“Amor! Siempre estaremos juntos! Te amo hasta el infinito y más allá! Feliz cumpleaños! Y aquí estaré luchando por ti! Y pronto estaremos juntitos una vez más y no nos separaremos jamás”.
Ese fue mensaje que colgó en su cuenta de X la madre de Franco Vargas, Romy Vargas, el día en que el joven cumpliría 20 años, el miércoles 26 de febrero. La mujer escribió esas palabras mirando los cerros en Putre, Región de Arica y Parinacota, ya que días antes había decidido que quería pasar esa fecha “más cerca de su hijo”.
Y es que hace 10 meses -el 27 de abril de 2024- el joven falleció mientras realizaba el Servicio Militar en esa localidad, específicamente en la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco. En medio de una marcha de instrucción realizada desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hasta el Cuartel General Gorostiaga, Franco se desplomó y horas más tarde se constató su deceso.
La situación encendió las alarmas de inmediato. Él enfrentó la situación más compleja, pero otros 44 de sus compañeros también presentaron afecciones de un cuadro viral. Con el correr de los días, además, se fueron develando una serie de irregularidades asociadas a la misma instrucción. Familiares de los conscriptos denunciaron malos tratos, que fueron golpeados y expuestos a situaciones indignas.
¿El resultado? 114 de los conscriptos que formaban parte de ese grupo regresaron a sus casas, un puñado pasó semanas hospitalizado y casi la totalidad dio por terminado su paso por las filas del Ejército. En paralelo, se inició una investigación penal por lo ocurrido, se abrieron sumarios internos en la institución castrense y se presentaron querellas.
“Prueba de fuego”
La fatídica marcha de Putre llevó al gobierno a anunciar cambios al Servicio Militar y, por estos días, en la antesala de un nuevo proceso, desde el Ministerio de Defensa comentan que el Ejército enfrenta una prueba de fuego, especialmente el comandante en jefe, Javier Iturriaga, quien tiene la misión de que las nuevas instrucciones lleguen y se apliquen en todas las unidades.
Las modificaciones, como detallan desde el Ejecutivo, son fruto de una mesa de trabajo en la que la institución castrense se sentó a “regañadientes”. Porque aun cuando en Palacio valoran la disposición que tuvieron los generales que concurrieron a la instancia, también comentan que en el Ejército no querían introducir cambios que fuesen significativos “a la doctrina”.
Fuentes oficialistas aseguran que, desde el inicio de la administración de Gabriel Boric, los militares estaban sólo por “endurecer” sanciones a quienes se negaran a completar el servicio en caso de ser convocados, pero que debieron ceder.
Así, se fijaron más de 40 modificaciones, de las cuales 16 tienen que aplicarse a partir de este 2025. Entre ellas, desde Defensa destacan siete: Incorporación de nuevos exámenes médicos al proceso de selección; aplicación de examen de hipobaria para soldados que se desempeñarán en zonas de gran altitud; mayor participación de las familias, se les entregarán los resultados de los exámenes médicos aplicados a sus hijos; convenio de vacunación con el Ministerio de Salud; fortalecimiento de la capacitación de instructores militares; refuerzo en el proceso formativo de los soldados en sus primeras semanas de entrenamiento, en particular, respecto a sus derechos y deberes, así como del trato que deben aceptar al interior de la institución; y fortalecimiento de la oficina de asistencia al soldado.
En razón de lo mismo, durante la jornada del viernes el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, se constituyó en la Unidad Base de Selección del Regimiento Logístico Nº 1 del Ejército, donde compartió con jóvenes convocados, puesto que durante la semana pasada se están aplicando los exámenes de primer nivel. Luego, cuando se realice el llamado final y el proceso de acuartelamiento, se aplican los controles más específicos.
Salud y reparación
Al margen de las medidas más administrativas y considerando la afectación que enfrentaron los jóvenes, desde el Ejecutivo han debido seguir monitoreando la evolución de 50 de los afectados. Según dicen, en la medida que ellos lo han requerido, se les ha dado tratamiento en los centros asistenciales respectivos de sus comunas, tratándose principalmente de atenciones psicológicas. Adicionalmente, se sigue la recuperación de dos jóvenes que presentaron consecuencias físicas a largo plazo, que reciben atención periódica en el Hospital Militar.
Por estos días, igualmente, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se realiza un análisis jurídico respecto de las reparaciones que se establecerán para los soldados, pues aún cuando han pasado 10 meses de los hechos, no se han fijado medidas en esta línea.
De hecho, producto del tiempo transcurrido, el pasado 31 de enero el abogado Fernando Leal, quien representa a familias de conscriptos afectados, llegó hasta la oficina de Eidelstein y le transmitió que se están estudiando las acciones legales pertinentes para conseguir compensaciones y reparaciones de parte del Estado.
Con todo, Romy Vargas -quien está a la espera de que el fiscal Mario Carrera formalice investigación contra eventuales responsables de la muerte de su hijo- insiste en que debe ser Ejército el que tome mayores acciones y cambien los tratos que han dado por años a los conscriptos.
“Fue el Ejército el que dañó todo y permitió todo el horror de esta marcha. Por eso ellos, junto con el gobierno, tienen que garantizar que esto no ocurra nunca más y se fije un plan en caso de que vuelva ocurrir. Cuando pasó lo de mi hijo había cero control, no se respetaban los protocolos y hacían lo que querían, es tiempo de que establezca un basta contundente”, resalta con fuerza Vargas.
