La posible influencia de Luis Hermosilla en los nombramientos en el Poder Judicial ha desatado la polémica y la discusión en torno a la designación de altos magistrados.

Todo esto, a partir de un reportaje hecho por Ciper, en el cual se revelaba que Hermosilla mantenía conversaciones con personajes de la política y de los tribunales de justicia para nominar a ministros en la Corte Suprema y en cortes de Apelaciones.

Producto de esto, el máximo tribunal se reunió en un Pleno, este lunes en la tarde, para discutir justamente el tema. Luego, emitieron un comunicado en el cual se mostraron abiertos a un cambio, sosteniendo que “esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura”.

También resaltaron que dicho sistema de asignación está contemplado en la Constitución, “con la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema, correspondiendo al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta, y al Senado, su ratificación. En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento”.

Por otro lado, el Pleno del máximo tribunal reconoce que el actual sistema “podría permitir algunos espacios de opacidad”.

En ese sentido, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, dijo que “hay que revisar los nombramientos como se realizan”. Pero la discusión sobre un cambio en el sistema de nombramiento de jueces no es algo nuevo y, si bien no siempre concluyen en cambios, es un tema ya visto.

La inclusión de los tres poderes del Estado en la designación de los jueces no fue efectiva hasta 1997, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Bajo un cambio en la Constitución, se estableció la participación del Senado en la asignación de los magistrados con la idea de fortalecer la legitimidad del propio sistema de designación.

Anteriormente a ese cambio, el Ejecutivo era el único encargado de los nombramientos. Así siguió con la vuelta hasta la democracia cuando el Presidente heredó esa facultad eligiendo a partir de la quina que proponía el pleno del máximo tribunal.

“Desde el retorno a la democracia el país ha estado discutiendo sobre el sistema de nombramiento de jueces algunas se han llevado a cabo, como ha finales de los 90 (...) El Poder Judicial ha dictado reglas para la regulación del lobby, audiencias y, además, hay algunas iniciativas que están en el Congreso”, comentó Cordero.

Bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, otra vez se propusieron cambios en el nombramiento de jueces. “Propondremos a este Congreso una serie de Proyectos de Ley para terminar con el lobby judicial, mejorar los requisitos, y el sistema de nombramiento de jueces y fiscales”, dijo el expresidente durante su cuenta pública del 2019.

El máximo tribunal, que era presidido por Haroldo Brito en ese entonces, respondió a la propuesta diciendo que “el tribunal ha adoptado el predicamento de avanzar en la materia, de manera de acercarnos lo más posible a la objetividad, a la priorización del mérito y a dejar de lado los espacios de arbitrariedad”.

Así, el 2021 la Corte Suprema despachó un informe solicitado en el marco del proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, correspondiente a las últimas modificaciones en la materia.

Los dos procesos constitucionales que han fracasado, tanto el proyecto propuesto por la Convención Constituyente del 2021 y el texto emitido por el Consejo Constitucional en 2023 incluían cambios en el nombramiento de jueces. Ambos hubieran significado cambios significativos, sin embargo, ninguno llegó a puerto.

Reabierta la discusión, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió justamente a estas propuestas como insumo para un eventual cambio: “Se han hecho dos propuestas en los procesos constitucionales que se llevaron adelante, esas propuestas están para que la ciudadanía y, además, los distintos órganos las tomemos en consideración”.

Asimismo, el ministro de Justicia repasa que “los dos procesos constitucionales han tenido normas en esta materia”, y agrega que “no hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general. Lo que hemos visto no solo se resuelve con modificación al sistema de nombramiento, sino que genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad, lo que no tiene que ver solo con el Poder Judicial, ya que también tiene que ver con la profesión legal“.