Las platas perdidas de ProCultura

La mañana del pasado miércoles 9 de octubre, cuando efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegaron a la casa de calle Bremen, en Ñuñoa, en la que vive el psiquiatra Alberto Larraín, lo hicieron con un objetivo claro en mente.

Quienes conocieron de la diligencia -que incluyó allanamientos simultáneos en Santiago y Concepción a las residencias de 14 ejecutivos de ProCultura- aseguran que, pese a que la policía ya había logrado incautar el 11 de julio de 2023, en las oficinas de la Fundación ProCultura en calle Carmencita, comuna de Las Condes, la contabilidad y valiosos documentos sobre el funcionamiento de la entidad dirigida por Larraín, faltaban todavía algunas piezas para completar el puzle.

Por ello, cuando los policías traspasaron el portón verde e ingresaron a la vivienda de un piso y amplio jardín donde vive Larraín, portando una orden judicial de allanamiento e incautación, fueron de inmediato por los computadores, celulares, correos electrónicos y bases de datos.

En la documentación anexa que se encontró en servidores y almacenada en nubes informáticas se halló información adicional de pagos y transferencias que no estaba contenida en la contabilidad formal de la fundación creada en 2009 por el siquiatra y la fotógrafa y gestora cultural Ilonka Csillag. Se trataría de nuevos antecedentes que podrían explicar el destino de las platas perdidas de ProCultura.

La fundación ha estado en el foco de la atención desde que se autodenunció a mediados de junio de 2023, cuando recién estallaba en Antofagasta el caso Convenios que involucraba a la Fundación Democracia Viva. En medio de la agitación propia de las primeras indagaciones, los representantes de ProCultura reconocieron al fiscal de Antofagasta que ellos también habían suscrito convenios con el Minvu para el Programa de Asentamientos Precarios. El Minvu puso término a los convenios que tenía con ProCultura en Antofagasta, Valparaíso y Biobío, y solicitó judicialmente la restitución de cerca de $609 millones que no fueron rendidos por la fundación de Larraín.

Pero eso marcaría solo el inicio en la caída de ProCultura. A la investigación por Asentamientos Precarios, la Fiscalía sumó la denuncia por el alto costo de un convenio -$629 millones- suscrito con la Gobernación de Antofagasta para la pintura de tres fachadas de edificios del casco histórico, que en total sumaban 4.200 metros cuadrados; un contrato con la Gobernación de Ñuble para la realización de un evento binacional con Argentina por 268 millones de pesos y en los que solo actuaron como intermediarios para la contratación de las empresas que terminaron ejecutando los servicios; un convenio de prevención del suicidio con el Gobierno Regional Metropolitano por $1.700 millones de pesos. Y así suma y sigue. ProCultura también es indagado por un convenio suscrito con el gobierno regional de Magallanes por más de $23 millones para la restauración de un mural y que su ejecución fue rendida por la empresa de un funcionario de ProCultura.

La investigación que sigue la Fiscalía contra la plana ejecutiva de ProCultura abarca los presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. Por lo que ha puesto en aprietos los gobernadores Claudio Orrego (RM), Rodrigo Díaz (Biobío), Óscar Crisóstomo (Ñuble) y Jorge Flies (Magallanes). Este último volvió a la palestra esta semana, luego de que se difundieran mensajes por chat de 2022 en los que Alberto Larraín le dice que habló con el Presidente Boric y le pide apurar proyectos en la zona. Una mención que reflotó los nexos políticos de Larraín, quien militó en la DC hasta 2018, donde fue cercano a Orrego y a Carolina Goic, para luego vincularse al FA y al propio Boric, a quien asesoró en 2019 y 2021 en temas legislativos sobre salud mental.

Para La Moneda el caso ProCultura ha sido un permanente dolor de cabeza, del que no han podido desprenderse, y es que la cuestionada fundación tuvo un crecimiento explosivo en los contratos suscritos con la llegada del nuevo gobierno. Si en 2021 sumó convenios con instituciones gubernamentales por $316 millones de pesos, en 2022 estos ascendieron a $3.282 millones.

