Las juezas que reescribieron el poder del Tribunal Constitucional

Un alto funcionario del Tribunal Constitucional (TC) citaba este viernes al rector Carlos Peña ante el revuelo que causó el trascendido del fallo del cese del cargo de la senadora Isabel Allende Bussi (80) y que terminó con 31 años de carrera política de la hija menor de Salvador Allende: “No fue el TC el que la destituyó, fue la compraventa de la casa de su padre”.

Hace años que el TC no era foco de polémicas o de la molestia del mundo político, ya que sus nuevos integrantes entendieron que la forma de “sobrevivir” era sostener un bajo perfil y diferenciarse de los inquilinos que habitaron esos cargos en el pasado. No por nada el primer intento por cambiar la Constitución de 1980, a través de la Convención Constituyente, pretendió eliminar al TC acusándolo de “activismo judicial”, actuar como “tercera Cámara” y de ser un órgano integrado en base a cuoteo político que no reunía “a los mejores constitucionalistas” de la época, sino derechamente a operadores.

Sin embargo, desde el jueves 3 las aguas quietas se volvieron convulsas en Huérfanos 1234. Ese día, ocho de los 10 integrantes de ese cuerpo colegiado acordaron una sentencia inédita al acoger el requerimiento presentado por diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano.

Los opositores al gobierno de Gabriel Boric exigieron que el TC se pronunciara sobre el cese del cargo de Isabel Allende por haber vulnerado la Constitución al firmar un contrato con el que le vendía al Estado una de las casas de su padre, el Presidente Salvador Allende, para convertirse en un museo, como añoraba el actual Jefe de Estado.

La decisión, que permanece en estado de acuerdo y en redacción, no tardó en trascender y llegar a oídos del Ejecutivo. Ni los más optimistas de la oposición auguraron un escenario de una derrota total para La Moneda. La amplia mayoría de ministros que visó la destitución de la histórica militante PS se transformaba en una crisis para el oficialismo.

Las principales recriminaciones vinieron desde la tienda liderada por Paulina Vodanovic, que responsabilizó al propio Presidente y a las ministras del TC cercanas al Frente Amplio por este desenlace.

Mientras que en Palacio la bajada comunicacional, dada a conocer pasadas las 20 horas por la vocera (S), Aisén Etcheverry, fue una sola advertencia: lo ocurrido “generaría un precedente grave”.

Un constitucionalista que en el pasado laboró para el TC resume de esta forma el golpe de efecto del organismo: “Las cuatro mujeres que, se supone, provienen del mundo progresista reescribieron el poder del Tribunal Constitucional, ya que nadie podrá decir que votaron políticamente, sino por convicciones de derecho”.

De eso, Daniela Marzi, presidenta del TC y cercana al FA, ya había dado luces respecto de que ellas no votarían en la lógica binominal del TC del pasado.

“Ese ejercicio de tratar de ver que todo es predecible, porque uno sabe cuáles son las sensibilidades, o incluso se les supone compromisos a los ministros, no es tan claro en la realidad (...) Me parece que hay una cuestión muy ansiosa de querer suponer que se cumple esa predicción de que los ministros votan tal cual como los prejuicios indican”, apuntó como en una especie de predicción el 22 de marzo en El Mercurio.

Un cercano a Boric recuerda que a principios del 2022 tenía una especie de obsesión de ocupar las nominaciones que le corresponden al Ejecutivo, que en su caso eran dos, con mujeres.

El TC tiene composición mixta: tres son ministros nombrados por el Presidente (en este caso ya está Miguel Ángel Fernández, que estará hasta 2027 y que fue nominado por Sebastián Piñera), tres por la Corte Suprema y tres por el Congreso Nacional, y uno que negocia y designa el pleno del Poder Legislativo.

Por esa época, comentan fuentes de gobierno y del oficialismo, había varios nombres de expertos constitucionalistas, militantes del FA y reputados entre sus pares, como el profesor Domingo Lovera, pero no cumplían con el principal requisito que el Presidente quería plasmar: un “brío feminista” en un organismo donde sus integrantes duran nueve años.

Junto con esto, por esos días, había otro problema: la amenaza latente de que la Convención Constituyente -cuyo texto se votó en septiembre de ese año- eliminara al TC. Es decir, había que apostar por un trabajo que podría tener una corta vida, de no más de cinco meses.

