Un informe de nueve páginas más el anexo firmado por la perito contable Tatiana Mora de la PDI con fecha 25 de junio, reabrió la inquietud de La Moneda por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado que estalló en junio de 2023 cuando se conocieron los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por 426 millones de pesos.

Se trata del escándalo judicial que más ha complicado la gestión del Presidente Gabriel Boric, salpicó a 60 fundaciones en todas las regiones del país y puso en la mira a los partidos del Frente Amplio y al círculo cercano al Mandatario Gabriel Boric, como el jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi investigado por su vínculo con la Fundación Procultura.

El documento de la PDI que se conoció ahora, publicado por BioBio Chile, apunta a la misma organización y daba cuenta de que entre agosto de 2021 y enero de 2022, la ex primera dama y otrora pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, había abonado a la cuenta de la Fundación ProCultura -donde la profesional se desempeñó por nueve meses- casi cinco millones y medio de pesos. Los cuestionamientos no se hicieron esperar.

Los movimientos, como le evidenció el comisario Edson Figueroa de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana al fiscal que por esa fecha llevaba el caso, Carlos Palma, se consideraron como “inconsistentes”, ya que de tratarse de un sueldo o remuneración, “debiese estar registrado como cargo, mas no como abono”.

Tras conocerse los antecedentes y pasada la medianoche, Karamanos publicó en sus redes sociales un comunicado donde descartaba cualquier tipo de anomalía.

“Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales”, manifestó en su declaración que fue luego respaldada sin reparos por el Presidente Gabriel Boric y por el resto de los inquilinos de La Moneda.

el asunto, sin embargo, se enredó durante la jornada después de que la abogada de la citada ONG, Susana Borzutzky, emitió una declaración que contradecía la versión de la otrora primera dama, afirmando que ella sí hizo abonos por concepto de “devoluciones de fondos”.

“Podemos confirmar que Irina Karamanos realizó trabajos para la fundación, en el marco del proyecto llamado “Recreo nos gusta el arte”, que era una iniciativa de mediación cultural con colegios vulnerables de la V Región. Esto se desarrolló durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera, en 2021. Todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente. Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente realizó devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Esperamos que la investigación avance y demuestre que en este caso, así como en el resto de las situaciones en que se ha buscado involucrar a nuestra fundación, no ha existido delito alguno”, sostuvo mediante una declaración que hizo llegar a este medio a las 13.47 horas.

Sin embargo, minutos más tarde, a las 14.19 horas, cambió la versión y eliminó lo referente a “devoluciones” e indicó: “Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente ella dio un paso al costado para evitar cualquier cuestionamiento”.

“No hay tales abonos”

Consultada la Fundación respecto del cambio en la declaración, la abogada Susana Borzutzky explicó que en primera instancia se entregaron antecedentes contables que no habían sido “depurados”.

“Tal como lo hemos dicho y es de público conocimiento, la investigación del caso ProCultura se encuentra reservada y estamos ciegos ante la investigación del Ministerio Público. Esto, además de impedirnos realizar una adecuada defensa técnica, también nos sorprende con filtraciones de prensa de las cuales no tenemos conocimiento previo”, comentó.

Y agregó: “Esta mañana nos enteramos de las menciones a Irina Karamanos y tras un primer chequeo interno, verificamos que efectivamente realizó trabajos para la fundación. Sin embargo, en este primer chequeo con la fundación se indicó de manera imprecisa que ella había realizado una devolución de un fondo, lo cual fue descartado tras depurar la información contable”.

“No hay tales abonos”, recalcó.

Los detalles del informe

Pese a las aclaraciones de la Fundación y de Karamanos, el informe de la Policía de Investigaciones que publicó BioBio es claro en sostener que la profesional realizó abonos a la cuenta de la ONG, por lo que intervinientes en la causa, como representantes de la UDI, insisten en que en medio de la indagatoria se deben hacer todas las pesquisas necesarias para aclarar el asunto.

En concreto, como se advierte en el escrito, se contabilizan seis movimientos de la ex primera dama hacia ProCultura:

El primero efectuado el 2 de agosto de 2021 por $ 973.500, el segundo del 30 de septiembre de 2021 por $ 973.500, el tercero el 2 de noviembre de 2021 por el mismo monto, el cuarto el 26 de noviembre de 2021 por $ 1.000.000, el quinto el 29 de diciembre por $ 773.500, y el sexto el 3 de enero de 2022 por $ 773.500.

En suma, los abonos totalizan $ 5.467.500.

Eduardo Cerna entra al debate

Considerando que en medio de los antecedentes se informó que también la PDI habría recomendado al fiscal Palma citar a Irina Karamanos en calidad de imputada, el director de la policía civil, Eduardo Cerna, se refirió al caso, descartando que desde la institución hayan surgido ese tipo de comentarios.

“No puedo hacerme cargo de aseveraciones que, al menos de lo que tengo de conocimiento en la institución, no hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no de interpretaciones o de instrucciones”, comentó.

Junto con ello, agregó que la condición de imputado, “respecto a la entrevista de una persona en particular, lo califica el Ministerio Público. Nosotros no podemos calificar la legalidad, oportunidad y justicia de las instrucciones que emite el Ministerio Público ni los juzgados respectivos”.

Producto de las filtraciones, de todas maneras, desde la Fiscalía de Coquimbo comunicaron que se inició una investigación de oficio y reiteraron que se seguirá adelante con todas las pesquisas que sean necesarias.

Desde que el fiscal regional Patricio Cooper asumió a la cabeza, indicaron, ya se han realizado varias diligencias, entre las que enumeraron: 29 diligencias a la Brigada Investigativa Anticorrupción (entre estas, instrucciones particulares, órdenes de investigar y oficios de requerimiento de información), 15 solicitudes a distintos Tribunales de Garantía del país, 14 requerimientos de información a entidades privadas y la toma de múltiples declaraciones en presencia de los fiscales del caso.

Lo anterior, cabe hacer presente, pues desde el entorno del suspendido fiscal Carlos Palma, quien tuvo la indagación hasta un día después de que se recepcionara el polémico informe que ahora tiene bajo la lupa a Karamanos, han deslizado que desde que se reasignó la causa no ha habido avances.