La trama detrás del secuestro de Collipulli que terminó en torturas, un homicidio y 12 imputados en prisión preventiva

En siete horas la Fiscalía de Alta Complejidad expuso ante el juez de Garantía de Collipulli, Daniel Riquelme, uno de los casos más violentos que ha remecido a la región. La indagatoria, iniciada a inicios de junio por la PDI y el Ministerio Público, partió como un confuso secuestro del que nadie entendía nada.

De a poco la fiscalía logró cerrar el círculo y armar el puzle. Todo gracias a los pocos imputados que, buscando beneficios futuros, han colaborado en la indagatoria. El jueves se entregaron dos. Ese mismo día se detuvieron cuatro más. El viernes cayeron cinco y ayer en la madrugada se entregó el último.

Los hechos relatados por la fiscalía durante la audiencia revelan lo que fue la trama de esta historia. El punto de inicio —que incluye dos secuestros violentos, torturas y un homicidio— es el miércoles dos de junio. Ese día, nueve de los doce imputados que fueron formalizados ayer se reunieron en la casa de uno de ellos ubicada en la comunidad Choin Lafkenche en el sector Victoria Unida de la comuna de Collipulli.

A todos les preocupaba un asunto: el robo de armas de fuego y marihuana que habían sido escondidas en el predio de dos de los imputados. De acuerdo a los antecedentes —revelados en el Juzgado de Garantía de Collipulli por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido— el objetivo de ese encuentro era acordar un plan para recuperar los bienes robados.

El asunto no habría sido tan complejo de resolver ya que los nueve sospechaban de una sola persona: un mecánico de iniciales E. A. A. M (28). Esta persona no era un desconocido ya que semanas antes había hecho algunos trabajos en el predio. Ese día, dijo el fiscal según presentes en la audiencia, los imputados acordaron ubicar al sospechoso y exigirle que devolviera las cosas que supuestamente había robado.

Los nueve imputados echaron a correr su plan. Los hechos que presentó la fiscalía ante el tribunal revelan que una de las imputadas llamó por teléfono a la víctima para pedirle que le arreglara uno de sus autos que estaban en el predio. El mecánico aceptó y otro de los imputados lo fue a buscar hasta su casa para llevarlo al terreno donde ocurriría el secuestro.

Una vez que llegaron, de acuerdo a los antecedentes recabados por los fiscales y la PDI, la violencia se desató y comenzaron los ataques. Tres de los imputados lo golpearon, dijo el Ministerio Público, con “objetos contundentes”. La víctima trató de escapar, pero sus esfuerzos habrían sido inútiles ya que otros dos imputados lo golpearon hasta que se cayó al suelo.

Quienes estuvieron presentes en la audiencia comentan que la exposición del Ministerio Público —que además de Garrido estuvo a cargo de los fiscales Enrique Vásquez y Felipe González— continuó exponiendo que los imputados inmovilizaron a la víctima y la trasladaron a una bodega en la parte trasera del terreno. Los golpes no cesaron y entre medio los imputados lo habrían interrogado sobre las armas y la droga aparentemente robadas. Como no obtenían respuestas, los golpes aumentaban de manera aún más violenta.

Los imputados no estaban conformes porque pese a todo el daño que le estaban provocando, no obtenían ninguna respuesta satisfactoria. En ese momento, expusieron los persecutores, la víctima fue trasladada de lugar. Aquí aparece un nuevo imputado, que es hijo de una de las mujeres del grupo, quien fue el encargado, juntos con otros sospechosos, del traslado.

La víctima fue llevada a otro predio ubicado en el sector Mulito, también de la comuna de Collipulli. En esta operación la tortura habría continuado con nuevas maniobras realizadas, ahora, en uno de los ríos que atraviesan el terreno. Por eso fue que el sábado el vocero de la Fiscalía de La Araucanía, Miguel Rojas, reconoció que la causa se trataba de hechos de “violencia inusitada”.

Todo ese miércoles los imputados presuntamente involucrados en los hechos no cesaron sus torturas. Querían respuestas y aparentemente no se iban a detener hasta encontrarlas.

Como seguían sin obtener la información que necesitaban, durante los días siguientes —jueves, viernes y sábado de esa primera semana de junio— los imputados construyeron un refugio, juntaron alimentos y mantuvieron secuestrada a la víctima. En este momento se sumó un nuevo imputado cuya función habría sido la de ayudar en la custodia.

Como el mecánico llevaba varios días sin haber estado en contacto con sus cercanos, quienes participaron de la audiencia de formalización comentan que el Ministerio Público aseguró que los imputados lo habrían obligado a enviar mensajes de audio por Whatsapp para evitar levantar sospechas. Si la víctima no hacía lo que le ordenaban, habría relatado Garrido, lo golpeaban. Durante todos estos días el interrogatorio continuó y las agresiones físicas también.

