La vida política de Isabel Allende está en manos del Tribunal Constitucional

En diciembre de 1993, María Isabel Allende Bussi fue electa diputada por Coquimbo. Cambió de distrito en la elección siguiente y por tres periodos representó a electores de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

Diecisiete años después, en diciembre de 2010, alcanzó un escaño en el Senado por Atacama y en la siguiente elección de senadores, ocho años después, fue electa para representar en la Cámara Alta a la sexta circunscripción de Valparaíso, hasta marzo de 2026.

Hoy, sin embargo, su trayectoria de tres décadas en el Congreso corre el riesgo de tener un cierre anticipado.

Desde las 09.30 horas, el Tribunal Constitucional (TC) escuchará a las partes para tomar una determinación ante el requerimiento de parlamentarios de oposición que busca destituir a la senadora por su rol en la fallida venta de una propiedad de su familia en calle Guardia Vieja.

La senadora arriesga perder su escaño en la Cámara Alta por haber suscrito un contrato para que Bienes Nacionales adquiriera la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, lo que vulneró el artículo 60 de la Constitución, que señala de forma expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

En medio siglo de historia del TC, nunca antes ha sido interpretado el mencionado artículo.

La frustrada operación le costó el puesto de ministra a Marcela Sandoval en Bienes Nacionales y a Maya Fernández, sobrina de la senadora, en Defensa, que renunciaron a sus cargos por los cuestionamientos.

“Yo pude haberme equivocado, lo va a dirimir el Tribunal Constitucional”, afirmó a mediados de enero la senadora del Partido Socialista (PS).

Fernández también es una de las propietarias del inmueble en cuestión. En paralelo a el proceso en el TC, la legisladora y la exministra enfrentan como imputadas una investigación penal que dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ante una querella presentada por el abogado del Partido Republicano Raimundo Palamara.

El Presidente Gabriel Boric figura también como imputado en esa causa por un presunto fraude al fisco y prestó declaración ante el fiscal Cooper en La Moneda.

Durante el análisis de la acusación constitucional que la oposición impulsó a raíz del caso contra Maya Fernández y que fue rechazada en la Cámara de Diputados, se consultó al abogado constitucionalista Patricio Zapata su opinión y el experto manifestó sus reparos, recordando en la comisión revisora que el propio Congreso aprobó recursos para que se ejecutara la compra.

Zapata, en esa ocasión, hizo un llamado a tener en cuenta el sentido original de la norma, que busca garantizar la probidad de los funcionarios públicos y apuntó a que Fernández incurrió en un error que era insuficiente para sancionarla con cinco años de prohibición de ejercer cargos públicos.

“El solo hecho de celebrar un contrato ha sido entendido a esta altura de manera muy transversal como no suficiente. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un beneficio distinto al que habría obtenido un particular. Tiene que haber habido una negociación directa”, sostuvo el letrado.

Por otro lado, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, defendió el actuar del organismo que dirige y explicó que solo se aprobó un autorización previa dentro del proceso, al Ministerio de Bienes Nacionales, tal y como lo estipula la ley.

“Este primer decreto es un acto preliminar que solo autoriza al fisco a adquirir un inmueble en particular, por lo que aquel, por sí solo, no valida el tenor ni las partes de una eventual compraventa que en el futuro se celebre, la que deberá ser aprobada por un acto administrativo específico y posterior, el que debe someterse a su propio control de legalidad”, explicó.

El abogado Gabriel Osorio, representante de Allende ante el TC, utilizó argumentos similares en la respuesta a los requerimientos que hizo llegar al organismo.

Osorio planteó allí que la senadora no incurrió en falta alguna, al no haberse materializado, desde la perspectiva del derecho público, la operación cuestionada. Asimismo, puntualizó que la compraventa no tenía “un interés privado, sino un interés eminentemente público”.

En marzo, el TC, por unanimidad, acordó no abrir el período de pruebas y así revisar directamente el fondo del requerimiento.

Allende señaló hace unos días que su defensa solicitó que se procediera de esa forma.

“La razón es muy simple. Yo creo que el abogado siente que la defensa fue suficientemente clara y que aquí no hubo un contrato, que se hubiera finalizado en un decreto aprobatorio. Evidentemente, ese proceso no continuó, no se llevó a cabo, no hay un pago, no está inscrito, etcétera. Y aparte de eso, obviamente, que era un bien público. Y de ahí el interés del Ejecutivo”, remarcó la parlamentaria.

El Pleno del TC procederá este jueves a la vista de la causa, habrá alegatos, luego la deliberación y finalmente la sentencia. Fundamentando el requerimiento del Partido Republicano va a exponer el abogado Emiliano García y Máximo Pavez lo hará en representación de Chile Vamos. La senadora será defendida por Gabriel Osorio.

Los ministros Miguel Ángel Fernández, Nancy Yáñez Fuenzalida, Daniela Marzi Muñoz, María Pía Silva Gallinato, Raúl Mera Muñoz, Alejandra Precht Rorris, Héctor Mery Romero, Catalina Lagos Tschorne, Marcela Peredo Rojas y Mario Gómez Montoya, tienen que pronunciarse.

La ministra Daniela Marzi, actual presidenta del organismo, nombrada por el Presidente Gabriel Boric en abril de 2022, decide en caso de empate.

La jurisprudencia histórica del Tribunal Constitucional dice que todos los intentos por destituir parlamentarios han sido rechazados.

La casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja, Providencia, fue el hogar del expresidente Salvador Allende con sus hijas y su esposa, Hortensia Bussi, entre 1953 y 1971. El inmueble fue construido por el arquitecto Fernando Castillo Velasco en 1948.

A fines de 2024, el gobierno informó que esa propiedad y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.

Un decreto de cinco páginas del Departamento Jurídico del Ministerio de Bienes Nacionales autoriza la adquisición del inmueble, el 25 de noviembre de 2024. El documento especifica que el precio total de compra ascendería a 24.291,72 UF, equivalentes a cerca de 930 millones de pesos.

El 3 de enero, sin embargo, determinaron no seguir adelante con la operación. “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, señaló La Moneda en un comunicado.