal 2023 un monto de $ 330 millones de pesos para este propósito; que el municipio presentó 40 iniciativas al programa del Mineduc para “Reparación y Recuperación de establecimientos educacionales en situación de urgencia 2022″, de los cuales 22 fueron declaradas elegibles entre los que se encuentra el IN; y un levantamiento de recursos con el Ministerio de Obras Públicas.

Pero, además, se detalla que se han iniciado gestiones para la habilitación de dos baños plurigenéricos dentro de las próximas semanas; que el establecimiento pondrá a disposición toallas higiénicas además de los dispensadores de preservativos ya disponibles; que la remodelación de camarines, “por el tipo de trabajos involucrados no es posible incluirlos en los proyectos de conservación”, por lo que el compromiso es generar un proyecto con el primer semestre de 2024 como horizonte. Asimismo, se lee que se iniciaron las gestiones para la instalación de los puntos de reciclaje solicitados.

Para la petición de “comodidad para personas neurodivergentes” se proponen charlas y capacitaciones para la comunidad educativa, mientras que para el quinto punto del petitorio, el de mejora de insumos básicos (plumones, pizarras, jabón, papel higiénico, artículos de enfermería o instrumentos para materias artísticas o deportivas), se responde que el proyecto de remodelación de salas contempla el abastecimiento de materiales. Lo anterior, agregan, se suma a las adquisiciones de 2022, entre proyectores, telones y más de 300 computadores. “Respecto a los insumos para la enfermería, se compromete su disposición a través de la gestión interna de rectoría utilizando recursos de la subvención pro retención”, se añade.

Más adelante, sobre el incremento de docentes se recuerda que durante el año pasado se estableció a nivel comunal el Plan de Apoyo Pedagógico que destinó la contratación de 300 horas docentes para el IN. “Actualmente este estamento se encuentra con sobredotación, por lo que no se pueden aumentar las contrataciones, solo gestionar los reemplazos en casos de licencias médicas”, se justifica, al tiempo de señalar que se espera que el área de administración “pueda mejorar la organización del trabajo del personal auxiliar, lo que debiera redundar en mejoras para la comunidad”.

En cuanto a la solicitud de opciones vegetarianas y veganas en el menú, la respuesta es clara: “El Programa de Alimentación Escolar depende exclusivamente de las directrices enviadas desde Junaeb, por lo que cualquier modificación al programa debe abarcar las diferentes necesidades de los establecimientos tanto de la comuna como del resto de la región, dado que estas no se realizan de manera particular para cada establecimiento”. Por esto el compromiso de las autoridades es a trabajar “para que se haga realidad la existencia de una instancia de trabajo formal -julio 2023- con Junaeb sobre estos temas”.

El punto 8, sobre flexibilidad con el uniforme y reforma del RICE, ninguno se zanja, pero sí se propone trabajar en ello, como lo referido a la vestimenta, que será abordado en el próximo Consejo Escolar de junio. Mientras, sobre la recuperación y restauración del complejo deportivo ‘El Estadio’ (punto 9 del petitorio) perteneciente al IN y ubicado en Vitacura, se detalla que el año pasado se logró un convenio de colaboración entre el Mindep, Instituto Nacional de Deportes y el municipio con una inversión de $ 299.571.361. En julio se hará la licitación para ese proyecto de conservación.

Mientras, acerca de la mayor preocupación, financiamiento y personal “competente” para las academias extraprogramáticas, se responde que se gestionarán “los recursos y espacios requeridos para el buen funcionamiento”, así como que en cuanto a la petición de un “entorno de salubridad seguro” se trabajará en un levantamiento para conocer la cantidad de basureros y dispensadores de jabón que se necesita adquirir.

Para la última demanda interna en cuanto a una mayor incidencia de decisiones, se propone retomar las mesas de trabajo con participación estudiantil.

Finalmente, sobre las tres demandas externas -educación sexual integral, educación cívica y filosofía; derogación de la ley Aula Segura; y cambio en el sistema de admisión, fin a las pruebas de admisión, fin al ranking y al NEM- solo se responde a la primera de ellas: “Se propone la creación de un plan de formación para el estudiantado desde inicios del segundo semestre de 2023, el cual será desarrollado por la Coordinación Comunal de Género y la Secretaría de Género del establecimiento”.