“Usted como hijo del senador Manuel José Ossandón puede abstenerse de prestar declaración en esta causa penal, dado que el imputado es su papá”, le advirtió el 18 de junio el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, a Nicolás Ossandón Lira -hijo del parlamentario RN-, quien declaraba como testigo a través de Zoom. “Quiero entregar mi testimonio para que todo esto se aclare de una buena vez, fiscal”, respondió el joven administrador de Cavilú SpA, empresa dedicada a la extracción de áridos y origen de los líos judiciales que hoy complican a su padre.

El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, solicitará en un par de semanas la formalización por tráfico de influencias en contra del senador Ossandón, tras reunir una serie de pruebas que configurarían el delito que sanciona “al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses”.

El comienzo de esta investigación se remonta a la denuncia que presentó el 9 de noviembre de 2018 el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda -primo del parlamentario-, con quien, además, mantiene una rencilla pública en esa zona. En ese documento, Balmaceda acusó a Ossandón de realizar una serie de presiones indebidas sobre él y otros integrantes del concejo municipal para destrabar un convenio firmado con Puente Alto respecto de la concesión que le permitía a Cavilú SpA llevar adelante un negocio de extracción en el río Maipo. El punto, advirtió entonces Balmaceda, es que nunca transparentó que uno de los socios de Cavilú era su hijo Nicolás Ossandón.

Al inicio, esta investigación estuvo en manos del entonces fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien justo en esa época se postulaba para el cargo de secretario del Senado, el cual consiguió en abril de 2019. La indagatoria la heredó el nuevo fiscal de esa zona, Héctor Barros, pero debió inhabilitarse por haber sido abogado de la Municipalidad de Puente Alto en el pasado. De ahí llegó a manos del jefe de la Zona Oriente, Manuel Guerra.

Ahora, sostienen quienes conocen de la investigación, falta sólo una diligencia para ingresar el escrito para pedir audiencia de formalización al Juzgado de Garantía de Puente Alto. Como el senador tiene fuero parlamentario, el persecutor no puede citarlo a declarar. Sin embargo, el miércoles 24 de junio se contactó con el abogado del senador para cursarle una “invitación” a entregar su testimonio como imputado. Eso, cinco días antes de que el parlamentario comunicara que, en una situación inédita, por segunda vez daba positivo a Covid-19. El parlamentario, cuyos síntomas advirtió eran “mucho más complejos” que la vez anterior, debió permanecer en cuarentena. Su interrogatorio ante la fiscalía quedó en suspenso.

De quién es la plata

“Documento reservado”. Así está nominada en el Juzgado de Garantía de Puente Alto la resolución en que el juez Felipe Prenafeta ordenó alzar el secreto bancario de la cuenta corriente de Nicolás Ossandón Lira. La decisión judicial se adoptó luego de que el fiscal Sepúlveda expusiera ante el magistrado -el 19 de marzo pasado- los antecedentes reunidos en la investigación que lo llevan a sospechar que el hijo era una suerte de “palo blanco” del padre.

Para esa fecha, dice el fiscal en un escrito al que tuvo acceso La Tercera, “es un elemento trascendente determinar el origen de los dineros aportados por Nicolás Ossandón a Cavilú”. El investigador sostiene ante el tribunal que “no es usual que un estudiante universitario de menos de 25 años pueda realizar aportes en dinero tan relevantes (…), sumas que oscilan entre los $ 20 y $ 25 millones (…) Incluso, podría darse el caso de que efectivamente esas sumas de dinero provengan de las cuentas de Nicolás Ossandón, pero que provengan de un tercero, como por ejemplo el mismo senador y en realidad Nicolás Ossandón no sea más que un ‘testaferro’”. La petición fue acogida y ese mismo día se ordenó a su banco entregar sus movimientos financieros que dieron cuenta de traspasos de dinero desde las cuentas del parlamentario a la de su hijo y de este a Cavilú SpA.

De esas transferencias fue interrogado Nicolás. Tras explicar cómo ingresó a Cavilú, el joven descartó haber solicitado a su papá intervenir por su empresa y dice que no supo de los llamados o mensajes que envió el senador. Tampoco de su visita a un concejo municipal de Pirque, el 5 de octubre de 2017, en la que Ossandón -según la acta de esa reunión- explicitó no tener “negocios sobre el río”. Lo que sí, dice el administrador de Cavilú, es que él cree que la decisión de Pirque de poner término al convenio con Puente Alto de extracción conjunta de áridos pasa por la mala relación entre su padre y Balmaceda.

