Pese a que la Ley de Seguridad Municipal fue aprobada en general este lunes en la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado en su segundo trámite legislativo, el debate sigue abierto y varios puntos clave quedaron pendientes para su discusión en particular.

La sesión, que se extendió por más de dos horas y media, dejó en evidencia las diferencias entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los alcaldes respecto del financiamiento, las atribuciones de los guardias municipales y la autonomía de los municipios en materia de seguridad.

Este martes se llevará a cabo una mesa técnica donde se analizarán los puntos que causan más diferencia. Mientras tanto, el miércoles la comisión unida retomará la votación con la expectativa de alcanzar un total despacho de la ley que se tramita desde mayo de 2023.

El proyecto busca fortalecer las funciones de seguridad de los municipios mediante el endurecimiento de penas para quienes agredan a los guardias municipales, la eliminación del tope en su dotación y la distribución de financiamiento a los municipios.

La sesión

Durante la sesión el debate se trabó en un punto clave: el grado de autonomía que tendrán los municipios en materia de seguridad y la necesidad de que sus proyectos pasen por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Mientras algunos parlamentarios insistieron en que la iniciativa no debe convertir a los municipios en una policía local, otros advirtieron que la excesiva centralización de recursos y decisiones podría terminar limitando su acción.

Uno de los principales puntos de fricción fue la exigencia de que los municipios necesiten certificados de pertinencia para presentar proyectos de seguridad, lo que algunos consideraron una traba burocrática.

Esto llevó a un cruce de opiniones sobre si se estaban imponiendo límites artificiales a la autonomía municipal, una de ellas, por ejemplo de la senadora Paulina Vodanovic (PS).

En medio de la discusión, el senador Manuel José Ossandón (RN) criticó que el acceso a financiamiento para proyectos municipales aún depende de Prevención del Delito y no de los Gobiernos Regionales, lo que -dijo- en la práctica impediría a muchas comunas acceder a los recursos.

“Los municipios que tienen plata pueden resolverlo por su cuenta, pero los que no tienen nada, quedan atados de manos”, señaló. En la misma línea, advirtió que sin acceso al financiamiento suficiente la norma se convertiría en “ley de las manos peladas”.

Ante estas diferencias la discusión quedó enredada y se decidió postergar el debate para la mesa técnica del martes, donde se espera destrabar los puntos críticos antes de la próxima votación del miércoles.

Reacciones

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró la aprobación en general del proyecto, destacando que permitirá seguir avanzando en temas esenciales, pero descartando que las nuevas indicaciones abran la puerta al uso de armas no letales para los guardias municipales. “Ese tema está excluido desde el primer momento en el proyecto, es decir, no se ha innovado respecto del texto que ya fue aprobado”.

Sin embargo, la discusión sobre incluir pistolas Taser entre las herramientas disponibles para la seguridad municipal, es un debate que deberá darse el próximo miércoles, ya que el senador Ossandón confirmó el ingreso de esta indicación.

Respecto a las indicaciones del Ejecutivo, Leitao explicó que se han trabajado en conjunto con la comisión técnica y que muchas de ellas recogen propuestas del Senado. “No hay indicaciones individuales, todas buscan mejorar los elementos de protección de los guardias municipales. No se ha innovado en ese sentido, pero sí se mantendrá la discusión inmediata, ya que la urgencia ha sido solicitada debido a situaciones gravísimas que afectan la seguridad”, sostuvo.

Uno de los puntos de mayor controversia sigue siendo el financiamiento del proyecto. El presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores (DC), advirtió que la distribución de recursos no es equitativa. “Los municipios quieren que se regularice lo que hoy están haciendo, pero el financiamiento será lo último en resolverse. No podemos legislar para unos municipios y para otros casi nada”, enfatizó.

Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Ossandón, puso en duda la forma en que se ha estructurado la iniciativa y el acceso de los municipios a los recursos. “Esta ley tiene un problema de origen. Nos tomó casi una hora discutir que los municipios no pueden postular directamente a fondos de los Gobiernos Regionales, sino que deben pasar por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso no puede ser. Hay municipios que tienen los recursos, pero no pueden disponer de ellos sin pasar por este filtro”, cuestionó.

Una postura parecida tuvo el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, Gustavo Alessandri (Ind.-RN), quien indicó que “fuimos testigos de dos horas y media de debate y lamentablemente no hubo mucho avance. Nos preocupa que esta se convierta en la ley de ‘las manos peladas’, donde no se entreguen garantías ni protección real a los guardias municipales. Tememos que la ideología del gobierno pese más que la necesidad de defender a los vecinos en la calle”, señaló.

Mientras tanto, el alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind.), explicó que lo relevante es avanzar en definir la figura del guardia municipal y luego la discusión de las atribuciones. “La urgencia es proteger a nuestros funcionarios. Temas como el uso de armas de baja letalidad debe quedar pendiente para futuras discusiones, no puede ser la piedra de tope. No podemos seguir dilatando la aprobación de esta ley”, cerró.