Fue en medio de esos análisis que surgieron los nombres de dos abogadas que si bien no tenían expertise en derecho constitucional, sí son destacadas en sus áreas y cercanas a la coalición gobernante.

Por una parte estaba Daniela Marzi, académica de la Universidad de Valparaíso, experta en laboral y militante del entonces partido del Jefe de Estado, Convergencia Social.

Por el otro, una eminencia en derechos humanos e indígenas, la profesora de la Universidad de Chile Nancy Yáñez, quien fue guía de la tesis de grado de Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete de Boric.

Ambas, a poco arribar cambiaron todas las lógicas con las que funcionó el TC durante años, incluida la de que prime la antigüedad en elecciones internas.

A tres meses de ser nominada, Yáñez se quedó con la presidencia del TC, asestando un duro golpe a una histórica: Pía Silva Gallinato (cercana a la DC), quien por esa época pretendía liderar el organismo. Y quien sucedió a la académica de la Casa de Bello fue la propia Marzi, quien lo hace hasta hoy.

Quienes conocen de la inédita y -aplastante- decisión contra Isabel Allende sostienen que lo que quisieron hacer las ministras nominadas por Boric, y las otras dos del ala progresista (Silva y la abogada Alejandra Precht, cupo Cámara de Diputados), fue divorciarse completamente de la idea asentada en los últimos años de que el TC es “un tribunal político que falla según el cuoteo del pleno”.

En el pasado los mismos integrantes reconocían el carácter meramente político de la instancia. Ese fue el caso de la expresidenta del TC María Luisa Brahm quien afirmó en una entrevista con La Tercera -en 2020- que “la descripción de que somos una tercera Cámara, si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede. Sí somos una tercera Cámara”. Sus dichos -por esos días-, desataron un vendaval tanto externo como interno.

Tras largos años de desprestigio en el mundo judicial y constitucional, el pleno actual está convencido de que tiene que cuidar la legitimidad del TC como el órgano encargado de resguardar la supremacía de la Carta Fundamental. Por lo mismo, tanto Marzi como Yáñez hicieron lo que hicieron: sellando a fuego “el principio de ingratitud“ con el Presidente que las nombró.

Pero hay algo que resiente el Ejecutivo y que, pese a los “festejos” en la sede de la UDI y en el Partido Republicano, aún no aquilata el mundo político. Y es que la interpretación del artículo 60, con el cual se destituyó a Allende, cambió el rumbo de cómo hasta hoy el TC aplicaba las prohibiciones que la Constitución tiene para con los parlamentarios.

En el pasado, otros plenos del TC se negaron siquiera a declarar admisibles requerimientos de cese de funciones que se hicieron contra otros parlamentarios, argumentando que no se puede usar esa vía para destituir a quienes han sido electos en votación popular.

“El problema es que la caja de Pandora quedó abierta y Allende puede que haya sido la primera, pero no va a ser la única”, advierte el mismo funcionario que citó a Carlos Peña.

Y es que el artículo 60, recuerda, también sanciona con la remoción a los parlamentarios que “provean empleos públicos”, lo que en Chile se conoce como “lobby” para -por ejemplo- promocionar puestos en el Estado como “los seremis”.

La misma norma expulsa del Congreso a diputados o senadores que influyan ante autoridades administrativas “en favor de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales” o que “de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público”.

Un exministro del TC recuerda: “Siempre utilizamos la interpretación más restrictiva de la norma, pero ahora el juego cambió y hay una interpretación laxa. Piense en lo que hizo hace unas semanas el senador Daniel Núñez (PC) apoyando y azuzando manifestaciones de pescadores afuera del Congreso Nacional. ¿No cree que cae en una de las tantas hipótesis del artículo 60? Da para pensar si a eso se refería el gobierno cuando habla de un “grave precedente””.

Con todo, algunos sostienen que con esto el TC ha demostrado más vitalidad que nunca. Ha resistido todos los embates, dos intentos por eliminarlo y luego del acuerdo tomado en el requerimiento de Allende quedó legitimado como un “tribunal de derecho” como nunca antes lo había estado.