“La actitud del alcalde de Pirque lo tomo como rencillas de éste con mi papá. Honestamente, no veo cuál es el problema de negocio con Cavilú”, sostuvo. Agregó que una vez que el exdueño de esa firma, Manuel Cabrera, murió en agosto de 2017, él fue designado administrador, por lo que recibe $ 1.350.000. Entre sus funciones, dijo, está tramitar los permisos medioambientales para que la empresa pueda funcionar y que como la firma no tiene cuenta corriente, le pagan desde una sociedad del abogado de Cavilú, Sebastián Puebla.

Las coincidencias

Entre 2017 y 2019, dice Ossandón Lira, él aportó cerca de $ 40 millones a la empresa, los cuales fue “entregando a través del tiempo, según mis posibilidades”. Acto seguido, el fiscal Sepúlveda le preguntó de dónde obtenía tanta plata para aportar a Cavilú. “Provengo de una familia acomodada, con acceso a recursos, la que me apoyó, mi tío Ignacio Ossandón me prestó en esa época $ 20 millones, lo que me entregó en efectivo (…) Ello sin perjuicio de los dineros que fui generando por los distintos negocios que he realizado, como las pesebreras, por el que cobro $ 120 mil al mes por caballo, o la venta de pasto”, respondió el hijo del parlamentario.

Con la cuenta bancaria de Nicolás Ossandón en mano, el fiscal apuntó a depósitos del senador en la cuenta del joven. “¿Podría referirse a las transferencias que le hizo su padre Manuel José Ossandón en ese tiempo a sus cuentas del banco Bci y del Banco de Chile?”, le preguntó . “Las transferencias que me hacía mi papá no tienen nada que ver con Cavilú, están relacionadas con los pagos que mi papá hace de los gastos propios del deporte polo que practico con mi hermano, que efectivamente es un deporte caro. En todo caso, la plata que me daba mi papá no alcanza a cubrir los gastos de los caballos”.

Sepúlveda, entonces, abrió sus cartas:

-¿Cómo explica que, por ejemplo, el 5 de diciembre de 2017 Manuel José Ossandón le abonó $ 4.730.000 en su cuenta del banco Bci, luego usted el día 7 de diciembre hizo un abono desde esa cuenta a su cuenta corriente del Banco de Chile por $ 4.827.000 y que luego el 11 de diciembre usted transfirió $ 4.578.062 a la cuenta de HGP Consultores (del abogado Puebla y que ocupaba la firma Cavilú)?

-Me atengo a lo que ya dije, mi papá me abonaba por el polo y los caballos y yo iba gastando la plata según mis necesidades. Es una coincidencia.

La arremetida del CDE

Mientras el caso avanza, el Consejo de Defensa del Estado ya abordó la situación internamente, a partir de los informes que se han ido exponiendo en el comité penal. Fuentes del CDE aseguran que ya se acordó extraoficialmente esperar que la Fiscalía Oriente pida formalizar al senador Manuel José Ossandón para querellarse y hacerse parte, y que el documento ya estaría en redacción. Otro trámite judicial que está en la mira del organismo es la reclamación que hizo Cavilú ante la justicia para revertir la caducidad de la concesión que entrampa el que la empresa pueda iniciar faenas de extracción de áridos en el Maipo. La causa está pendiente en la Corte Suprema, tras ganar los recursos en apelaciones. Sin embargo, el máximo tribunal habría rechazado la reclamación de ilegalidad que hizo Cavilú, revocando la batalla ganada en el tribunal de alzada capitalino y complicando aún más la situación de la firma, del senador Ossandón y de su familia.

El abogado Juan Ignacio Piña, quien representa al alcalde Balmaceda en el caso, sostuvo que “no vamos a hacer declaraciones en este momento, las imputaciones que involucran al senador y su hijo ya están contenidas en la querella y los antecedentes allegados a la investigación del Ministerio Público son elocuentes. Lamentamos que la salud del senador Ossandón no le permita, por ahora, ir a declarar a la fiscalía”.