La exposición de figuras políticas en el caso y los últimos allanamientos decretados por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, quien acumuló las diversas aristas del caso ProCultura, fueron clave para empujar a la empresa minera Anglo American a presentar el lunes 15 de octubre una querella por estafa en contra de quienes resulten responsables por la no rendición de cerca de $290 millones, de un total de 405 millones de pesos, entregados a ProCultura bajo la ley de donaciones.

Se trata de cinco convenios suscritos entre 2021 y 2023 destinados a beneficiar el desarrollo socioeconómico de las comunidades de las zonas donde la compañía tiene proyectos mineros y en los cuales ProCultura, según señala la querella de la gigante trasnacional, ”ha omitido cualquier información verosímil sobre el estado de ejecución de estas iniciativas, como tampoco se ha indicado el destino que tuvieron los fondos entregados para la ejecución de estos proyectos”. Según el libelo de Anglo American, desde el 2 de mayo intentaron en múltiples ocasiones comunicarse con ProCultura para obtener información, pero “nunca existió disposición de la querellada para aclarar el estado de ejecución de los proyectos o explicar el destino de los fondos que le fueron entregados”.

La decisión de la gigante transnacional minera de querellarse, afirman abogados que conocen de las aristas del caso, más allá de buscar responsabilidades y recuperar el dinero, se cimenta en la sospecha de que ProCultura a partir del 2021 comenzó a utilizar el dinero de los proyectos para pagar sueldos de su cada vez más extensa planilla de trabajadores y financiar así otros programas que levantaban en otras regiones. En el fondo, señalan las fuentes, la trasnacional coloca un dique y separa aguas de ProCultura para no verse eventualmente afectada en su compliance de las estrictas normas anticorrupción por tener a un proveedor que está siendo investigado. De paso buscan dejar de manifiesto que las donaciones que realizó la empresa no guardan relación con eventuales decisiones adoptadas por autoridades políticas que hayan beneficiado a proyectos de la compañía minera.

Las dudas apuntan directamente al uso de platas políticas, algo que busca esclarecer la Fiscalía y ahora también una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que se constituyó después de que se filtrara un informe pericial de la PDI a las cuentas de ProCultura en el que figuran cinco abonos por un total de $4.647.500 realizados por la expareja del Presidente Gabriel Boric, la socióloga Irina Karamanos, entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022.

Pese a que Karamanos negó esos depósitos, lo que llamó la atención fue el hecho de que en las cuentas de ProCultura aparecieran como abonos y no gastos por sueldos, ya que ella trabajó para un programa que ProCultura suscribió con el Ministerio de Cultura entre mayo de 2021 a febrero de 2022, por un monto de $973.500 mensuales.

Las dudas sobre el verdadero uso que daba ProCultura a las millonarias sumas de dinero que hacía de los fondos que recibía de manos de instituciones públicas y privadas, y que “bicicleteaba a otros fines”, eran un secreto a voces hace varios meses.

En julio de 2023 al menos hubo una primera alerta que se pasó por alto.

“Empezamos a darnos cuenta de que había problemas con ProCultura en julio de 2023. Tuvimos varias reuniones con Alberto Larraín donde él nos pide a las seis fundaciones que estábamos ejecutando el proyecto Quédate que nos hiciéramos cargo del pago de la extensión de las pólizas de seguro”, relata Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Katy Summer, sobre las situaciones anómalas que vivieron ellos y otras cinco fundaciones que durante 11 meses ejecutaron el Programa Quédate del Gore Metropolitano destinado a la prevención del suicidio.