El domingo 6 de junio los imputados concluyeron que había otra persona, de iniciales E. C. M. B. (46), que también debería tener información sobre las armas y drogas robadas. Por eso mismo, expusieron los investigadores ante el tribunal, el lunes los imputados planearon cómo capturar al otro implicado. Todo mientras la víctima seguía secuestrada en el refugio improvisado por los imputados.

El martes 8 de junio los imputados se encapucharon, tomaron algunas armas y llegaron hasta el taller mecánico de la nueva víctima. En una escena de alta violencia, procedieron a secuestrarlo, lo subieron a la parte trasera de una camioneta y partieron rumbo al refugio.

Una vez que llegaron al lugar lo habrían desnudado y, de acuerdo a lo expuesto ayer en el tribunal ante el juez Riquelme, procedieron a torturarlo de una forma aún más brutal. Esta tortura también habría incluido, para ambos, “vejaciones sexuales”. La nueva víctima también sufrió de las mismas maniobras en el río que cruza el predio. Los azotes, golpes y el violento interrogatorio continuaron desde el 9 hasta el 11 de junio.

En la madrugada del sábado 12 de junio la víctima E. A. A. M. tuvo suerte. Los hechos relatados por el Ministerio Público dan cuenta de que logró sacarse las amarras, aprovechó un descuido de los imputados y huyó hacia la casa de uno de los vecinos del lugar donde pidió auxilio y pudo comunicarse con Carabineros. La PDI y la fiscalía pudieron acreditar que pese a escapar con éxito tuvo graves lesiones en la cabeza, rostro, boca, espalda, tórax, brazos y piernas.

Cuando los imputados se dieron cuenta, desataron su rabia con la otra víctima hasta provocarle la muerte. Posteriormente, según la formalización de la fiscalía, trasladaron los restos del cuerpo para deshacerse de él. Luego de un intento infructuoso con ácido, lo quemaron en una fogata junto con el resto de la evidencia. También habrían aprovechado de esconder escopetas, cartuchos y otras armas que usaron en el secuestro.

Luego de exponer todos los hechos, los fiscales realizaron las siguientes imputaciones. A Cristopher Jara Fuentealba, Diego Mansilla-Villena Córdova, Stephany Pérez Ancalaf, María Adela Ancalaf Llaupe, Héctor Artigas Vásquez, Alexi Villa Carrasco, Bryan Ercoli Catrileo, Ricardo Aránguiz Genel, Guillermo Pérez Ancalaf y Mario Romero Nahuel el Ministerio Público les imputó los eventuales delitos de secuestro agravado y secuestro con homicidio. En tanto a Jonathan Campos Hernández se le formalizó por el supuesto ilícito de secuestro con homicidio y a Jonathan Abarcia Ancalaf por posible secuestro agravado.

Además a Jara y Mansilla-Villena se les agregó un presunto delito de la ley de control de armas y de la ley 20.000 por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Esto debido a que en una incautación realizada por la PDI el 18 de junio, la policía encontró a ambos imputados en una casa en la cual tenían guardado más de 170 gramos de cannabis, una balanza digital y poco más de un millón de pesos en efectivo. Finalmente a Stephany Pérez, Villa y Ercoli se les incluyó el mismo eventual ilícito por ley de armas.

El juez de garantía decretó, al final de la audiencia, la prisión preventiva de los doce imputados.

¿Por qué el robo de armas y droga terminó en todo esto? Hasta el momento esa pregunta no tiene respuestas claras, pero fuentes de la investigación comentan que los hechos fueron escalando de a poco hasta el punto de que a los imputados se les fue de las manos. Hasta el momento, dicen las mismas fuentes, no existe nada que sustente la hipótesis de que las armas eventualmente robadas estén vinculadas al homicidio del cabo de Carabineros Francisco Benavides.

De hecho la descripción de las armas que hacen los imputados que están colaborando con la investigación, y que ya declararon en la causa, no coincide con las que se usaron en el homicidio de Benavides. Ellos relatan que las armas perdidas son dos escopetas calibre 16, un rifle calibre 22 y un revólver 38, pero en la muerte del uniformado se usaron armas de calibre 9.

Además tampoco hay antecedentes que confirmen que las armas fueron robadas por las víctimas. De hecho el que sobrevivió nunca reconoce habérselas llevado. Uno de los imputados que declaró dijo que uno de los secuestrados, en un momento en medio de las intensas torturas, dijo que las habían vendido. Sin embargo pudo ser una confesión inducida por la tortura.