Quienes conocen del funcionamiento de la Corte Suprema son claros en sostener que durante todo este 2024 ha sido todo un desafío configurar la integración de las cuatro salas que conforman el máximo tribunal. Esto, porque durante el periodo se han mantenido vacantes los cupos que dejaron los ministros Guillermo Silva, Haroldo Brito y Jorge Dahm, y la otrora fiscal judicial Lya Cabello.
Por lo mismo, como reconocen en los pasillos del Palacio de Tribunales, les ha costado encajar las piezas necesarias para continuar con las labores habituales. De hecho, en más de una ocasión no lo han logrado. En tres oportunidades la Cuarta Sala ha debido suspender sus labores para lograr que las demás tengan el quórum mínimo necesario para sesionar: tres ministros titulares y dos abogados integrantes.
El escenario se calificaba complejo, aunque se puso aún más cuesta arriba luego de que pleno decidiera abrir un cuaderno de remoción a la ministra Ángela Vivanco -producto de revelaciones vinculadas al caso Audio- y, al mismo tiempo, suspenderla de sus funciones.
Sin ir más lejos, la vocera, María Soledad Melo, abordó el tema en extenso, asegurando que se están haciendo todos los esfuerzos. “Estamos enfrentando una situación que es compleja, el Pleno lo reconoce, estamos de acuerdo con ello y nosotros estamos tratando de salir adelante de la mejor forma posible con los ministros que estamos actualmente en funciones y tratando de sostener el Poder Judicial y tratando de dar una imagen a nuestros funcionarios y jueces. La idea nuestra es trabajar, que es lo que siempre hemos hecho, el servicio judicial tiene que continuar, no obstante que pueda haber inconvenientes en el camino, que tengamos estas crisis como ustedes la han señalado y que nosotros reconocemos también que es una crisis que nos afecta, por supuesto”, dijo.
Los más escépticos, en todo caso, plantean que la situación puede llegar a ser aún peor durante las próximas semanas. Lo anterior, porque si avanzan las acusaciones constitucionales presentadas en contra de tres titulares -Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz- al Senado, otros dos ministros podrían quedar suspendidos de sus labores durante la segunda quincena de octubre.
A eso hay que sumar, además, que el jueves 24 culmina su periodo el ministro Juan Eduardo Fuentes y que también, producto de sus labores en el Tribunal Calificador de Elecciones, deberán salir en comisión de servicio otros cuatro ministros que tendrán que analizar las reclamaciones que se presenten tras las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, que tienen lugar el próximo 26 y 27 de este mes. Se trata de Sergio Muñoz, Mauricio Silva, Arturo Prado y María Cristina Gajardo.
Así las cosas, fuentes de tribunales insisten en que cada vez se hace más real la posibilidad de que las salas deban ir suspendiendo su trabajo, con lo que se avizora un fuerte atasco en la vista y resolución de las causas. Porque además, durante los meses de septiembre y octubre los ministros suelen realizar las visitas que les corresponden respecto de sus jurisdicciones, lo que “estresa” aún más el sistema.
¿La luz al final del túnel?
Dado el escenario, no son pocos los que urgen porque se nombre a la brevedad a los ministros que “reemplazarán” a quienes dejaron sus cargos, ya que así se podría descomprimir el escenario.
Eso, en todo caso, ha generado que también aumente la presión para que el Senado apruebe los nombres propuestos por el gobierno: Jessica González, Mireya López, y Jorge Pizarro para la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.
Hay magistrados que, incluso, se aventuran en sostener que si la Cámara Alta no visa las designaciones podrían terminar siendo “cómplices” de la denegación de justicia que podría implicar la suspensión de labores en el máximo tribunal y el atasco de las causas.
Sin embargo, hay quienes se inclinan para que primero se reformule el cuestionado sistema de nombramientos, como el otrora titular del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica, quien postula que se deben congelar las designaciones.
De hecho, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Aróstica llamó a hacer una “pausa” respecto de los nombramientos. “En las actuales circunstancias, no podemos seguir repitiendo el error”, dijo.
Las tentaciones y un modelo en crisis
Consultado sobre la materia, el abogado José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial, coincide con las voces que indican que el sistema de nombramientos debe ser modificado y también con aquellos que sugieren que parlamentarios podrían estar “tentados” a querer paralizarlo todo.
Pese a ello, recalca que es importante que se llenen los cargos vacantes pues se está ante un organismo que “está al borde de dejar de funcionar con normalidad y que ya está operando a media máquina, al filo de lo que se requiere, en el límite”.
“Es indispensable que los actores políticos que intervienen en el nombramiento, es decir el Ministerio de Justicia, la Segpres y los senadores, faciliten que la cabeza del Poder Judicial funcione con un mínimo de normalidad en un contexto que obviamente está convulsionado”, sostuvo.
Agregó, en el mismo sentido, que el gobierno tiene una clara responsabilidad en el escenario que hoy enfrenta la Corte Suprema, pues más allá de que los nombramientos en el Senado enfrenten complejidades, se debe recordar, a su juicio, que la vacante del ministro Silva está sin reemplazo desde noviembre de 2022. “Eso rompe con exceso todos los récords, lo que es inaceptable”, dijo.
“Ha habido una omisión en cumplir con el deber de nombrar a los ministros, proponerlos al Senado y en conseguir que esas nominaciones tengan éxito. Está bien que ahora los promuevan, pero es bastante tarde”, acotó el profesional.