Se trataba de un proyecto piloto de más de 1.600 millones de pesos que el Gore adjudicó a ProCultura por trato directo, modalidad recurrente en los convenios que suscribió la fundación que dirigía Larraín con diversas entidades gubernamentales. De esa cifra, ProCultura solo rindió $600 millones. Aún no se sabe qué pasó con los otros 1.000 millones, por lo que el Gore Metropolitano suspendió el convenio, se querelló y demandó a ProCultura, a la vez que lleva adelante un litigio para cobrar las pólizas de seguro del primer requerimiento, las mismas que Larraín pretendió que pagaran las fundaciones que ejecutaban el proyecto, pese a que a que ellos como organismo administrador y gestor eran los responsables de garantizar el millonario traspaso de dineros que habían recibido del Gore.

“Ninguna de las fundaciones aceptó lo que estaba exigiendo Alberto. Todos teníamos muy claro que el pago del costo financiero de las pólizas era responsabilidad absoluta de ProCultura, si a ellos el Gore en noviembre de 2022 ya les había traspasado de una el monto total por los 24 meses que duraría el proyecto, incluyendo los costos administrativos”, señalan representantes de las organizaciones sociales sin fines de lucro que participaron en el Programa Quédate.

La justificación para que ProCultura se hubiera hecho cargo de coordinar y administrar este plan estrella del gobernador Claudio Orrego era precisamente la “capacidad de gestión” de ProCultura y el que eran la única entidad con las “espaldas” financieras para garantizar los más de 1.680 millones de pesos del programa.

Dinero que no estaba en la cuenta de ProCultura en el Banco Santander y que fue destinado a otros fines, los que ahora la Fiscalía busca determinar.

Quienes conocen la génesis de este millonario e innovador programa de salud mental destinado a la prevención del suicido del Gore Metropolitano dan cuenta del rol que tuvo Alberto Larraín en el mismo.

Fue él quien el 27 de mayo de 2022 convocó a las fundaciones Katy Summer, Para la Confianza, Círculo Polar, Todo Mejora y Míranos a una reunión y les dice que en vez de competir entre ellas, se articularan y presentaran un proyecto para toda la Región Metropolitana y que abarcara los distintos ámbitos de acción que realizaba cada una de las instituciones.

La idea ya había sido esbozada con anterioridad por Orrego, quien les había dicho que podían empaquetar todo el proyecto en uno.

Orrego y Alberto Larraín se conocían desde el 2011, cuando ambos militaban en la DC y pertenecían al mismo lote interno. Una de las pocas veces que Larraín ha ejercido la siquiatría atendiendo pacientes fue en el Cosam de Peñalolén, mientras Orrego se desempeñaba como alcalde de esa comuna. Más tarde, Larraín trabajó en la fallida campaña presidencial de Orrego y al momento en que discutían poner en marcha el Programa Quédate, el gobernador metropolitano había propuesto al Core el nombre de Larraín para que ocupara uno de los tres cargos de director de la Corporación Regional de Desarrollo.

Por lo mismo, a las demás fundaciones no solo les dio tranquilidad la presencia de Larraín y ProCultura en el proyecto, sino que, además, la idea de participar todos juntos les gustó. No solo aseguraban financiamiento y la continuidad de un proyecto por 24 meses, algo inusual para las fundaciones pequeñas. También les permitía enfocarse en sus áreas de experticia, convirtiéndose en prestadores de servicios para ProCultura, la que asumía la administración del proyecto y toda la coordinación con los municipios.

Trimestralmente las fundaciones enviaban a ProCultura un informe de ejecución de la parte del programa que les correspondía. Y luego que este era aprobado, enviaban la factura por el costo de los servicios e intervenciones realizadas.

El programa marchaba a buen ritmo. Se capacitó a 4.737 personas en prevención de suicidio, se realizaron 6.657 atenciones vía chat, 3.373 atenciones efectivas, se constituyeron dos centros centinelas -uno en el Félix Bulnes y otro en el Hospital del Salvador-, los que contaban con 8 profesionales que atendían por turnos las 24 horas del día, llegando a atender a 2.141 personas con crisis suicidas. Además, se llevaron a cabo 79 talleres de prevención del suicidio y se constituyeron 18 círculos de redes de apoyo de pares para personas con trastornos siquiátricos, entre los intervenciones que dan cuenta de la enorme importancia que tenía este proyecto.

Cuando el caso Convenios o Líos de Platas ya había estallado, en septiembre de 2023, sin embargo, ProCultura no pagó la factura que le envió la Fundación para la Confianza. Y en noviembre, simplemente dejó de pagar a todas las fundaciones.

“Fue una situación sumamente dura, injusta e inaceptable”, señala José Andrés Murillo, director de la Fundación para La Confianza.

Por más que presionaron a Alberto Larraín, ProCultura no pagó.

El 13 de noviembre, la presidenta de la Fundación Círculo Polar, Flavia Gal Álvarez, envió un correo electrónico al Gore advirtiendo que ProCultura les adeudaba cerca de 54 millones de pesos.

Al día siguiente, el Gore envió un oficio a ProCultura “exigiendo la entrega de las cartolas de la cuenta corriente N° 0-000-6388361-1 del Banco Santander a nombre de ProCultura y a la cual el gobierno regional un año antes le había transferido en una sola cuota los $1.683.788.000 correspondientes al costo total del programa.

“En el convenio suscrito con ProCultura se dejó en claro que el Gore podía exigir las cartolas, ya que el dinero transferido para ese programa tenía que quedar depositado en una cuenta corriente independiente y exclusiva para ese programa”, explican fuentes del Gore.

“Hasta ese momento ProCultura había rendido cerca de 600 millones de pesos, por eso queríamos ver las cartolas, porque si había en ellas más de mil millones de pesos podíamos quedarnos tranquilos, se trataría solo de un atraso en los pagos, pero podríamos haber verificado que estaba el dinero”, añaden las mismas fuentes.

Pero ProCultura no respondió al Gore. Tampoco mostró las cartolas, las que aún se desconocen.

El jueves 16 de noviembre el Gore citó a Alberto Larraín y a la entonces abogada de ProCultura. Allí le dicen que no están en condiciones de responder al oficio que les habían enviado. Más aun, Larraín da cuenta de que a raíz del escándalo del caso Convenio se les había generado un problema financiero que era de público conocimiento.

Desde ese mismo día, tras hablar con Orrego, los funcionarios del Gore pusieron término al convenio y fueron a la aseguradora a exigir el cobro de las pólizas, algo que aún no se ha logrado ejecutar, pese a una sentencia favorable para el Gore en la CMF.

“Alberto Larraín nos citó a todas las fundaciones a una reunión por Zoom el jueves 17 de noviembre y nos dice que estaba en una situación muy delicada y que no estaban en condiciones de pagar nuestras facturas. Alberto se confió en que iba a poder renovar contratos con otras entidades gubernamentales y con eso iba a poder pagarnos a nosotros. Eso quiere decir que sí bicicleteó el dinero y que había utilizado los 1.7000 millones del convenio con el Gore para otras cosas, confiándose que iba generar recursos más adelante”, señala Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Katy Summer, institución a la que ProCultura les quedó debiendo 7,8 millones de pesos.

A otras les fue peor. Murillo reconoce que la Fundación para la Confianza estuvo a punto de quebrar. ProCultura les quedó debiendo más de 100 millones de pesos, los que debió cubrir Murilllo con recursos personales. Habían contratado a 30 profesionales a cargo de línea de atención por chat a la que podían recurrir personas que estaban con ideas suicidas, las que fueron desvinculadas. Solo pudieron mantener a ocho con recursos propios.

Fundación para la Confianza ya redactó una demanda contra ProCultura para recuperar los fondos. Lo mismo hizo Círculo Polar, fundación dedicada al trabajo con personas con trastorno bipolar. Ellos ya presentaron una querella por $58 millones adeudados.

La arista del convenio con el Gobierno Regional Metropolitano es clara evidencia sobre el modus operandi de ProCultura y cómo traspasaba los dineros que recibía del Estado para proyectos específicos a otros fines que aún se desconocen.